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Luz verde a la Ley que limita la gestión privada de la sanidad pública
La norma ha sido aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros
Mónica García, ministra de Sanidad, en el Consejo de Ministros.
12 may 2026. 13.50H
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POR MÍRIAM GONZÁLEZ
La primera gran propuesta sanitaria de 2026 ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma con la que busca blindar la gestión directa como pilar fundamental de la sanidad pública, que deberá prestarse a través de administraciones, entidades del sector público o consorcios. “Esta ley pone más control y garantías a uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud”, ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La titular de Sanidad ha insistido además en la necesidad de poner coto al peso de la gestión privada en la sanidad pública. “La sanidad pública debe gestionarse desde lo público. Se acabó el modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid”, ha remarcado
La aprobación de esta norma supondrá también la derogación de la Ley 15/1997, una de las principales puertas de entrada de la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad anunció el anteproyecto el pasado mes de febrero y, menos de 24 horas después, lo sometió a audiencia pública, con plazo para presentar aportaciones hasta el 4 de marzo. Con esta reforma, el departamento que dirige Mónica García busca eliminar “las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública”
El texto establece que la gestión directa de los servicios sanitarios deberá realizarse a través de la propia administración competente o mediante consorcios integrados exclusivamente por entidades públicas. La gestión privada quedará limitada a “situaciones excepcionales” y solo podrá aplicarse cuando no sea posible la prestación directa, se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio, y se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Además, las administraciones estarán obligadas a justificar de forma objetiva cualquier recurso a fórmulas de gestión indirecta. Para ello, la norma incorpora nuevos mecanismos de control, entre ellos una evaluación previa obligatoria realizada por órganos integrados por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Estos emitirán informes sobre el cumplimiento de los requisitos legales antes de que se adopte una decisión. El Consejo Interterritorial del SNS fijará además directrices comunes para homogeneizar estos criterios.
La ley también obligará a contar con un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en los contratos de concesión, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera y evitar estimaciones económicas irreales que puedan afectar a la prestación sanitaria. Sobre esto, la titular de Sanidad ha asegurado que se van a establecer "unos criterios homogéneos en todo el territorio". Asimismo, en caso de empate en una licitación, se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
La norma incorpora además medidas de buen gobierno y transparencia, entre ellas la obligación de publicar anualmente indicadores de resultados en salud de todos los centros sanitarios, con independencia de su modelo de gestión. Asimismo, el Ministerio de Sanidad deberá elaborar, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas fórmulas de gestión implantadas en España desde 1997."Necesitamos que la ley plantee algo mucho más serio: que se evalúe qué es lo que ha fincionado y lo que no, y cuál ha sido el coste de oportunidad", ha destacado García.
El proyecto también contempla un régimen transitorio con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica durante la adaptación al nuevo marco normativo.
Entretanto,desde su anuncio, la norma ha estado en el centro del debate. Por un lado, la sanidad privada la ha calificado como un “ataque frontal a la colaboración público-privada”. Tal y como informó Redacción Médica, el sector ha presentado una amplia batería de alegaciones al considerar que las medidas orientadas a restringir o minimizar este modelo perjudican a los pacientes, reducen la capacidad de respuesta del sistema sanitario y limitan el papel de la iniciativa privada, frenando además la inversión, la innovación y el uso eficiente de los recursos.
Las críticas también han llegado desde el ámbito político, donde se anticipa una intensa batalla parlamentaria para sacar adelante la norma. El PP acusa al Ejecutivo de “criminalizar” la colaboración público-privada, mientras que Vox defiende el modelo mixto por considerarlo “eficaz y eficiente”. A estas objeciones se suma Junts, cuyos votos continúan siendo decisivos para el futuro de cualquier iniciativa legislativa. Su portavoz sanitaria, Pilar Calvo, reprochó a Mónica García el impulso de una ley que, a su juicio, amenaza el modelo catalán de conciertos. Además, fuentes del partido confirmaron a este periódico que presentarán una enmienda a la totalidad cuando el texto llegue al Congreso y auguran un recorrido parlamentario muy complicado para el proyecto
Derogación de la Ley 15/1997
La aprobación de esta norma supondrá también la derogación de la Ley 15/1997, una de las principales puertas de entrada de la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad anunció el anteproyecto el pasado mes de febrero y, menos de 24 horas después, lo sometió a audiencia pública, con plazo para presentar aportaciones hasta el 4 de marzo. Con esta reforma, el departamento que dirige Mónica García busca eliminar “las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública”
El texto establece que la gestión directa de los servicios sanitarios deberá realizarse a través de la propia administración competente o mediante consorcios integrados exclusivamente por entidades públicas. La gestión privada quedará limitada a “situaciones excepcionales” y solo podrá aplicarse cuando no sea posible la prestación directa, se garantice la sostenibilidad financiera y la eficiencia del servicio, y se cumplan criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Además, las administraciones estarán obligadas a justificar de forma objetiva cualquier recurso a fórmulas de gestión indirecta. Para ello, la norma incorpora nuevos mecanismos de control, entre ellos una evaluación previa obligatoria realizada por órganos integrados por expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Estos emitirán informes sobre el cumplimiento de los requisitos legales antes de que se adopte una decisión. El Consejo Interterritorial del SNS fijará además directrices comunes para homogeneizar estos criterios.
La ley también obligará a contar con un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en los contratos de concesión, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera y evitar estimaciones económicas irreales que puedan afectar a la prestación sanitaria. Sobre esto, la titular de Sanidad ha asegurado que se van a establecer "unos criterios homogéneos en todo el territorio". Asimismo, en caso de empate en una licitación, se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
Transparencia y apoyo a la revisión
La norma incorpora además medidas de buen gobierno y transparencia, entre ellas la obligación de publicar anualmente indicadores de resultados en salud de todos los centros sanitarios, con independencia de su modelo de gestión. Asimismo, el Ministerio de Sanidad deberá elaborar, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas fórmulas de gestión implantadas en España desde 1997."Necesitamos que la ley plantee algo mucho más serio: que se evalúe qué es lo que ha fincionado y lo que no, y cuál ha sido el coste de oportunidad", ha destacado García.
El proyecto también contempla un régimen transitorio con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica durante la adaptación al nuevo marco normativo.
Un intenso debate político y empresarial
Entretanto,desde su anuncio, la norma ha estado en el centro del debate. Por un lado, la sanidad privada la ha calificado como un “ataque frontal a la colaboración público-privada”. Tal y como informó Redacción Médica, el sector ha presentado una amplia batería de alegaciones al considerar que las medidas orientadas a restringir o minimizar este modelo perjudican a los pacientes, reducen la capacidad de respuesta del sistema sanitario y limitan el papel de la iniciativa privada, frenando además la inversión, la innovación y el uso eficiente de los recursos.
Las críticas también han llegado desde el ámbito político, donde se anticipa una intensa batalla parlamentaria para sacar adelante la norma. El PP acusa al Ejecutivo de “criminalizar” la colaboración público-privada, mientras que Vox defiende el modelo mixto por considerarlo “eficaz y eficiente”. A estas objeciones se suma Junts, cuyos votos continúan siendo decisivos para el futuro de cualquier iniciativa legislativa. Su portavoz sanitaria, Pilar Calvo, reprochó a Mónica García el impulso de una ley que, a su juicio, amenaza el modelo catalán de conciertos. Además, fuentes del partido confirmaron a este periódico que presentarán una enmienda a la totalidad cuando el texto llegue al Congreso y auguran un recorrido parlamentario muy complicado para el proyecto
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