Los ministerios de
Sanidad y
Derechos Sociales, y las comunidades autónomas, han aprobado este viernes el primer acuerdo estatal para mejorar la
Atención Temprana, que mira a 2030 para lograr su completa implantación. Entre las medidas consensuadas durante la conferencia intersectorial celebrada de forma telemática, se ha incluido establecer las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales “estable, suficiente y con empleos de calidad”, según ha informado Sanidad en un comunicado.
En el documento consensuado en la reunión, en la que han participado los titulares de ambos ministerios,
Mónica García y
Pablo Bustinduy, se establece un marco referencial de calidad común para asegurar que niños y niñas de hasta seis años tengan el derecho a una Atención Temprana “de calidad, eficaz y gratuita”, con un “acceso rápido y equitativo”.
Por ello, el acuerdo incluye que el plazo para
intervenir en Atención Temprana debería ser de 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo. Este plazo es el que marca de referencia la
Garantía Infantil Europea (GIE), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021, según destacan desde Sanidad.
“Reducir los
tiempos de espera en Atención Temprana es, por tanto, uno de los objetivos fundamentales del acuerdo que se ha aprobado este viernes, ya que esta franja de edad es una etapa crucial y crítica, y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social”, dicen desde el ministerio.
Los responsables del
Gobierno y de las comunidades autónomas recuerdan que la evidencia científica señala que se trata de “un periodo clave” para “garantizar un
desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia”: “También para mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas, así como para promover su inclusión social, sus capacidades, sus potencialidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad”.
Por esta razón, desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas con necesidad de Atención Temprana si no se cuenta con un
sistema público de calidad, como “ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial”.
Asimismo, según inciden desde ambos ministerios, “la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de
exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía”. Ello, añaden, provoca “un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños y niñas, y para sus familias”.
Compromisos para mejorar la Atención Temprana
Además de mejorar los procesos de detención y
reducir los tiempos de espera, el acuerdo aprobado contempla que todas las comunidades autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos cuenten con una norma que regule específicamente la materia. En esta normativa deben establecerse los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.
El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación, como equipos de
Atención Primaria, profesorado y profesionales de los servicios sociales. En este grupo de medidas se deben establecer las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales “estable, suficiente y con empleos de calidad”.
Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de cada niña, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. A esto se suma que la nueva orientación apuesta por actuar en los “entornos naturales” de los niños y niñas, como su hogar, y por un “
enfoque biopsicosocial” que atienda todos los condicionantes del desarrollo.
El acuerdo incluye también una dotación económica de casi 42 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos con cargo al
Fondo Social Europeo Plus, “con el objetivo de que todas las niñas y los niños tengan un acceso adecuado a la Atención Temprana con independencia de su lugar de residencia y de sus circunstancias familiares y sociales”.
Según la
Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 -último año del que hay datos globales- casi 130.000 niños y niñas necesitaron Atención Temprana, lo que supone más de un 5 por ciento de la población de hasta seis años.
Elaboración del protocolo de Atención Temprana
El documento para mejorar la Atención Temprana ha sido desarrollado en el marco del
Grupo Técnico de Atención Temprana con la colaboración activa de las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ha contado también con la participación de agentes de la sociedad civil especializados en infancia y discapacidad, y ha sido coordinado por diversos ministerios: Derechos Sociales, Sanidad, Educación, y Juventud e Infancia.
Este documento culmina, además, los acuerdos alcanzados en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales del Sistema de Atención a la Dependencia, que en una sesión de julio de 2023 dio luz a la aprobación de una hoja de ruta para la mejora de la Atención Temprana en España sobre un marco común de universalidad, responsabilidad pública, equidad, gratuidad y calidad.
El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030 y coincidirá con la finalización del
Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), dado que en el marco de este plan se distribuirán fondos a las Comunidades Autónomas para impulsar la implementación de las medidas contempladas en el Consenso Estatal
Además, el Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un
seguimiento bienal de la implantación de las medidas, basándose en la medición de los indicadores previstos. Será en 2030 cuando se llevará a cabo una evaluación final.
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