El
Ministerio de Sanidad ha apostado por reforzar el papel de los
inspectores sanitarios que prestan sus servicios en las fronteras españolas. A partir de ahora, estos profesionales contarán también con un
carnet identificativo, que les presentará como una "autoridad de carácter nacional" cuando tengan que tratar con los ciudadanos en las aduanas para revisar posibles
riesgos para la salud pública.
El departamento que dirige Carolina Darias ha formalizado esta decisión mediante una
orden ministerial que ya ha sacado a audiencia pública para recabar las aportaciones de las organizaciones del sector involucradas. El objetivo que persigue la normativa es garantizar la “adecuada identificación y
protección de su identidad en el ejercicio de sus funciones” en las zonas exteriores.
Sanidad había explorado otras formulas alternativas como una tarjeta profesional a cargo del
Ministerio de Política Territorial, sin embargo ha terminado desechando la opción para tratar de dar un estatus mayor a los inspectores sanitarios del exterior. “Dicha tarjeta demuestra únicamente la existencia de un vínculo laboral entre el trabajador público y la Administración, pero no identifica al funcionario como a
gente de la autoridad sanitaria”, han apuntado.
El documento recogerá información como el nombre y DNI del inspector, un
número de identificación profesional, el puesto que ocupa dentro de la organización, su unidad y
una fotografía en la que se le reconozca.
Control sanitario de personas y mercancías
La
Ley General de Sanidad de 1986 ya reconoce las actividades de la sanidad exterior, dirigidas fundamentalmente al control de posibles riesgos para la salud pública derivados tanto del
tránsito internacional de viajeros como de la importación o exportación de mercancías. Una realidad que se puso en el foco de la atención pública a raíz de las restricciones de la
pandemia de Covid-19.
Mientras que la Ley General de Salud Pública habilita a los inspectores para responder ante cualquier “evento que pueda suponer un
riesgo para la salud pública en las fronteras españolas”, coordinándose con el resto de administraciones nacionales. Además, es ahí donde ya se les confiere su rol como autoridad sanitaria.
“La autoridad sanitaria estatal, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo con las competencias que le correspondan en materia de salud pública,
dictarán disposiciones y tendrán facultades para actuar, mediante los órganos competentes en cada caso, en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población”, ha apuntado Sanidad.
La nueva tarjeta será expedida directamente por la
Dirección General de Salud Pública y se deberá utilizar únicamente en “los actos de servicio, a iniciativa propia o cuando les sea requerido”. “Se hace indispensable contar con una norma que regule la manera en que el personal con funciones de inspección de sanidad exterior pueda identificarse y que una orden ministerial supone
el instrumento más adecuado para ese fin”, ha puntualizado Sanidad.
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