Los informes por los que Sanidad sospecha que se maquillan listas de espera

El Ministerio de Sanidad ha iniciado formalmente la reforma del sistema de información de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras considerar que el modelo actual no es "fiable". Esta decisión, plasmada en un proceso de consulta pública iniciado en febrero de 2026, se ve impulsada, según explican fuentes ministeriales a Redacción Médica, por la contundencia de dos informes del Tribunal de Cuentas que revelan fallos sistémicos, falta de homogeneidad y "maquillaje" estadístico en la gestión de la demanda asistencial. 

Los informes 1.630 (sobre la gestión del Ingesa en Melilla) y 1.577 (sobre los hospitales de Murcia y Badajoz), que este periódico ya recogió cuando se publicó, dibujan un panorama de obsolescencia tecnológica y discrecionalidad administrativa que impide una visión certera de la realidad sanitaria en España. 

El "maquillaje" de listas de espera y falta de criterios comunes

El informe 1.577 es especialmente crítico con la gestión de los registros en Murcia y Extremadura durante 2022. El Tribunal detectó prácticas que distorsionan la percepción pública de las demoras:

• Movimientos masivos de pacientes: En Badajoz, se observó una disminución significativa de pacientes en la lista "estructural" justo antes de las fechas de envío de datos al Ministerio, con un aumento correlativo de pacientes en situación de Transitoriamente no Programables (TNP). En diciembre de 2022, 310 pacientes fueron movidos a esta lista "no oficial" por menos de cinco días y sin justificación clara. 
• Definiciones contradictorias: Mientras la normativa estatal establece un marco, regiones como Murcia aplican decretos propios que excluyen del concepto legal de "lista de espera" a aquellos pacientes que han rechazado centros concertados o que tienen suspensiones médicas, contraviniendo la ley básica. 
• Prioridades obsoletas: Los centros siguen utilizando criterios de priorización de hace más de 23 años, ya que el Consejo Interterritorial nunca llegó a aprobar los criterios comunes previstos en 2003. 

Obsolescencia y caos administrativo en listas de espera

El informe 1.630, centrado en la atención especializada en Melilla, pone el foco en la precariedad de los sistemas que soportan los datos:

• Sistemas de información del año 2000: El Hospital Comarcal de Melilla utilizaba aplicaciones de gestión (HIS) implantadas hace un cuarto de siglo, lo que obliga a la introducción manual de datos en diversas fases, aumentando el riesgo de errores y retrasos. 
• Falta de conexión entre niveles: Los subsistemas de urgencias, hospitalización y consultas no están interconectados, lo que obliga a realizar ajustes manuales que comprometen la calidad y fiabilidad de la información sobre listas de espera. 
• Cómputo erróneo de tiempos: En Melilla, solo el 24% de las facturas por asistencia se emitieron en plazo, y se detectaron liquidaciones de servicios prestados incluso entre 2005 y 2017, evidenciando un descontrol absoluto en el seguimiento de los episodios asistenciales. 

La respuesta de Sanidad

Ante este patente escenario de fragmentación y falta de transparencia, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una consulta pública para un nuevo Real Decreto que sustituya al actual (RD 605/2003). Los pilares de la reforma que "empujan" estos informes son: 

• Homogeneidad total: Establecer definiciones y criterios de salida de las listas que sean idénticos en todas las comunidades autónomas para permitir una comparación robusta. 
• Inclusión de nuevos ámbitos: Por primera vez, el sistema nacional medirá los tiempos de espera en Atención Primaria y en consultas de Salud Mental, áreas que hasta ahora eran "invisibles" en la estadística estatal. 
• Modernización tecnológica: Obligar a la actualización de los sistemas de información clínica para garantizar la integridad del dato y facilitar la rendición de cuentas ante una "creciente demanda social". 

El objetivo final, según el proyecto ministerial, es pasar de un sistema que simplemente "acumula cifras" a uno que permita analizar las causas subyacentes de la demora y garantice la equidad en el acceso de todos los ciudadanos, independientemente de su código postal.