No solo 'coto a la privada': García nutre su Ley con más evaluación al SNS

Mónica García presentó este martes su Ley de Gestión Pública bajo el lema de que el sistema de salud "no se vende” y con el foco dirigido hacia los conciertos con la privada. “Hay que poner coto al lucro”, zanjó la ministra de Sanidad. Aunque lo cierto es que el alcance de la norma no se limita a los centros regidos de forma indirecta sino también a las administraciones públicas, que, por supuesto, no se verán eximidas de evaluaciones de desempeño y de la rendición de cuentas.

Esta ha sido, de hecho, una de las principales reivindicaciones que organizaciones y particulares afectados trasladaron al Ministerio de Sanidad durante el proceso de consulta pública de esta Ley de Gestión Pública, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y que previsiblemente llegará en el plazo de un mes al Congreso de los Diputados.

“Se ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la evaluación del desempeño del sistema sanitario independientemente de la titularidad de los mismos”, asume el departamento de García, que ‘vigilará’ la buena gestión de las administraciones públicas a varios niveles.

En primer lugar, el texto de la norma, que este miércoles ha sido lanzada a audiencia pública, constata que los centros sanitarios públicos deben regirse por los principios de transparencia y de rendición de cuentas.

Nuevos instrumentos de buena gobernanza en el SNS

“Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), en el ámbito de sus competencias y atendiendo a los principios de transparencia, participación democrática, integridad y competencia, deberán dotar a las organizaciones y centros sanitarios públicos de instrumentos de buena gobernanza para ampliar y reforzar la autonomía, flexibilidad y agilidad en la gestión, la participación profesional y de la ciudadanía, la rendición de cuentas y la gestión profesionalizada en los centros sanitarios que forman parte del Sistema Nacional de Salud, a fin de contribuir a la eficiencia, evaluación y mejora continua de los mismos, sean gestionados de forma directa o indirecta”, reza el documento.

En este sentido, la norma establece que las administraciones deberán asegurar la publicidad de la gestión de los recursos públicos destinados a la sanidad “publicando en el correspondiente portal de transparencia de forma periódica información detallada sobre la contratación, los conciertos, los resultados de salud y la calidad de los servicios prestados”.

“Se reforzarán los mecanismos de control público sobre la gestión sanitaria, incluyendo la evaluación independiente de la eficiencia y la calidad de los servicios, así como la participación de las personas usuarias y las y los profesionales en los órganos de control y seguimiento -continúa- El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, deberán publicar, con periodicidad al menos anual, indicadores sanitarios de cada uno de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, con independencia de cuál sea su modelo de gestión”. En el seno del Consejo Interterritorial se acordarán los indicadores sanitarios a los que se refiere este apartado.

Participación de los pacientes

Durante el procedimiento de consulta pública, Sanidad ha recibido un total de 137 aportaciones y peticiones, aunque muchas de ellas se refieren a experiencias personales relacionadas con el sistema de salud. En este sentido, “un conjunto de ciudadanos ha planteado la necesidad de mejorar los procesos de participación de los pacientes dentro del sistema sanitario, así como las vías para reclamar mejoras ante lo que consideran deficiencias del sistema”, detalla el Ministerio.

Se trata de otra de las medidas que han quedado plasmadas en el texto final, que establece que se promoverá “la colaboración entre las administraciones públicas, las y los profesionales sanitarios, así como la participación de los pacientes y la comunidad en la planificación y evaluación de los servicios de salud”.