García pide a las CCAA que apliquen las mejoras del nuevo Estatuto Marco

Mónica García ha vuelto a defender la modificación del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, que “nace de un diálogo muy fructífero durante meses con los representantes legítimos del Ámbito de Negociación”. Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso este martes, ha dicho que esta es “la reforma más importante” de las condiciones laborales del personal sanitario en 23 años -el Estatuto Marco actual entró en vigor en 2003-. “El Estatuto Marco no es patrimonio del Ministerio de Sanidad, sino de las luchas de los profesionales durante tantos y tantos años”, ha subrayado antes de “invitar” a las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de sanidad, “a que hagan esta materialización de las mejoras de las condiciones laborales y el desarrollo profesional”.

García ha evitado referirse inicialmente a la huelga médica, cuyo paro semanal de marzo -el segundo tras el de febrero- comenzó este lunes. Sí ha recordado de nuevo las 25 reuniones mantenidas con los sindicatos médicos que han convocado huelgas en los últimos meses y las más de 60 reuniones con la mesa del Ámbito de Negociación, fruto de lo cual, como ya apuntó este lunes, se han alcanzado “dos acuerdos y múltiples preacuerdos”.

Uno de esos pactos ha sido con el Foro de la Profesión Médica, anunciado a primeros de marzo y que contempla, entre otras cosas, modificar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para reforzar el papel del propio Foro en la negociación de condiciones laborales. “No será por falta de diálogo”, ha señalado la ministra. Este martes, precisamente, Sanidad ha iniciado el proceso de consulta pública para actualizar el marco de clasificación profesional del Sistema Nacional de Salud reformando la LOPS, lo cual “ha abierto una segunda vuelta para materializar las reivindicaciones” del personal estatutario. “Vamos a poder abordar otras cuestiones que no entran en el ámbito competencial del Estatuto Marco como la clasificación y el desarrollo de itinerarios formativos en áreas de capacitación y diplomas acreditativos”, ha explicado.

Organizaciones de pacientes, Gestión Pública y universalidad

García ha aprovechado su comparecencia en la Cámara Baja para repasar algunos de los hitos de legislatura en su departamento, como el impulso de la Ley de Organizaciones de Pacientes. En ese sentido, ha anunciado la creación de una mesa de participación de estos colectivos “para dar un paso más” en su “institucionalización”. Será “un órgano estable en el que las organizaciones de pacientes puedan contribuir al seguimiento y la evaluación de políticas sanitarias”.

La ministra también ha resaltado los avances para sacar adelante la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que aún no ha dado el salto a las Cortes. Servirá, según ha remarcado, para “hacer frente a la corrupción institucional frente a especuladores y mercaderes de lo público”. A esa iniciativa se suma el Real Decreto de universalidad para eliminar trabas administrativas que, desde 2018, dificultaban el acceso a la asistencia sanitaria a los migrantes cuya situación no estaba aún regularizada en España aunque llevaran años viviendo en el país.

“La atención depende de la condición de ser persona, es de primero de derechos humanos”, ha defendido. Según la dirigente de Más Madrid, esta norma no viene sino a reestablecer la “normalidad” que introdujo en España la Ley General de Sanidad en 1986: “Nuestro sistema sanitario es universal, de calidad y se paga con impuestos”, ha indicado para desmentir los “bulos” y los “análisis racistas y xenófobos”: “La sanidad pública no se paga con cotizaciones sociales, cualquier persona que paga con IVA ya está contribuyendo. Lo que atenta contra la sanidad es la evasión de impuestos”.

Interrupciones voluntarias del embarazo y registro de objetores

García ha aprovechado el altavoz del Congreso para anunciar que, “en los próximos días”, el ministerio enviará una carta a las comunidades autónomas solicitando “información detallada” sobre la gestión de las interrupciones voluntarias del embarazo en los términos previstos en la ley, es decir, dando preferencia a las intervenciones en la sanidad pública. “Todas las comunidades autónomas han dado pasos en este sentido menos Madrid, donde el 99 por ciento de estas intervenciones se siguen derivando a clínicas privadas”, ha lamentado la ministra.

El Gobierno madrileño sigue resistiéndose a crear un registro de objetores de conciencia para practicar abortos a pesar de que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le obligó a hacerlo como medida cautelar tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Sanidad.

García ha avanzado que, “en el momento que sea necesario”, Sanidad acudirá al artículo 410 del Código Penal, que establece “multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años” a aquellas “autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior”.