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Sanidad prioriza acceder a fármacos opacando precios como escudo anti-Trump
Padilla sostiene que la enmienda de PSOE y Sumar protege la comercialización temprana de medicamentos innovadores
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
19 mar 2026. 15.50H
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POR MANU IBÁÑEZ
El Ministerio de Sanidad respalda la enmienda conjunta registrada por PSOE y Sumar a la reforma de la Ley de Discapacidad para blindar el secreto de los precios netos de medicamentos, lo cual choca con las pretensiones de entidades que han acudido a los tribunales para lograr que haya menos opacidad al respecto. Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad ha dado pasos en pos de esa transparencia durante esta legislatura, pero, según el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, las políticas trumpistas obligan a fijar un límite a esas medidas para proteger el acceso a la innovación terapéutica: “Las acciones tomadas por Donald Trump sobre la ‘Cláusula de la Nación Más Favorecida’ (MFN) hacen que la publicación de los precios de los medicamentos pueda poner en riesgo su comercialización temprana en nuestro país”.
La Casa Blanca lleva desde finales de 2025 firmando acuerdos con empresas farmacéuticas bajo la cláusula de MFN, lo cual, en resumen, obliga a que Estados Unidos no pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca. El presidente de los Estados Unidos alardea de que esa estrategia ha permitido rebajar los precios entre un 300 y un 600 por ciento en su país, si bien diversos analistas han puesto en duda esas cifras.
Aunque España no forma parte del G7, el precio que fija para los fármacos “es usado como referencia por alguno de esos países, de modo que actúa todo en cascada”, tal y como aclara Padilla. Según ha podido saber Redacción Médica, el número dos de Sanidad reconoce que los estudios sobre las posibles consecuencias de publicar el precio neto en España “son difícilmente concluyentes”, pero matiza que, “más allá de las creencias”, la implantación de la cláusula MFN parece que “está suponiendo, de facto, pequeños retrasos y reticencias en la entrada en el mercado europeo”. Por eso, concluye: “La publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores en España”.
Actualmente, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios ya establece, en su artículo 97.3, que la información económica sobre la fijación de precios de fármacos será “confidencial”. La enmienda registrada por PSOE y Sumar a la reforma de la Ley de Discapacidad -cuya inclusión en el texto legislativo aún tendrá que debatirse en el Congreso- viene a ampliar esa confidencialidad a “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas”.
Por otro lado, se quiere obligar a las compañías farmacéuticas a facilitar los datos sobre la financiación recibida para desarrollar medicamentos o productos sanitarios, ya sea “ayuda financiera directa o de otro tipo recibida de cualquiera de las administraciones públicas y entidades dependientes de ellas, así como filantrópicas y sin ánimo de lucro”.
En enero, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación de la Fundación Civio para conocer el coste y las condiciones de financiación de Luxturna, una terapia génica de Novartis para tratar la distrofia retiniana hereditaria. Civio acudió al Alto Tribunal después de que la Audiencia Nacional fallara a favor de la compañía farmacéutica en 2025. El conflicto entre ambas partes comenzó, sin embargo, mucho antes, en 2021, cuando Civio pidió información sobre Luxturna a Novartis y al Ministerio de Sanidad después de que el medicamento huérfano fuera incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Tanto la compañía como el ministerio negaron los datos a la fundación amparándose en el régimen especial de confidencialidad regulado en la Ley de Garantías.
Padilla recuerda que el Ministerio de Sanidad “ha hecho avances importantes en materia de transparencia de medicamentos”, como la publicación de los datos propios sobre tiempos de financiación de fármacos innovadores y los informes sobre el proceso y acuerdos al respecto. También resalta la próxima aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, “que también impone obligaciones de información a las compañías farmacéuticas”. Pero esa transparencia, según el secretario de Estado, “no puede chocar o ser una barrera” para la innovación terapéutica: “No podemos poner en riesgo el acceso a medicamentos”.
La Casa Blanca lleva desde finales de 2025 firmando acuerdos con empresas farmacéuticas bajo la cláusula de MFN, lo cual, en resumen, obliga a que Estados Unidos no pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca. El presidente de los Estados Unidos alardea de que esa estrategia ha permitido rebajar los precios entre un 300 y un 600 por ciento en su país, si bien diversos analistas han puesto en duda esas cifras.
Aunque España no forma parte del G7, el precio que fija para los fármacos “es usado como referencia por alguno de esos países, de modo que actúa todo en cascada”, tal y como aclara Padilla. Según ha podido saber Redacción Médica, el número dos de Sanidad reconoce que los estudios sobre las posibles consecuencias de publicar el precio neto en España “son difícilmente concluyentes”, pero matiza que, “más allá de las creencias”, la implantación de la cláusula MFN parece que “está suponiendo, de facto, pequeños retrasos y reticencias en la entrada en el mercado europeo”. Por eso, concluye: “La publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores en España”.
Claves de la enmienda de PSOE-Sumar
Actualmente, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios ya establece, en su artículo 97.3, que la información económica sobre la fijación de precios de fármacos será “confidencial”. La enmienda registrada por PSOE y Sumar a la reforma de la Ley de Discapacidad -cuya inclusión en el texto legislativo aún tendrá que debatirse en el Congreso- viene a ampliar esa confidencialidad a “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas”.
Por otro lado, se quiere obligar a las compañías farmacéuticas a facilitar los datos sobre la financiación recibida para desarrollar medicamentos o productos sanitarios, ya sea “ayuda financiera directa o de otro tipo recibida de cualquiera de las administraciones públicas y entidades dependientes de ellas, así como filantrópicas y sin ánimo de lucro”.
El largo conflicto por la transparencia en precios de medicamentos
En enero, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación de la Fundación Civio para conocer el coste y las condiciones de financiación de Luxturna, una terapia génica de Novartis para tratar la distrofia retiniana hereditaria. Civio acudió al Alto Tribunal después de que la Audiencia Nacional fallara a favor de la compañía farmacéutica en 2025. El conflicto entre ambas partes comenzó, sin embargo, mucho antes, en 2021, cuando Civio pidió información sobre Luxturna a Novartis y al Ministerio de Sanidad después de que el medicamento huérfano fuera incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Tanto la compañía como el ministerio negaron los datos a la fundación amparándose en el régimen especial de confidencialidad regulado en la Ley de Garantías.
Padilla recuerda que el Ministerio de Sanidad “ha hecho avances importantes en materia de transparencia de medicamentos”, como la publicación de los datos propios sobre tiempos de financiación de fármacos innovadores y los informes sobre el proceso y acuerdos al respecto. También resalta la próxima aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, “que también impone obligaciones de información a las compañías farmacéuticas”. Pero esa transparencia, según el secretario de Estado, “no puede chocar o ser una barrera” para la innovación terapéutica: “No podemos poner en riesgo el acceso a medicamentos”.
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