La
reforma del Estatuto Marco sigue generando tensiones entre el
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El último punto de fricción es la intención del departamento que dirige Mónica García de
elevar la retribución de las guardias médicas, una medida que implicaría un sobrecoste que deben asumir las autonomías. Según ha podido saber
Redacción Médica, el rechazo ha sido unánime entre las 17 comunidades, que advierten de que no apoyarán el nuevo texto si no se contempla
una fórmula de cofinanciación por parte del Estado.
Durante la última
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud —en la que se aprobó una
oferta récord de plazas para la Formación Sanitaria Especializada—, el verdadero foco no estuvo en ese anuncio. En el turno de ruegos y preguntas, las 17 comunidades autónomas coincidieron en señalar su preocupación por el nuevo artículo 80 del borrador del Estatuto Marco. El texto plantea que “la jornada de guardia tendrá un reconocimiento retributivo que, al menos, resulte equiparable a la ordinaria”, lo que, según los cálculos de varias administraciones autonómicas trasladados a este diario,
supondría triplicar el gasto actual destinado a este concepto.
Las autonomías recordaron al Ministerio que los sueldos del personal sanitario son competencia autonómica, y que
un aumento de esta magnitud es “inasumible” sin respaldo financiero por parte del Estado. El mensaje fue claro: si no hay cofinanciación, no habrá acuerdo. “Se lo dijimos sin rodeos. No vamos a firmar un Estatuto Marco que nos imponga un gasto millonario sin una fórmula compartida de financiación”, relata una de las fuentes consultadas.
Un debate tenso antes de agosto
El debate no es menor. El nuevo Estatuto Marco —en fase de negociación desde hace más de un año— ha vivido múltiples versiones y aún no convence ni a las comunidades ni a los sindicatos. El Ministerio de Sanidad ha citado a las autonomías a una nueva reunión en la última semana del mes de julio, justo antes del parón veraniego,
con el objetivo de alcanzar un acuerdo político que permita encarrilar la reforma antes de que acabe el verano.
Mientras tanto,
el documento más reciente, enviado el pasado 11 de julio,
sigue generando resistencias. Aparte del aumento del pago por guardias, introduce el fin de la exclusividad obligatoria para los médicos durante los cinco primeros años tras la residencia, así como el reconocimiento como jornada laboral del descanso compensatorio anterior y posterior a una guardia de más de 17 horas, el teletrabajo y la actividad docente o investigadora.
También se establece que los profesionales exentos de guardias por razones de salud, embarazo o lactancia seguirán percibiendo una retribución mediante un complemento específico, y se permitirá a los mayores de 55 años ampliar voluntariamente su jornada con otras tareas. Además, se blinda el derecho de los facultativos a rechazar trabajar
más horas sin que eso tenga consecuencias negativas en su carrera.
Pero ni siquiera estos avances han calmado el malestar sindical. Organizaciones como CESM y el Sindicato Médico Andaluz han reconocido mejoras “puntuales”, pero consideran que el nuevo texto sigue perpetuando situaciones de “maltrato y discriminación”. Reclaman, entre otras cosas, que las guardias dejen de ser obligatorias, que se reduzca el número total de horas trabajadas, y que se permita la jubilación anticipada sin penalizaciones, algo que el actual borrador sigue sin abordar.
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