El Gobierno no contempla que el
gasto público destinado a la Sanidad alcance el 7 por ciento del PIB hasta el año 2050. Así consta en la actualización del
Programa de Estabilidad que el Ejecutivo ha remitido este mismo viernes a Bruselas, que fija en el 1,3 el incremento de la inversión entre el 2019 y el 2070.
El documento, que forma parte de la información enviada a la
Comisión Europea con motivo de los fondos de recuperación Covid, refleja una proyección de la evolución del PIB en diversos ámbitos y atendiendo a supuestos macroeconómicos, institucionales y de política económica, así como al escenario demográfico.
En este sentido, el Ejecutivo central apunta a que, si en el 2019 la inversión en Sanidad alcanzó el 5,7 por ciento del PIB,
la tasa alcanzaría el 6,2 por ciento para 2030. No será hasta diez años más tarde cuando se alcance el 7 por ciento. Según estas previsiones, el gasto destinado a este ámbito
se mantendría estable durante las siguientes dos décadas, con un ligero incremento de una décima en 2060.
Capacidades profesionalidades y temporalidad
En el documento, el Gobierno incide en que su objetivo en el ámbito sanitario es el de
“fortalecer el Sistema Nacional de Salud” a fin de hacerlo “más proactivo, resiliente y sostenible” y que “siga siendo un pilar del Estado del Bienestar”. Un objetivo que, asume, implica “corregir debilidades” y llevar a cabo medidas como la de “fortalecer la
atención primaria y comunitaria” para convertirla en el “eje vertebrador del sistema sanitario español”.
Por otro lado, el Gobierno incide en la necesidad de reformar el sistema de salud pública “con el objetivo de reforzar la
capacidad preventiva del sistema sanitario” y evitar así “la aparición de enfermedades”.
El documento contempla asimismo el
“refuerzo de las capacidades profesionales y la reducción de la temporalidad”. En este sentido, contempla medidas como la reforma de la Ley que regula el personal sanitario en España, la mejora de su formación, el desarrollo profesional y la recertificación de competencias y el refuerzo de las capacidades y competencias de los profesionales de la sanidad,
“con especial atención a la formación”.
Paralelamente, aboga por una reforma de la
regulación de medicamentos y productos sanitarios. “Esta reforma pretende actualizar el marco regulatorio español en relación con los medicamentos y productos sanitarios para adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en materia de política farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”, destaca.
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