El análisis del primer
Plan de Acción de Atención Primaria no sólo deja como balance los datos positivos de implementación, sino también las carencias aún no cubiertas del primer nivel asistencial. El
Ministerio de Sanidad distingue en el informe publicado este lunes doce áreas de mejora con sus respectivas recomendaciones, aunque sin apenas poner sobre la mesa medidas específicas. La financiación y los recursos humanos son los dos grandes aspectos con deficiencias, que, en buena parte, son fruto de la falta de homogeneización normativa y organizativa entre las comunidades autónomas y el Sistema Nacional de Salud (SNS) como ente holístico.
Más allá de lamentar que la inversión destinada a los servicios primarios de salud ha sido de menos del 15 por ciento del
gasto sanitario público, en el documento se hace alusión a la “variabilidad significativa” en el
presupuesto dedicado a Atención Primaria en las diversas comunidades autónomas. En ese sentido, Sanidad habla de la “dificultad en armonizar, integrar y/o comparar” los datos comunicados por las autonomías por culpa de una “importante barrera metodológica” a la hora de evaluar los indicadores de financiación.
“Todas las comunidades autónomas han dispuesto de un
presupuesto suficiente en sus Consejerías de Salud dirigido a la implementación efectiva de las acciones contenidas en el
Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, si bien en ocasiones este presupuesto no es especifico, debido a la propia organización presupuestaria de la comunidad autónoma”, reza el texto.
En esa línea, en el informe se achaca a la “rigidez en determinadas normativas autonómicas” la limitación de la “flexibilidad” de las medidas para paliar el déficit de
personal en Atención Primaria y mejorar “la capacidad de autogestión de los centros”. Además, se aprecia una “insuficiente disponibilidad de
recursos hospitalarios” y de tutores para formar a residentes del primer nivel asistencial.
Dificultades para aumentar los RRHH en Primaria
Son aspectos que no necesariamente han de interpretarse como tirones de oreja a los servicios de salud autonómicos, puesto que, en algunas ocasiones, son las propias comunidades las que los han detectado y comunicado en sus respectivos
Proyectos Regionales Integrales, los documentos en los que, previa evaluación de la
Dirección General de Salud Pública, se ha basado el
informe sobre el Plan de Atención Primaria.
De hecho, en el documento también se menciona el “alargamiento de los tiempos en la aprobación de la revisión de los
programas formativos de formación sanitaria especializada en Atención Primaria” -un trámite del que se encarga el Ministerio de Sanidad- como uno de los hándicaps que dificulta la llegada de más residentes a los servicios de salud regionales.
En el plano general de los recursos humanos, también se menciona la dificultad de "finalizar en tiempo y forma" el
proceso de estabilización de la Ley 20/2021 antes de que finalice 2024 por el "tiempo asociado a los procedimientos legales y administrativos, la confluencia de distintos procesos de
consolidación de empleo y la complejidad de los mismos".
El resto de áreas de mejora, además de financiación y recursos humanos, identificados en el informe son capacidad de resolución, digitalización, equipo de Atención Primaria, Cartera de Servicios,
calidad asistencial, orientación a la comunidad, empoderamiento de la Atención Primaria, gobernanza en Atención Primaria, accesibilidad y gestión de la demanda, e I+D+i.
En la mayoría de estos ámbitos se identifican problemas de variación de normativa y criterios que lastran el buen funcionamiento del primer nivel asistencial. No obstante, también hay espacio para criticar los tiempos dilatados de la
negociación colectiva.
Dilatación del diálogo social
En el caso de los equipos de Atención Primaria, en el informe se llama a la necesidad de “lograr un consenso y una coordinación adecuados con las
organizaciones sindicales” para evitar que el proceso de incorporación de enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria pueda retrasarse “debido a las negociaciones y ajustes necesarios para la resolución de cuestiones relacionadas con la delimitación de funciones entre distintos perfiles profesionales”.
Ocurre lo mismo en el ámbito de los
recursos humanos, en el que también se critica la “dificultad en alcanzar un consenso con las organizaciones sindicales y mesas sectoriales” como posible causa de retraso a la hora de implantar determinadas medidas.
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