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Moncloa impulsa un copago farmacéutico "más progresivo" vía Real Decreto
El Consejo de Ministros valida la norma de Sanidad y Hacienda, que añade más tramos de renta para reforzar la "equidad"
La ministra de Sanidad, Mónica García.
12 may 2026. 13.30H
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POR MANU IBÁÑEZ
El Ministerio de Sanidad ha optado por elaborar un Real Decreto-ley para aprobar su reforma del copago farmacéutico, pretendida inicialmente a través de la Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios, cuyo proyecto sigue a la espera de ser aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. Moncloa ha dado luz verde este martes a la modificación del sistema de aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria para hacerlo “más progresivo” y también “más sensible a la realidad social y más coherente con el principio de que nadie deje de acceder a un tratamiento necesario por motivos económicos”, según ha detallado la titular de Sanidad, Mónica García. Su ministerio ha impulsado la medida conjuntamente con el de Hacienda.
El Gobierno considera “necesario” adaptar el modelo vigente de copago farmacéutico para “corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos”, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar incluidos en los supuestos de exención, asumían “una carga económica elevada” derivada de tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La reforma aprobada permite implementar un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.
“Diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han puesto de manifiesto que determinados niveles de aportación pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con el consiguiente impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”, explican desde Sanidad.
Entre las principales novedades del Real Decreto-ley, destaca la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que pasan de tres a seis tramos de renta, con lo que se ajusta de forma más progresiva los porcentajes de copago. Además, se incorporan nuevos topes máximos mensuales de aportación para los colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, “con el objetivo de limitar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados”.
En el caso de los pensionistas, la reforma introduce también una revisión de los tramos de aportación y de los límites máximos mensuales para “reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración”, dice Sanidad.
La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, “evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho”.
La reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.
Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del Real Decreto-ley, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad destaca que la reforma contribuirá a “mejorar la adherencia terapéutica, prevenir complicaciones evitables y reducir la presión asistencial derivada de interrupciones de tratamientos por motivos económicos”.
Sanidad ha insistido en el último año y medio en la necesidad de reformar este modelo para hacerlo más “progresivo”, es decir, incorporando nuevos tramos de renta, ampliando la aportación de los usuarios que cobran más anualmente y limitando las de los usuarios que ganan menos dinero. De hecho, incluyó una propuesta de reforma en un primer borrador de la Ley de los Medicamentos, pero finalmente la dejó fuera del anteproyecto que se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros allá por abril de 2025.
Redacción Médica ya avanzó un mes antes, en marzo, que el Ministerio de Hacienda estaba frenando la tramitación del anteproyecto legislativo mientras miraba con lupa las exigencias financieras que comportaría de aprobarse en los términos planteados en aquel entonces por Sanidad. Poco después, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó en un encuentro con periodistas que, a petición de otros ministerios representados en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), se había aceptado abordar la reforma del copago en una fase posterior de la tramitación normativa por cuestiones “estratégicas”.
El número dos de Mónica García aseguró que no había “objeciones de fondo” a la propuesta por parte de ningún ministerio y que Sanidad iba a seguir defendiendo la reforma. La Cdgae es el órgano del Ejecutivo que ha de dar el visto bueno a los proyectos normativos desde el punto de vista financiero y económico antes de pasar al Consejo de Ministros. La vicepresidencia la ostenta el titular del ministerio de Hacienda y la vicepresidencia, el titular de Economía.
En julio, tras un pleno del Consejo Interterritorial, García avanzó, a preguntas de este periódico, que el proyecto de la Ley de los Medicamentos se aprobaría en segunda vuelta en el Consejo de Ministros sin la modificación del sistema de copago. Refrendó la versión de Padilla al respecto indicando que en el seno del Gobierno se había acordado dejar esa cuestión para la tramitación del proyecto legislativo en las Cortes, lo cual hacía presagiar que Sumar (a cuyo grupo está ligado la ministra de Sanidad) acabaría registrando al respecto una enmienda al articulado del texto. Sería, según auguró la dirigente, a partir de septiembre de aquel año. Pero esa previsión sigue sin cumplirse.
Finalmente, Sanidad y Hacienda han optado por aprobar la reforma del copago farmacéutico a través de un Real Decreto-ley que, aunque entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrá que ser convalidado por el Congreso.
El Gobierno considera “necesario” adaptar el modelo vigente de copago farmacéutico para “corregir situaciones de desigualdad detectadas en determinados colectivos”, en particular entre pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar incluidos en los supuestos de exención, asumían “una carga económica elevada” derivada de tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica. La reforma aprobada permite implementar un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos.
“Diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han puesto de manifiesto que determinados niveles de aportación pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con el consiguiente impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”, explican desde Sanidad.
Así queda el nuevo sistema de copago según la renta anual
Entre las principales novedades del Real Decreto-ley, destaca la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que pasan de tres a seis tramos de renta, con lo que se ajusta de forma más progresiva los porcentajes de copago. Además, se incorporan nuevos topes máximos mensuales de aportación para los colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, “con el objetivo de limitar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados”.
- Inferior a 9.000 euros: 40 por ciento de copago con límite mensual de 8,23 euros
- De 9.000 a 17.999 euros: 40 por ciento de copago con límite mensual de 18,52 euros
- De 18.000 a 34.599 euros: 45 por ciento de copago con límite mensual de 61,75 euros
- De 35.000 a 59.999 euros: 45 por ciento de copago sin tope mensual
- De 60.000 a 99.999 euros: 50 por ciento de copago sin tope mensual
- Superior a 100.000 euros: 60 por ciento de copago sin tope mensual
Así será el nuevo copago farmacéutico para pensionistas
En el caso de los pensionistas, la reforma introduce también una revisión de los tramos de aportación y de los límites máximos mensuales para “reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración”, dice Sanidad.
La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, “evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho”.
- Renta anual inferior a 18.000 euros: 10 por ciento de copago con límite mensual de 8,23 euros
- De 18.000 a 59.599 euros: 10 por ciento de copago con límite mensual de 13,37 euros
- De 60.000 a 99.999 euros: 10 por ciento de copago con límite mensual de 18,52 euros
- Superior a 100.000 euros: 60 por ciento de copago con límite mensual de 61,75 euros
Exenciones a colectivos vulnerables e impacto presupuestario
La reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.
Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del Real Decreto-ley, la medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. El Ministerio de Sanidad destaca que la reforma contribuirá a “mejorar la adherencia terapéutica, prevenir complicaciones evitables y reducir la presión asistencial derivada de interrupciones de tratamientos por motivos económicos”.
De la Ley de los Medicamentos al Real Decreto-ley
Sanidad ha insistido en el último año y medio en la necesidad de reformar este modelo para hacerlo más “progresivo”, es decir, incorporando nuevos tramos de renta, ampliando la aportación de los usuarios que cobran más anualmente y limitando las de los usuarios que ganan menos dinero. De hecho, incluyó una propuesta de reforma en un primer borrador de la Ley de los Medicamentos, pero finalmente la dejó fuera del anteproyecto que se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros allá por abril de 2025.
Redacción Médica ya avanzó un mes antes, en marzo, que el Ministerio de Hacienda estaba frenando la tramitación del anteproyecto legislativo mientras miraba con lupa las exigencias financieras que comportaría de aprobarse en los términos planteados en aquel entonces por Sanidad. Poco después, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó en un encuentro con periodistas que, a petición de otros ministerios representados en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), se había aceptado abordar la reforma del copago en una fase posterior de la tramitación normativa por cuestiones “estratégicas”.
El número dos de Mónica García aseguró que no había “objeciones de fondo” a la propuesta por parte de ningún ministerio y que Sanidad iba a seguir defendiendo la reforma. La Cdgae es el órgano del Ejecutivo que ha de dar el visto bueno a los proyectos normativos desde el punto de vista financiero y económico antes de pasar al Consejo de Ministros. La vicepresidencia la ostenta el titular del ministerio de Hacienda y la vicepresidencia, el titular de Economía.
En julio, tras un pleno del Consejo Interterritorial, García avanzó, a preguntas de este periódico, que el proyecto de la Ley de los Medicamentos se aprobaría en segunda vuelta en el Consejo de Ministros sin la modificación del sistema de copago. Refrendó la versión de Padilla al respecto indicando que en el seno del Gobierno se había acordado dejar esa cuestión para la tramitación del proyecto legislativo en las Cortes, lo cual hacía presagiar que Sumar (a cuyo grupo está ligado la ministra de Sanidad) acabaría registrando al respecto una enmienda al articulado del texto. Sería, según auguró la dirigente, a partir de septiembre de aquel año. Pero esa previsión sigue sin cumplirse.
Finalmente, Sanidad y Hacienda han optado por aprobar la reforma del copago farmacéutico a través de un Real Decreto-ley que, aunque entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrá que ser convalidado por el Congreso.
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