"La Ley de Equidad frena la privatización sanitaria, no la sanidad privada"

El Ministerio de Sanidad no quiere dilatar la tramitación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, a la que considera una ‘llave’ para el blindaje del carácter eminentemente público del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los tiempos y las formas son los que son, dado que la norma, a la que el Gobierno ya trató de dar impulso la pasada legislatura, deberá pasar por las Cortes Generales antes de ser ratificada. Para entonces, la ministra espera haber convencido tanto a los grupos parlamentarios como a las principales asociaciones y entidades del sector, incluidas las representantes del modelo sanitario privado, a las que hace un ‘llamamiento a la calma’: "Vamos a poner freno a la privatización de la sanidad, no a la sanidad privada”.

Lo cierto es que un sector significativo de la sanidad privada acogió con escepticismo la comparecencia de la ministra en la pasada Comisión de Sanidad del Congreso. Durante su intervención, García advirtió de una corriente “privatizadora” de la salud responsable de un “aumento de mortalidad evitable”. A este respecto, abogó por la materialización de una nueva norma que “blinde la gestión directa” del SNS.

Ese malestar en el seno de las compañías privadas de salud lo verbalizó la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que tildó de “insidias” las declaraciones de la ministra. “Son declaraciones que quiebran el imprescindible clima de colaboración para contribuir a una cooperación beneficiosa para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, denunció la patronal.

El Ministerio de Sanidad niega que la futura Ley de Equidad y Cohesión del SNS vaya a obstaculizar a la sanidad privada. El foco, ha indicado la propia García a Redacción Médica, se pondrá sobre la “privatización del Sistema Nacional de Salud”. “Lo que queremos desincentivar es que se busque la gestión indirecta de servicios que ya se realizan en el sistema sanitario. No tiene que ver con la sanidad privada”, incide la ministra, que recuerda que la norma ya hacía referencia a este aspecto en la redacción que le dio la pasada legislatura.

Tramitación de la Ley de Equidad en las Cortes

De hecho, no descarta que el texto sufra más cambios en los próximos meses, una vez se valoren las enmiendas de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Se prevé que el debate en las Cortes sea intenso, y de hecho, el Partido Popular, líder de la oposición y formación mayoritaria en la Cámara Alta, ya avanzó a este periódico su intención de ‘vetar’ el proyecto “si viene tal y como estaba la pasada legislatura”.

Antes de su paso por las Cortes Generales, el proyecto deberá recibir de nuevo el visto bueno del Consejo de Ministros, algo que a priori sucederá "en próximos meses".Lo que sí podría ‘sortear’, según ha podido saber este periódico, es el proceso de audiencia e información pública necesario para este tipo de proyectos legislativos.

Gestión indirecta solo "en casos determinados"

En este sentido, el gabinete de García pretende “rescatar” buena parte de la norma que ya había plasmado sobre una proposición de ley al que el Consejo de Ministros dio luz verde en 2022, cuando gobernaba la coalición de PSOE y Unidas Podemos. La firma que aparece en el documento es la de la exministra de Sanidad Carolina Darias, ahora alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, cuya intención era la de permitir la gestión indirecta en el SNS en “casos determinados”.

“La ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria, siempre motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la gestión directa", alegó entonces.

El texto, eso sí, no contó con el apoyo explícito de Unidas Podemos, que reclamó introducir “límites” a los conciertos con entidades privadas para desbloquear su tramitación parlamentaria.