El Ministerio de Sanidad somete desde este jueves a consulta pública un nuevo proyecto destinado a modificar las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos de salud. Entre otras novedades, esta actuación aportaría “garantías” de que las intervenciones quirúrgicas que se lleven a cabo con
finalidades estéticas “sean realizadas por médicos que hayan obtenido la titulación oficial de una especialidad”. “Se hace necesario
evitar el intrusismo”, insiste el departamento de
Mónica García, que vuelve a incidir en esta problemática después de que la Audiencia Nacional tumbara una orden anterior dirigida a este mismo fin.
Según consta en esta propuesta de modificación del Real Decreto con las bases para
regular la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en los últimos años “se ha constatado un continuo incremento” de intervenciones quirúrgicas “con finalidades estéticas, y por consiguiente, también de la
apertura de centros de salud que incluyen estos servicios.
“Diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias han reclamado modificaciones normativas en aras de conseguir un mayor control en el desarrollo de esta actividad asistencial con la garantía de que sea ejercida por profesionales
con las competencias y titulaciones adecuadas”, reza el documento, en el que Sanidad reconoce la necesidad de reforzar “los artículos de la norma que correspondan” para “evitar el intrusismo” y garantizar que los facultativos disponen de las correspondientes acreditaciones. Este sentir ya lo exteriorizó el pleno del Congreso de los Diputados en septiembre de 2022, cuando aprobó una Proposición no de Ley enfocada a estos mismos objetivos.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad aboga por
reforzar “las condiciones de seguridad del paciente, evitando la práctica de la cirugía con finalidades estéticas por médicos que no dispongan de una especialidad”. Es decir, “limitando dicho ejercicio al ámbito incluido en el programa formativo oficial” de la disciplina quirúrgica o médico-quirúrgica.
A través de esta consulta pública previa, el Ministerio pretende recabar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta de modificación del Real Decreto. El ‘buzón’ estará abierto hasta el
13 de diciembre.
Suspensión de la orden contra el intrusismo sanitario
Desde el departamento que dirige Mónica García inciden en que esta medida surge tras la suspensión cautelar de una Orden Ministerial que
limitaba los profesionales autorizados para realizar estas intervenciones.
Según la Audiencia Nacional, la orden venía a modificar el anexo del Real Decreto 1277/2003 que establece las bases generales sobre autorización de centros servicios y establecimientos sanitarios. “El fin de esta Orden es impedir o dificultar el ejercicio profesional en la Unidad U-47 a
titulados en Medicina y Cirugía que no sean especialistas, lo que no estaba contemplado en el Real Decreto, pues no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales”, apuntó.
Al respecto, Sanidad sostiene que los magistrados de la Audiencia Nacional que dictaron la suspensión cautelar de la orden “
no entraron en el fondo del asunto, pero ponen en duda que el tipo de fórmula utilizada, la redacción de una orden ministerial para modificar un anexo del Real Decreto sea la adecuada porque va más allá de la intención original de del mismo. “Por eso, mientras el proceso contencioso-administrativo sigue su curso, el Ministerio de Sanidad ha optado por
iniciar una consulta pública previa para modificar el articulado del propio Real Decreto 1277/2003”, zanja.
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