El
Ministerio de Sanidad todavía tiene aspectos que trabajar en materia de violencia de género. Es lo que se desprende del documento 'Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Años 2018-2022. Actuaciones de la Administración General del Estado', que presentó el Ministerio de Igualdad esta semana a la
presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En él se indican varias actuaciones relacionadas con Sanidad que están en proceso de cumplirse, una de ellas es
incluir la formación en género en los estudios de los profesionales sanitarios y en todos los
planes de las especialidades del examen Médico Interno Residente (MIR).
En este mismo sentido, se apunta que las Administraciones Públicas son las que se deben asegurar que en los planes de
formación continua de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) estén incluidos temas dedicados a la sensibilización y formación en materia de prevención, detección y actuación en casos de violencias sexuales, así como en el tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y sus derechos. Asimismo, se debe garantizar el mismo conocimiento en las universidades y apostar por la formación permanente del profesorado universitario.
Por todo ello, desde el Gobierno sostienen que para cumplir con este propósito se han iniciado los trabajos de elaboración de un nuevo desarrollo normativo de la Formación Sanitaria Especializada (FSE): "El objetivo es desarrollar un modelo que
incluya contenidos esenciales comunes a todas las especialidades, que precisan de un refuerzo y ampliación durante el periodo de residencia, como es el caso de la
formación en género. Además, se está
actualizando los programas formativos de las especialidades con el asesoramiento principal del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, para incluir el enfoque de género".
De hecho, una de las medidas recogidas se centra en trabajar con los diferentes territorios para incorporar en los
temarios de oposiciones al SNS temas específicos sobre salud y género donde se incida especialmente en la
detección precoz de la violencia de género a través de los canales que ofrece la sanidad pública.
Detectar violencia de género en la historia clínica
Otra asignatura pendiente para el departamento que dirige José Miñones es contar con la
historia clínica como una aliada para
identificar los casos de violencia de género. Sobre ello hay una solución concreta que todavía se está poniendo en marcha y que se trata de adoptar los protocolos sanitarios e historias clínicas para que, en caso de sospecha de que la sintomatología de una paciente
pueda estar asociada a maltrato, se active la utilización de protocolos de cribado que permitan ayudar a la identificación de casos de violencia de género. En este caso, será fundamental la colaboración de las comunidades autónomas y sus sistemas sanitarios para dicho seguimiento.
Si bien en este informe emitido por el Ministerio de Igualdad se especifica que
ya existen protocolos sanitarios, a nivel estatal y autonómico enfocados, en la detección precoz y prevención de esta lacra social; la principal problemática es que "hay una falta de aplicación de los mismos". Hace escasos días, la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, acusó a los
sanitarios de "fallar" a la hora de detectar casos de violencia de género.
Algo en lo que también se debería trabajar con más hincapié, tal y como se señala en esta evaluación, es en la posibilidad de
introducir en la cartera de servicios la cirugía restauradora para aquellas víctimas de violencia de género que puedan precisarla. Ello se debería evaluar en el Consejo Interterritorial del SNS para incorporarlo.
Por lo tanto, Igualdad 'tira de las orejas' a Sanidad y le pide que empiece a aplicar, a través de su solicitud en el Interterritorial, diferentes medidas referentes a la violencia de género como la
introducción de los manuales de urgencias la violencia de género como diagnóstico diferencial de las distintas patologías; la coordinación multidisciplinar entre centros sanitarios y hospitales; la creación de un programa de actuación específico para la formación de los profesionales de los centros de
Atención Primaria ubicados en el ámbito rural, que permita mejorar la detección de indicios de violencia de género, y la respuesta adaptada a las especiales dificultades de las mujeres en los pequeños municipios; dar a conocer la mutilación genital femenina; o la aprobación de un
plan de atención integral a los hijos de las víctimas mortales de la violencia de género.
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