El
Ministerio de Sanidad va a destinar
1.050.000 euros, con cargo a la aplicación de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, a favorecer la investigación en materia de
adicciones en el contexto de la respuesta a la
pandemia de Covid-19. Así, mediante una orden que recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el organismo liderado por
Carolina Darias establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos financiados con fondos europeos y aprueba su convocatoria.
El importe total de las
subvenciones para investigar el impacto de la pandemia covid en las adicciones es de 1.050.000 euros. Esta partida se inserta en el marco del '
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' para la gestión de parte de los fondos europeos Next Generation EU. Además de la cuantía prevista en este apartado, la financiación podrá aumentar con la ampliación de una cuantía adicional dicho plan, establece el documento, que delimita quiénes podrán optar a estas ayudas económicas:
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Universidades públicas y privadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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Los centros de I+D tanto públicos como privados sin ánimo de lucro:
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Organismos públicos de investigación.
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Otros centros públicos de I+D vinculados o dependientes de las administraciones públicas (distintos de los OPIs).
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Institutos de investigación sanitaria acreditados.
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Entidades e instituciones sanitarias públicas (hospitales, centros de atención sanitaria, unidades de la administración sanitaria y otros centros asistenciales).
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Entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al Sistema Nacional de Salud, acreditadas como tales
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Otras entidades privadas dedicadas exclusivamente a la generación de conocimiento científico o tecnológico, con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D, que tengan personalidad jurídica propia y que carezcan de ánimo de lucro.
Proyectos de investigación que optan a las subvenciones de Sanidad
Las subenciones reguladas por Sanidad deben atender al objetivo de "aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante crisis de los sistemas de salud como ha sido la ocasionada por la
pandemia por Covid-19 en los ámbitos de la prevención y
atención a las adicciones", establece el ministerio. Por ello, los proyectos tienen que enfocarse al "análisis e investigación" sobre el impacto causado por la crisis sanitaria y las medidas implementadas como consecuencia de la misma,"tanto en el consumo de sustancias como en las personas que sufren problemas de adicción".
Asimismo, el importe máximo del total de los gastos solicitados para cada proyecto no podrá ser inferior a 100.000 euros ni superar los 350.000 euros, limita también el ministerio.
También contemplan como objetivos perseguir la aplicación y evaluación de nuevas tecnologías a la prevención, tratamiento y
reducción de daños en el ámbito de las adicciones, así como el desarrollo de guías y protocolos de prevención y asistencia en el área específica de las adicciones comportamentales. En este sentido, los proyectos deberán enmarcarse en una de las siguientes líneas prioritarias:
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Impacto del Covid-19 y de las acciones de control de la pandemia en el consumo de sustancias y las conductas con potencial adictivo.
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Impacto del Covid-19 y de las acciones de control de la pandemia en las personas afectadas por adicciones.
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Impacto de los cambios sociales recientes en el consumo de sustancias y en las personas afectadas por adicciones.
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Evaluación de la utilidad de la aplicación de nuevas tecnologías a la prevención, el tratamiento y la reducción de daños en el ámbito de las adicciones.
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Elaboración y validación de guías y protocolos de prevención y asistencia en adicciones comportamentales.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de esta publicación en el BOE y los proyectos que se presenten deberán desarrollarse durante un plazo máximo de 18 meses a contar desde el día siguiente de la resolución de concesión de la convocatoria, prorrogables por un periodo máximo de seis meses, "siempre que se cuente con la autorización expresa de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas", establece Sanidad.
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