España apenas lleva un mes
presidiendo el Consejo de la Unión Europea. Desde el pasado 1 de julio, nuestro país ha asumido por quinta vez en su historia dicho cargo, labor que se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre de 2023. Un periodo en el que el Gobierno español tiene la
potestad de señalar como prioritarias cuestiones de la agenda política europea; sin embargo, este periodo de relevancia política y diplomática internacional puede verse empañado por la
situación judicial del ministro de Sanidad, José Miñones.
Fuentes de la Comisión Europea relacionadas con el Comisionado de Justicia y del Estado de Derecho han confirmado a
Redacción Médica que
“están al tanto” y “siguen de cerca” la situación judicial del ministro Miñones, denunciado por los médicos que gestiona el Ministerio
ante el Tribunal Supremo e investigado por el
Parlamento Europeo tras una reclamación de la Organización Médica Colegial (OMC).
Una circunstancia que
empaña la imagen pública del Gobierno de España en plena presidencia del mencionado Consejo Europeo, donde cada ministerio, también el de Sanidad, han preparado una
hoja de ruta de temas preferentes sobre los que trabajar los próximos seis meses. En concreto, Sanidad tiene previsto avanzar en
tres reglamentos clave: el de Tasas EMA, el de Espacio Europeo de Datos Sanitarios y el reglamento sobre Sangre, Tejidos y Células (SoHO).
Dos investigaciones paralelas al ministro de Sanidad
Una labor que convivirá con dos investigaciones paralelas. Por un lado,
de dimensión nacional, la que emprenderá la Fiscalía del Tribunal Supremo para analizar el desempeño de Miñones durante la huelga que todavía mantienen los médicos de
Ceuta y Melilla por la falta de recursos que afectan a los sistemas sanitarios de estas ciudades autónomas, y que son
gestionados directamente por el Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Según los denunciantes, Miñones habría optado por no dar respuesta a sus numerosas peticiones durante meses y con la huelga ya en marcha; situación que les ha hecho denunciarle ante el Supremo.
Por otro lado, y
esta de dimensión europea, esta semana se ha conocido que el Parlamento Europeo
investigará la labor de Miñones para dar respuesta a la citada crisis asistencial de Ceuta y Melilla. Lo hará después de que la Comisión Parlamentaria de Peticiones (PETI) de la mencionada cámara haya
admitido a trámite la demanda de la organización que representa a
todos los médicos colegiados españoles para que la calidad de la sanidad en ambas ciudades sea la adecuada. Todo ello en un clima de relaciones tensionadas entre el Ministerio de Sanidad y los médicos que son de su competencia después de que fuentes ministeriales explicaran a este periódico que, en contra de lo denunciado por los facultativos,
el diálogo siempre había estado abierto.
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