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Sanidad apuesta en 2026 por reformar las condiciones MIR y aprobar 5 leyes
El ministerio prevé elevar al Consejo de Ministros 15 normas durante el año, según el Plan Anual Normativo del Gobierno
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad; y Mónica García, ministra de Sanidad.
05 may 2026. 15.30H
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POR MANU IBÁÑEZ
El Ministerio de Sanidad prevé impulsar durante este año la reforma de la relación laboral de los residentes de Formación Sanitaria Especializada (FSE), algo que ya habían sugerido en varias ocasiones desde el Paseo del Prado y que ha quedado reflejado en el Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno para 2026, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El departamento comandado por Mónica García ha propuesto para el ejercicio 15 normas, repartidas entre cinco leyes y 10 reales decretos. Son cinco menos que las previstas por el ministerio en 2025, si bien el año pasado sólo incluyó tres leyes en su agenda.
Sanidad mantiene su apuesta por la Ley de los Medicamentos, el Estatuto Marco y la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud. A estos proyectos suma la Ley Antitabaco y la Ley de Organizaciones de Pacientes. En el documento no figura la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a pesar de que ya fue sometida a consulta pública. Cabe recordar que las normas contenidas en el PAN son las que se prevén aprobar en el seno del Consejo de Ministros. Otra cosa es lo que ocurra durante su posterior tramitación parlamentaria.
La intención reformando el Real Decreto que regula la relación laboral especial de residencia para la FSE es, según el dosier, “mejorar la calidad formativa, reforzar la protección de la salud laboral y favorecer un desempeño profesional adecuado durante el periodo de residencia”. Para ello se pondrá “especial atención” a “la ordenación de la jornada y las condiciones de trabajo”. El Ministerio de Trabajo y Economía Social figura como coproponente de la iniciativa.
En cuanto a la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, el objetivo es “adaptar el sistema para hacer frente a los avances científicos disruptivos, profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico, incentivar el uso racional de medicamentos e introducir cambios en función de la experiencia durante la pandemia”. El anteproyecto legislativo ya fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 8 de abril de 2025. También fue sometido a audiencia pública, un proceso en el que Sanidad recibió más de 1.000 aportaciones. Al texto sólo le falta ser elevado a Moncloa en segunda vuelta, ya como proyecto de ley, para iniciar su tramitación en las Cortes. Pero Sanidad lleva más de un año postergando ese paso.
De la reforma del Estatuto Marco poco cabe decir que no se sepa tras el largo proceso de negociación que terminó el pasado enero, con el acuerdo suscrito entre el ministerio y la mayoría de sindicatos representados en la mesa del Ámbito de Negociación. De acuerdo al PAN, lo que se presente es “actualizar el régimen jurídico del personal estatutario sanitario, adaptándolo a los cambios organizativos, asistenciales y profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el propósito de mejorar la ordenación de la función pública sanitaria, las condiciones de trabajo, la movilidad, el desarrollo profesional y el modelo retributivo”.
La iniciativa, según el documento, se evaluará siguiendo criterios de “coste o ahorro presupuestario significativo para la Administración General del Estado (AGE)”, uno de los epígrafes ad hoc incluidos en el Real Decreto que regula el PAN y el Informa de Evaluación Normativa de la AGE. Fuentes oficiales han negado en varias ocasiones a Redacción Médica que la elevación del anteproyecto de ley de Estatuto Marco al Consejo de Ministros dependa del desenlace de la huelga de médicos.
El anteproyecto de Ley Antitabaco sí que recibió el aval de Moncloa en primera vuelta en septiembre de 2025. “Se pretende conseguir, por un lado, la mejora de la salud de las personas fumadores y no fumadoras, la promoción de los espacios saludables con una mayor protección de los diferentes grupos sociales y, por otro, mejorar la normativa aplicable a los productos de tabaco y productos relacionados”, reza el PAN al respecto.
Otra de las iniciativas que ya cuenta con un primer visto bueno del Consejo de Ministros es la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Fue en febrero. La intención es “regular la titularidad de la gestión y provisión sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios o de atención sanitaria o sociosanitaria pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, garantizando su carácter público, universal, equitativo y de calidad”.
El anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes se sometió a consulta pública entre febrero y marzo. El objetivo impulsando la norma es “reforzar el papel de las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras ante la Administración General del Estado mediante la estructuración de su participación en los órganos del Sistema Nacional de Salud coordinados por la Administración General del Estado, así como en los organismos vinculados o dependientes de esta”.
La lista de reales decretos que Sanidad quiere aprobar en el Consejo de Ministros a lo largo de 2026 es la que sigue:
De las 15 normas propuestas por el Ministerio de Sanidad, sólo una está relacionada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En total, el PAN del Gobierno está compuesto por 179 normas (10 proyectos de ley orgánica, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos), de las que 16 están vinculadas a la sanidad. Es la segunda materia sobre la que más inciden las propuestas, si bien comparte nivel de influencia con empleo y medio ambiente. Sólo supera estas ramas la Justicia, afectada por 20 proyectos.
Sanidad es el quinto ministerio con más normas previstas como proponente único, 11. Por delante están Transición Ecológica, con 14; Trabajo, con 13; y Economía y Derechos Sociales, ambos con 12. En 2025 era el segundo departamento, con 17 normas, sólo superado por las 24 de Transición Ecológica, que se mantiene en cabeza de las áreas gubernamentales. Como coproponente principal figura este año en cuatro iniciativas, frente a las tres de 2025. Y como coproponente aparece en tres, frente a las cinco del año pasado.
Estas tres normas son el Real Decreto para regular los laboratorios nacionales en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria, impulsado por el Ministerio de Agricultura, y en el que Sanidad es coproponente junto a Derechos Sociales. El departamento de Pablo Bustinduy es que plantea aprobar el Real Decreto para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados para personas dependientes. Sanidad es coproponente de la norma junto a Agricultura. Por último, el ministerio de Mónica García está implicado en el Real Decreto para mejorar de calidad del aire ambiente, que se elabora en los despachos del Ministerio de Transición Ecológica.
Sanidad mantiene su apuesta por la Ley de los Medicamentos, el Estatuto Marco y la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud. A estos proyectos suma la Ley Antitabaco y la Ley de Organizaciones de Pacientes. En el documento no figura la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a pesar de que ya fue sometida a consulta pública. Cabe recordar que las normas contenidas en el PAN son las que se prevén aprobar en el seno del Consejo de Ministros. Otra cosa es lo que ocurra durante su posterior tramitación parlamentaria.
La intención reformando el Real Decreto que regula la relación laboral especial de residencia para la FSE es, según el dosier, “mejorar la calidad formativa, reforzar la protección de la salud laboral y favorecer un desempeño profesional adecuado durante el periodo de residencia”. Para ello se pondrá “especial atención” a “la ordenación de la jornada y las condiciones de trabajo”. El Ministerio de Trabajo y Economía Social figura como coproponente de la iniciativa.
Las claves de las cinco leyes que prioriza Sanidad
En cuanto a la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, el objetivo es “adaptar el sistema para hacer frente a los avances científicos disruptivos, profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico, incentivar el uso racional de medicamentos e introducir cambios en función de la experiencia durante la pandemia”. El anteproyecto legislativo ya fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 8 de abril de 2025. También fue sometido a audiencia pública, un proceso en el que Sanidad recibió más de 1.000 aportaciones. Al texto sólo le falta ser elevado a Moncloa en segunda vuelta, ya como proyecto de ley, para iniciar su tramitación en las Cortes. Pero Sanidad lleva más de un año postergando ese paso.
De la reforma del Estatuto Marco poco cabe decir que no se sepa tras el largo proceso de negociación que terminó el pasado enero, con el acuerdo suscrito entre el ministerio y la mayoría de sindicatos representados en la mesa del Ámbito de Negociación. De acuerdo al PAN, lo que se presente es “actualizar el régimen jurídico del personal estatutario sanitario, adaptándolo a los cambios organizativos, asistenciales y profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el propósito de mejorar la ordenación de la función pública sanitaria, las condiciones de trabajo, la movilidad, el desarrollo profesional y el modelo retributivo”.
La iniciativa, según el documento, se evaluará siguiendo criterios de “coste o ahorro presupuestario significativo para la Administración General del Estado (AGE)”, uno de los epígrafes ad hoc incluidos en el Real Decreto que regula el PAN y el Informa de Evaluación Normativa de la AGE. Fuentes oficiales han negado en varias ocasiones a Redacción Médica que la elevación del anteproyecto de ley de Estatuto Marco al Consejo de Ministros dependa del desenlace de la huelga de médicos.
El anteproyecto de Ley Antitabaco sí que recibió el aval de Moncloa en primera vuelta en septiembre de 2025. “Se pretende conseguir, por un lado, la mejora de la salud de las personas fumadores y no fumadoras, la promoción de los espacios saludables con una mayor protección de los diferentes grupos sociales y, por otro, mejorar la normativa aplicable a los productos de tabaco y productos relacionados”, reza el PAN al respecto.
Otra de las iniciativas que ya cuenta con un primer visto bueno del Consejo de Ministros es la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Fue en febrero. La intención es “regular la titularidad de la gestión y provisión sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios o de atención sanitaria o sociosanitaria pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, garantizando su carácter público, universal, equitativo y de calidad”.
El anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes se sometió a consulta pública entre febrero y marzo. El objetivo impulsando la norma es “reforzar el papel de las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras ante la Administración General del Estado mediante la estructuración de su participación en los órganos del Sistema Nacional de Salud coordinados por la Administración General del Estado, así como en los organismos vinculados o dependientes de esta”.
Reales Decretos previstos por Sanidad en 2026
La lista de reales decretos que Sanidad quiere aprobar en el Consejo de Ministros a lo largo de 2026 es la que sigue:
- Real Decreto por el que se regula el registro y las condiciones de autorización, fabricación, comercialización y uso de biocidas
- Real Decreto por el que se regula la evaluación de las tecnologías sanitarias
- Real Decreto por el que se regula la publicidad de los productos sanitarios
- Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados
- Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas graves para la Salud
- Real Decreto por el que se regula la devolución y destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y medicamentos estupefacientes por las oficinas y servicios de Farmacia
- Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente
- Real Decreto por el que se establecen los criterios de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y por el que se modifica el Real Decreto 673/2023, de 18 de julio, por el que se establecen los criterios de calidad y seguridad de las unidades asistenciales de Medicina Nuclear
- Real Decreto por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud
- Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud
De las 15 normas propuestas por el Ministerio de Sanidad, sólo una está relacionada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La sanidad en el marco del plan normativo del Gobierno
En total, el PAN del Gobierno está compuesto por 179 normas (10 proyectos de ley orgánica, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos), de las que 16 están vinculadas a la sanidad. Es la segunda materia sobre la que más inciden las propuestas, si bien comparte nivel de influencia con empleo y medio ambiente. Sólo supera estas ramas la Justicia, afectada por 20 proyectos.
Sanidad es el quinto ministerio con más normas previstas como proponente único, 11. Por delante están Transición Ecológica, con 14; Trabajo, con 13; y Economía y Derechos Sociales, ambos con 12. En 2025 era el segundo departamento, con 17 normas, sólo superado por las 24 de Transición Ecológica, que se mantiene en cabeza de las áreas gubernamentales. Como coproponente principal figura este año en cuatro iniciativas, frente a las tres de 2025. Y como coproponente aparece en tres, frente a las cinco del año pasado.
Estas tres normas son el Real Decreto para regular los laboratorios nacionales en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria, impulsado por el Ministerio de Agricultura, y en el que Sanidad es coproponente junto a Derechos Sociales. El departamento de Pablo Bustinduy es que plantea aprobar el Real Decreto para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados para personas dependientes. Sanidad es coproponente de la norma junto a Agricultura. Por último, el ministerio de Mónica García está implicado en el Real Decreto para mejorar de calidad del aire ambiente, que se elabora en los despachos del Ministerio de Transición Ecológica.
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