El Consejo de Ministros aprobó este martes el
anteproyecto de ley que establece un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad. La normativa, que cuenta con aportaciones de 10 Ministerios, busca reducir la toma a 0, retrasar la edad de inicio y proteger de las consecuencias de la ingesta de bebidas etílicas a este sector de la población mediante la sensibilización y un sistema de sanciones que alcanza multas de 600.000 euros. Una regulación en la que también los profesionales del ámbito de la salud cuentan con un papel relevante tanto en la concienciación como en el tratamiento.
Así, las plantillas de
Atención Primaria y Enfermería contarán con espacios en los que se concienciará a los individuos de menos de 18 años sobre los beneficios de no tomar alcohol. En términos sanitarios, también se establecerán protocolos relacionados con el consumo de este tipo de productos -también en mujeres embarazadas- y se reforzará el tratamiento de problemáticas como la intoxicación etílica. Estos irán unidos a una posible mejora formativa de los sanitarios, decisión que dependerá de los acuerdos a los que se llegué en el marco de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No obstante, se prevé que los grados universitarios que puedan incidir en la vida de la población más joven, como es el caso de los de salud, cuenten con contenidos para evitar el acceso y uso de bebidas alcohólicas.
Estas medidas se unen a
la inclusión del consumo de alcohol en la historia clínica de los menores, una de las principales novedades del anteproyecto de ley. Este registro ayudará al control en las revisiones médicas con el fin de detectar supuestos casos de adicción. "El 73 por ciento de los menores han tomado alcohol en algún momento de su vida. Con este contexto, había que dar un paso más a nivel legislativo", ha destacado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante una sesión explicativa para medios de comunicación.
De 60 a 600.000 euros de multa por incumplimiento
Sanidad ha recalcado que esta normativa tiene "una orientación preventiva y de modificación de conducta". No obstante, también contará con una
serie de sanciones en caso de incumplirse lo dispuesto en esta. Por ejemplo, en caso de tomar alcohol en la calle, el menor -aplicable también en adultos- tendrá que acudir a cursos de sensibilización, pero si no acude sus progenitores tendrán que pagar una multa. En este caso, se considera infracción leve, por lo que iría de los 60 a los 600 euros. En este grupo, también se incluyen la no realización de programas de concienciación o la ingesta cerca de recintos o eventos para menores.
En el caso de las
infracciones graves, como es el caso de la compra de bebidas alcohólicas, el inclumplimiento de las medidas en eventos y publicidad, la venta a menores o la inducción de un adulto a la toma, la sanción económica se estable entre los 601 y 30.000 euros. Las muy graves alcanzan los 600.000 euros, como es el caso de la violación de la normativa por parte de las autoridades sanitarias.
Asimismo, el quebrantamiento de esta norma podría acarrear
otro tipo de sanciones, como el cierre de locales o el impedimento en la colaboración con las Administraciones Públicas.
Las bebidas 0,0 se incluyen en el anteproyecto
La propuesta normativa toca distintos aspectos que van desde la publicidad hasta la venta de esta clase de productos. No obstante, la norma
no afecta únicamente a bebidas graduadas, sino también a las denominadas 0,0 -sin alcohol-, que actúan como sustitutas de las primeras y son comercializadas por las mismas empresas que sirven cerveza, vino o licores. "Al final, estas también funcionan como reclamo para las marcas. Hay que acabar con el '0,0 washing'", ha remarcado Padilla.
Así, elementos como la cerveza sin alcohol
tampoco podrán contar con anuncios en transporte o a 200 metros de zonas frecuentadas por menores en la vía pública ni ser dispensadas ni tomadas en instituciones académicas, instalaciones deportivas, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para este sector de la ciudadanía. En relación a su compra e ingesta, esto afecta tanto a los más jóvenes como a los adultos en los mencionados lugares.
A su vez, tampoco se encontrarán productos sin graduación en las máquinas dispensadoras, como dispone el anteproyecto de ley para las bebidas alcohólicas. Precisamente, en relación a la venta, los encargados de comercios minoristas contarán con sesiones formativas sobre esta norma y los peligros sobre el
consumo de alcohol.
Presentación de alegaciones hasta el 5 de agosto
La
publicidad dirigida a niños y adolescentes es una de las cuestiones más tratadas en el texto normativo. Más allá de la prohibición de colocar anuncios en la vía pública cerca de centros docentes, de menores o parques o su emplazamiento directo en los citados, el anteproyecto de ley busca acabar con la difusión de vídeos en los que se incite al consumo de alcohol; la presencia de reclamos en páginas web, redes sociales o servicios de mensajería instantánea empleados por este sector de la ciudadanía; el envío de publicidad por correo electrónico o teléfono a cualquier persona no adulta y la impresión de carteles, folletos, libros y materiales didácticos en los que se promueva la ingesta.
La normativa
saldrá a consulta pública el próximo lunes 5 de agosto y estará abierta a aportaciones hasta mediados de septiembre. Un anteproyecto de ley en el que Sanidad ha colaborado con los principales representantes del sector, como Cerveceros de España, la Federación Española de Bebidas Espirituosas o la Federación Española del Vino.
Padilla ha afirmado que esta norma ayudará a
"homogeneizar el panorama estatal", ya que hay comunidades autónomas que cuentan con legislación referente a este asunto. Bajo sus palabras, una problemática que ha crecido desde el fin de la pandemia, impulsada por el fin de las medidas restrictivas para la expansión de la Covid. "El alcohol afecta al futuro desarrollo de los menores. Es hora de acabar con el llamado 'consumo responsable'", ha sentenciado.
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