El
Ministerio de Sanidad ha acordado el método de reparto a las comunidades autónomas de los
10 millones de euros dirigidos a la
formación continuada de los profesionales sanitarios gracias a los Fondos Europeos de Recuperación. Sin embargo, la partida estará sujeta a una serie de
objetivos de obligado cumplimiento. Si algún servicio de salud no es capaz de alcanzar los resultados, deberá retornar el dinero recibido a las arcas públicas estatales.
Estas condiciones forman parte de la propuesta de distribución que el Gobierno hará llegar al conjunto de las autonomías en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que se celebrará este viernes en Palma de Mallorca. “Las comunidades y ciudades autónomas deben
cumplir los hitos y objetivos, en tiempo y forma, establecidos en el presente documento para que puedan retener finalmente los fondos transferidos”, reza el documento al que ha tenido acceso
Redacción Médica.
Sanidad ha fijado
cuatro motivos que se considerarán como un incumplimiento de las condiciones. El principal es no haber cumplido los
objetivos de formación continuada establecidos en la hoja de ruta. Pero también se devolverá el dinero si no se presentan indicadores con
“falta de fiabilidad”, se detecta algún tipo de
“irregularidad” durante la fase de control o no se utilizan los fondos para los fines que se transfirieron a las comunidades autónomas.
En los objetivos figuran dos grandes indicadores. Uno relativo al
volumen de profesionales sanitarios que tendrán que formarse y otro a los
créditos a completar. Como es habitual en estos casos, las cifras se han establecido de acuerdo a los criterios poblacionales.
Andalucía lidera la tabla con una obligación de alcanzar a 4.487 profesionales y completar 17.950 créditos. Le siguen de cerca
Cataluña (3.986 sanitarios y 15.942 créditos) y
Madrid (3.573 millones y 14.292 créditos).
Indicadores de formación continuada por CCAA. Fuente: elaboración propia
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De igual manera, el reparto económico también se regirá por los mismos baremos. Andalucía contará con un presupuesto de más alto con una partida de más de
523.000 euros para el ejercicio de 2023. Le siguen en esta estela Cataluña que recibirá una transferencia de casi 467.000 euros y la Comunidad de Madrid con cerca de
416.000.
Auditoría de los Fondos Europeos en sanidad
Para poder controlar la implementación de la formación continuada, el Ministerio de Sanidad ha establecido un
modelo de auditoría de control. La primera criba se realizará en un periodo de
dos meses, cuando las comunidades autónomas ya deberán haber presentado un certificado de generación de crédito en su respectiva consejería y haber remitido la propuesta técnica de las actividades formativas.
A partir de ahí,
se monitorizarán los indicadores y la documentación de manera trimestral, de acuerdo al manual de uso elaborado por el Gobierno. “Se reportarán los datos acumulados desde el inicio del proyecto, manteniendo de esta forma toda la pista de auditoría”, ha apuntado Sanidad.
El 31 de diciembre de 2023 se deberán presentar ya todos los documentos solicitados por la Comisión Europea, en los que se recogerán el
número de actividades formativas realizadas,
los candidatos, la tipología de los cursos, la modalidad de presencialidad o el número de créditos en curso. Las comunidades contarán con un año más para completar otros datos relativos a los expedientes, certificados económicos,
justificación de inversiones, facturas y una breve memoria explicativa.
“Las comunidades y ciudades autónomas
asumen la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la ejecución del coste estimado a través del seguimiento de la ejecución contable de los gastos”, ha apostillado el Gobierno.
La formación continuada en el SNS
Más allá de las obligaciones de cumplimiento y del desglose de gasto, la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad también servirá para que los servicios de salud conozcan en qué pueden realizar las acciones formativas. Se han definido un total de
19 áreas de conocimiento sobre las que se desplegará la formación continuada, que responden a la evolución científica y tecnológica o las demandas y necesidades que tiene el sistema.
El uso de tecnologías sanitarias y sistemas de información, la
vigilancia en salud pública y epidemiología, la seguridad del paciente y de los profesionales, el uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos la salud mental, la salud ambiental, la prevención de riesgos, la bioética, la comunicación clínica, la medicina basada en evidencia, el trabajo en equipo, la metodología de investigación, el
desarrollo de competencias directivas, la formación de tutores docentes, la
atención al final de la vida, la educación continua o la
detección precoz del cáncer, la violencia de género o el maltrato infantil son los focos de mayor atención.
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