Las comunidades autónomas están detectando un problema con los
Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de la sanidad española. Según ha podido saber
Redacción Médica, algunas regiones han trasladado tanto al Ministerio de Sanidad como al resto de autonomías que cuando un CSUR de su territorio administra una
medicación especializada, “de última generación”, los pacientes vuelven a sus comunidades autónomas y
“tienen problemas para que se tramiten esos fármacos”.
Y es que las autonomías que tratan a estos pacientes en dichas unidades superespecializadas consideran que “si se envía un paciente a un CSUR,
se deben seguir sus indicaciones”. Por lo que sería oportuno “agilizar esa tramitación”.
Una circunstancia que, según ha sabido este periódico,
el Ministerio de Sanidad ha reconocido como “problema”: “Hay que abordarlo tanto desde la
Comisión de Prestaciones como desde la
Comisión Permanente de Farmacia”, señalaron fuentes ministeriales ante las comunidades, a las que también se pidió que hablaran entre ellas para limar esta situación.
Asimismo, desde el área de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia se añadió que se trabajará para buscar una solución precisa “que probablemente pase por
subir el coste en relación con algunas patologías que son atendidas en los CSUR”.
Pacientes CSUR 'abandonados' por las ambulancias
A la atención prestada en estas unidades repartidas por toda España se añade
otro problema puesto sobre la mesa por las comunidades autónomas: el
transporte. “Cuando los pacientes vienen de otras comunidades autónomas con su transporte sanitario, aunque se intenta realizar todas las consultas, pruebas, etcétera, en ese mismo día,
cuando no resulta posible a veces la ambulancia se marcha dejando abandonado al paciente”, denunció alguna comunidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Una queja a la que el Ministerio de Sanidad, según ha sabido este periódico, respondió explicando que
“están buscando una solución conjunta con el Ministerio de Trabajo”, al considerarse un problema fundamentalmente “laboral”. “Dicho ministerio está trabajando con la patronal y las organizaciones sindicales en busca de una solución,
que podría venir por la vía de permitir una jornada semanal especial de manera transitoria, que permitiera cubrir adecuadamente los servicios”.
“Según los datos que tiene Formación Profesional de las personas que salen cada año con esa titulación, no sería necesario tanto tiempo como el que se planteaba inicialmente”, matizaron fuentes ministeriales. Así, “si se cierra el acuerdo,
se llevaría a un Real Decreto-ley, que podría estar aprobado en semanas”, matizaron estas fuentes.
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