El ministro de Sanidad,
José Manuel Miñones, ha mantenido su
“compromiso” para seguir negociando la segunda parte de la
reforma del Estatuto Marco del Personal de Servicios de Salud, a pesar de que el adelanto de las
elecciones generales ha complicado la resolución del debate con los sindicatos. El interlocutor del Gobierno en la mesa de negociación se ha mostrado dispuesto a continuar con la hoja de ruta prevista.
“Se han mantenido a lo largo de los últimos cinco meses diferentes reuniones y,
conviviendo ahora con este proceso electoral, nuestro compromiso sigue vigente”, ha manifestado a los medios minutos antes de su entrada a la cumbre de la
Alianza para la Salud de Vanguardia, en la que se ha debatido sobre el
nuevo presupuesto para el Perte del sector.
Miñones ha enfatizado que quiere “seguir avanzando” en la reforma de la norma que rige las condiciones laborales del conjunto de los sanitarios como parte de su estrategia política, tras haber avanzado ya en otras patas del proyecto como la ampliación de las
plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) o las normas para
estabilizar hasta 67.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud.
“El Compromiso del Gobierno y del Ministerio de Sanidad en lo referente al Estatuto Marco ha quedado patente a lo largo de los últimos años”, ha concluido el responsable de la cartera.
El bloqueo del Estatuto Marco
La valoración de Miñones llega en un momento en el que las negociaciones del Estatuto Marco han quedado en ‘stand by’ como consecuencia del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 23 de julio. El grueso de los sindicatos que participan en las conversaciones ya da por hecho que
la resolución definitiva no se producirá hasta la próxima legislatura con el Gobierno que salga de las urnas. Aunque el calendario oficial recogido en la propia ley establecía un
plazo máximo de un año desde septiembre de 2022.
Las organizaciones sindicales consultadas por este periódico han advertido sobre la dificultad para que finalmente la nueva ley vea la luz ya que debería ser
validada por el Congreso de los Diputados, pero la cámara se ha disuelto como consecuencia del adelanto electoral. La
Diputación Permanente únicamente se encarga de debatir aquellos asuntos que sean calificados como de
urgente necesidad, pero no las grandes reformas de calado.
La convocatoria electoral se produjo además en un momento marcado por las fuertes discrepancias entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos por el devenir de las negociaciones. Los representantes de
Comisiones Obreras (CCOO), la
Unión General de Trabajadores (UGT) y la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya se levantaron de la última mesa de diálogo por estas diferencias. Mientras la
propuesta para alterar la edad de exención de las guardias o la falta de predisposición a la reclasificación profesional siguen siendo dos de los grandes escollos.
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