El proyecto de
ley de Gestión Pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), iniciativa del Ministerio de Sanidad y
sometido a consulta pública el pasado 13 de mayo, sigue generando cuestionamientos y diferencias de parte de las comunidades autónomas, especialmente en las lideradas por los populares. El gobierno de la
Comunidad de Madrid fue el primero en presentar alegaciones argumentando que la norma "pretende invadir competencias que han de entenderse como propias de las Comunidades Autónomas"; sin embargo, no será el único.
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha confirmado a
Redacción Médica que harán lo propio, aunque ha preferido no detallar cuándo.
"Vamos a presentar alegaciones porque no estamos de acuerdo con todos los puntos que dice esa ley", ha dicho este viernes antes de participar de la sesión del Consejo Interterritorial del SNS.
Por su parte, la consejera andaluza de Salud y Consumo, Catalina García, se ha mostrado en la misma línea y ha indicado que
estudiarán el proyecto y brindarán aportes. "Por supuesto que la vamos a examinar, la vamos a estudiar y vamos a hacer aportaciones. Eso está clarísimo", ha señalado a este diario.
Mientras que los castellanoleoneses y los andaluces estudian la propuesta de Sanidad, el
Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) le ha pedido a la ministra del ramo, Mónica García, que se "respete el modelo sanitario catalán" y ha considerado que el texto del proyecto "puede suponer una
injerencia en las competencias en materia de sanidad", coincidiendo con el gobierno autonómico madrileño.
Entre los cuestionamientos planteados por el CSC a través del documento 'Aportaciones al proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema de Salud', destaca que la iniciativa puede
"vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las bases y la coordinación general de la sanidad", así como el artículo 162 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre la organización, el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios.
Análisis del proyecto de ley
Comunidades como
Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Cantabria también analizan a detalle el proyecto de ley de Gestión Pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, aunque hasta el momento no deciden si presentarán alegaciones o no.
"Está
precisamente en estudio en este momento, lo tenemos en Servicios Jurídicos y después pasará al Gabinete funcional", ha respondido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, lo que coincide con el proceso que se sigue en Baleares. "Estamos en
estudio de alegaciones tanto Salud Pública como Asesoría Jurídica de la Conselleria", ha señalado la consejera de Salud y Consumo de las islas, Manuela García.
Mientras tanto, Cantabria estudia "bien el texto" para hacer las aportaciones que resulten convenientes. "
No compartimos lo que dice esta ley, pero todavía lo estamos estudiando y es algo que tenemos que ver con calma", ha enfatizado el consejero de Salud cántabro, César Pascual.
Alegaciones desde el gobierno madrileño
El gobierno de la Comunidad de Madrid advirtió el pasado 27 de mayo que la norma proyectada "podría exceder las competencias estatales en materia de coordinación y bases generales de la sanidad y suponer una vulneración de las normas europeas" ya incorporadas al ordenamiento jurídico nacional. Así lo planteó en el documento con alegaciones firmado por el secretario general técnico, Francisco Lobo.
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