La Ley de Gestión Pública no afectará a los conciertos que están en vigor

El Ministerio de Sanidad vislumbra en la Ley de Gestión Pública una puerta a una “nueva etapa” del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que la encomienda a la privada se convierta en excepción y se permita solo cuando se cumplan ciertas condiciones. De lo que no tiene capacidad el gabinete de Mónica García, independientemente de que el proyecto sea o no aprobado en las Cortes Generales, es de revocar las concesiones que ya se han realizado, reconocen desde el Paseo del Prado, que inciden en que la norma no puede tener efectos retroactivos.

Fuentes de Sanidad indican que el proyecto de Ley de Gestión Pública podría registrarse en el Congreso de los Diputados en el lapso de un mes, una vez se lleven a cabo los informes preceptivos. La suerte estará entonces en manos de los grupos políticos. “Si los parlamentarios consideran que proteger nuestra salud es algo sagrado, votarán a favor”, zanjaba Mónica García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No está siendo para el Gobierno una legislatura fácil en la Cámara Baja, y tampoco parece que la tramitación de la Ley de Gestión Pública vaya a ser una excepción. De hecho, nada más trascender que Sanidad iba a llevar la norma al Consejo de Ministros han surgido las primeras voces críticas desde el ámbito político. Entre ellas, la de Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, quien ha incido en que la administración autonómica ya realiza inspecciones y auditorías con “transparencia” a la hora de realizar concesiones. Además, ha añadido que la futura Ley no tendrá “ningún efecto” sobre los conciertos que ya se han aprobado.

"La Ley va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras"

Un extremo, este último, que confirma el propio Ministerio de Sanidad. “Ninguna Ley es retroactiva”, sentencian las fuentes consultadas, que inciden en que el objetivo es evitar que sigan “proliferando” casos como el que tuvo lugar recientemente en el Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, cuyo CEO, Pablo Gallart, fue señalado por supuestamente instar a su equipo a priorizar el beneficio económico a la atención a los pacientes.

La propia García se ha mostrado vehemente al respecto durante la rueda de prensa de este martes: “La Ley pondrá coto a este tipo de casos absolutamente obscenos, y va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras”, ha incidido.

Foco en el lucro, no en los conciertos sanitarios

Desde el Ministerio de Sanidad inciden, en cualquier caso, en que será necesario realizar un ejercicio de pedagogía en torno de una norma que pone el foco en el “lucro” de los organismos privados, no de todos los conciertos. En Cataluña, por ejemplo, existe un modelo de consorcios públicos y de acuerdos con fundaciones sin ánimo de lucro a los que “no les afectaría en nada” la Ley. 

“No tiene por qué ser público, pero no puede haber ánimo de lucro; esa es la diferencia. Lo que no puede ser que la sanidad se convierta en un parque temático con modelos privados que no funcionan”, sentencian.

En lo que respecta a los acuerdos con entidades privadas, Sanidad pretende establecer que tres “situaciones excepcionales”: que no sea posible la prestación directa, que se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia y que se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

A su vez, se promoverá un procedimiento de evaluación previa “obligatorio” para estos casos, de forma que sea necesario presentar una memoria justificativa “elaborada por la administración sanitaria” y un análisis de un comité compuesto por “personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y la sociedad civil” la publicación. También se exigirá otro informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) “para analizar la sostenibilidad financiera”.