Sanidad amplía la subvención de plazas de Medicina como medida multilateral

El Ministerio de Sanidad volverá a financiar la ampliación de plazas para estudiar Medicina en las universidades españolas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto que regula la subvención de vacantes, una de las “medidas multilaterales” para “paliar la falta de profesionales” que se une a la ampliación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), según ha anunciado la ministra del ramo, Mónica García, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Es la segunda vez que el Gobierno hace uso de fondos del Presupuesto General del Estado (PGE) para ampliar las plazas de estudiantes universitarios de Medicina, tras hacer lo propio en el curso 2023-2024, cuando se destinaron casi 50 millones de euros para incrementar la oferta en 677 plazas. Cuando el nuevo aumento se haga efectivo el próximo curso, entre ambos años la oferta habrá subido en 900 plazas, según García.

El acuerdo tiene lugar después de que el PP haya presentado en “ayuntamientos de toda España" mociones en las que se denuncia la “inacción” de la titular de Sanidad y se le exige que asuma sus obligaciones “ante la alarmante situación que va a vivir” el país durante el próximo verano por la falta de médicos en centros de salud y hospitales.

En el Consejo Interterritorial de primeros de junio, García descartó emprender medidas para modificar los planes formativos de Medicina Familiar y Comunitaria para facilitar que los residentes de la especialidad puedan trabajar de forma totalmente autónoma. Posteriormente, desde Sanidad se remitió una carta a las comunidades autónomas recordando que sólo los MIR de cuarto año han de estar capacitados para llevar una consulta por sí solos, pero no completamente, sino con la posibilidad de recurrir a sus tutores “en caso de duda o ante situaciones complejas”.

Proyecto de Ley de Equidad y Cohesión del SNS

El Consejo de Ministros también ha dado su visto bueno al proyecto de Ley para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), uno de los objetivos y proyectos estrella del departamento de Mónica García que, entre otras cosas, obligará a que todas las normativas que se tramiten de aquí en adelante tengan que incluir "un impacto de los determinantes sociales de la salud" como la vivienda, la educación y la salud laboral en sus Memorias de Análisis Normativo (MAIN).

Además, se regulará la participación directa de los pacientes en su atención sanitaria "de manera estable" a través del Foro Abierto de Salud, tal y como avanzó este medio el pasado mes de febrero. García también ha destacado que se homogeneizará la exención del copago farmacológico para aquellas personas que ya hagan frente a ello en las prestaciones ortoprotésicas.

Por otro lado, se modificará la normativa vigente para desarrollar las reglas de compensación por el desplazamiento de pacientes en el territorio nacional a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), se autorizará la creación del Consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias "para fortalecer la capacidad de evaluación y liderazgo en proyectos nacionales e internacionales", y se establecerán condiciones generales para el acceso y tratamiento de datos en el ámbito sanitario "con fines de planificación, gestión, evaluación e investigación", tal y como ha detallado Sanidad en una nota posterior a la rueda de prensa.

El equipo de Pedro Sánchez ha otorgado su ‘sí’ al proyecto de Ley de Equidad y Cohesión SNS poco más de un mes después de haber hecho lo propio con el de la Ley de Universalidad, otro “hito”, según lo definió Mónica García, a la hora de “recuperar el derecho a la asistencia médica en igualdad de condiciones”, incluyendo a las personas migrantes en situación irregular. La normativa, además, implica la ampliación de la Cartera de Servicios del SNS y la renuncia a nuevos copagos.

RD de la Red de Vigilancia en Salud Pública

Moncloa, por otro lado, ha dado luz verde al Real Decreto que regula la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, una norma en la que se empezó a trabajar en 2011 y para cuya culminación ha sido clave la figura del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón.

"Lo que permite esta red es que podamos tener una recogida, análisis y evaluación de datos precisa y real para contar con procedimientos que nos permitan identificar en menos de 24 horas todas las alertas que pongan en peligro nuestra salud pública", ha detallado la ministra de Sanidad.

La Red contará, en principio, con cinco sistemas de vigilancia: para enfermedades no transmisibles -que incluirán el Sistema de Vigilancia de Cáncer-, para enfermedades transmisibles, un Sistema de Vigilancia en Salud Laboral, un Sistema de Vigilancia en Salud Ambiental y un Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida.

A través del Real Decreto también se creará el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones, que dependerá del propio Ministerio de Sanidad y que recogerá la información de las vacunaciones e inmunizaciones de todas las personas que residen en España. La normativa, además, incluye el proceso de designación y las funciones de coordinación entre Laboratorios Nacionales.

Fue en enero cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública. El documento ya inició su tramitación parlamentaria, aunque el periodo para que los grupos presenten enmiendas se ha prorrogado en diversas ocasiones desde febrero, si bien nadie duda de que saldrá adelante este año. Según las distintas fuentes del Congreso consultadas, el avance del proceso depende de esperar al clima parlamentario más favorable. En cualquier caso, el director de Salud Pública, Pedro Gullón, trasladó a Redacción Médica que los grupos ya habían empezado a presentar sus enmiendas de forma informal a Sanidad y que no había "líneas rojas" en ninguna de las dos partes.

Salud bucodental en la cartera del SNS

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado ampliar la cobertura de la salud bucodental en la Cartera de Servicios Comunes del SNS, otro de los grandes objetivos fijados en el acuerdo del Gobierno de coalición que ya se había oficializado a primera hora de la mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno destinará más de 68 millones de euros entre las comunidades autónomas de cara a que pongan en marcha los mecanismos pertinentes para ello.

"No se puede entender nuestro SNS sin incluir la salud bucodental", ha dicho García, que ha detallado que la financiación se destinará a atender a menores de edad, a personas con discapacidad, a embarazadas y a pacientes sometidos a tratamientos oncológicos cervicofaciales.

En 2023, las comunidades autónomas ejecutaron el 84,4 por ciento del presupuesto destinado a cubrir servicios bucodentales, esto es, 57,5 millones de euros en gasto comprometido de los 68 millones de euros invertidos desde Sanidad. Desde que se puso en marcha el Plan de Salud Bucodental en 2022, las comunidades autónomas han recibido 180 millones de euros en este sentido.