El Gobierno ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de
transferir el MIR al País Vasco o Cataluña. La ministra de Sanidad,
Carolina Darias, ha defendido que mantendrá una posición
“firme” para que se mantenga el modelo actual de competencias estatales. La respuesta se produce después de que
EH Bildu, uno de los socios de investidura, anunciase su intención de trasladar esta reivindicación con una proposición en el
Congreso de los Diputados.
“La Formación Sanitaria Especializada tiene su razón de ser en todo el territorio nacional”, ha expuesto la titular de la cartera en la rueda de prensa posterior a la reunión del
Consejo de Ministros en la que se ha aprobado el fin de la mascarilla en el interior de los transportes públicos o la creación de
la futura Agencia Estatal de Salud Pública.
Darias ha cerrado la puerta a las aspiraciones de sus socios por excelencia en ambas comunidades autónomas, aunque sí que se ha mostrado a favor de implementar nuevas políticas para “
mejorar el sistema desde la coordinación y la homogenidad del territorio nacional”.
País Vasco y Cataluña reclaman su propio MIR
La postura del Gobierno dificulta el camino de
EH Bildu que esta semana ha reivindicado que el País Vasco controle y regule el modelo de Formación Sanitaria Especializada. La portavoz de Sanidad de la formación en el Parlamento de Vitoria,
Rebeka Ubera, ha señalado a
Redacción Médica que su objetivo es presentar una
Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados antes de que llegue el verano, mientras negocia con Moncloa.
Este giro de guion se produce después de que las conversaciones para el traspaso no fructificasen en la discusión de los
Presupuestos Generales del Estado. Con este paso buscan adaptar el modelo a las particularidades de su región, desde el
envejecimiento hasta las necesidades en salud pública.
“Podemos tener competencias y luego coordinar lo que haga falta. Lo que hay que tener en cuenta es que cada sociedad tiene su singularidad y sus necesidades”, ha expuesto Ubera.
El traspaso también es una de las reivindicaciones de la
Generalitat de Cataluña, en manos de
Esquerra Republicana. El equipo de gobierno de
Pere Aragonés ya incluyó este tema como una de las propuestas para las
reuniones bilaterales entre los dos ejecutivos, aunque finalmente nunca llegó a plasmarse en la agenda del día que quedó monopolizada por otros asuntos.
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