García: "El Estatuto Marco va a cambiar la forma de trabajar en sanidad"

Mónica García cumple su primer año en el Ministerio de Sanidad con ‘mecha’ y ambición, afirma, para desplegar la totalidad de su propuesta normativa. Incluso en un escenario político tan fragmentado y complejo como el actual. “Venimos avalados por la evidencia científica y somos persistentes y pertinaces a la de hora de convencer”, desliza a Redacción Médica. Su cajón sigue lleno de proyectos, aunque confía en aligerar pronto buena parte de esa carga con la reforma del Estatuto Marco, la ley de Garantías y la de Atención Primaria en el horizonte.

En su primera entrevista tras cumplir un año en el cargo, la ministra de Sanidad analiza el presente y el futuro de un departamento que busca no solo “cambiar la manera de trabajar” en el conjunto del Sistema de Salud (SNS), sino también gestionar para acabar con las debilidades del mismo. Desde la “ingeniería estadística” del modelo de listas de espera hasta las inequidades en el acceso a fármacos e innovación en salud. "Soy una enamorada y profundamente orgullosa de nuestro sistema sanitario -sostiene-. Creo que estamos ofreciendo el mejor sistema sanitario posible, aunque tenga sus dificultades”.

Mónica García destaca los avances de este primer año como ministra de Sanidad.

Hace cinco años, en noviembre de 2019, nos sentábamos en este mismo plató para hacer una entrevista de cara a las elecciones generales de aquel año, para las que concurría bajo el paraguas de Más País. Entonces, me dijo que “desde el Ministerio de Sanidad se pueden hacer políticas útiles para todo el Estado español”. También se cumple el primer aniversario de legislatura al frente de ese ministerio del que hablaba entonces. ¿Qué avances destaca de este primer año? ¿Qué hubiera querido avanzar con mayor celeridad? 

Esa frase viene de haber considerado durante mucho tiempo, seguramente hasta que llegó la pandemia, que el Ministerio de Sanidad no tiene competencias o es un ministerio 'María'. Yo niego la mayor, creo que es desde el Ministerio de Sanidad donde se vela por la sanidad, por la salud de toda la población. Desde el que se hacen los marcos regulatorios y los marcos que homogenizan y que hacen que cualquier paciente o cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga el mismo acceso y las mismas oportunidades a preservar su su salud.

Con respecto a este año, lo primero es que nos hemos encontrado con un equipo de funcionarios absolutamente maravilloso. Desde que llegamos al Ministerio lo que hemos hecho ha sido abrir todos los cajones, sacar todas aquellas normas o legislaciones que estaban pendientes desde hace mucho tiempo o que, por lo que sea, no se habían impulsado. Desde el Plan de Prevención contra el Tabaquismo hasta todos los planes que tienen que ver con la Atención Primaria, el impulso del cuidado de nuestros profesionales, el Estatuto Marco, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, etcétera.

Ha sido un año muy fructífero, sabiendo de los tiempos políticos y los tiempos parlamentarios. Una vez que tú dejas la normativa, como tenemos la Ley de la Agencia de Salud Pública o la Ley de Universalidad, en el Congreso, ahí los tiempos se dilatan un poco más. Yo que soy anestesista, que estoy acostumbrada a actuar nada más surge el problema, pues los tiempos políticos son un poco más dilatados. Pero siempre que sean para cambiar estructuralmente parte de nuestro sistema sanitario, esperaremos lo que sea necesario.

"La actual ley de listas de espera permite ingeniería estadística de las autonomías"

Comentaba el tema del Estatuto Marco. Estos últimos días se están sucediendo reuniones del Ministerio con distintos sindicatos que conforman el Ámbito de Negociación. Sobre la mesa están dos cuestiones que ha abanderado, como son la reducción de la jornada y la eliminación de las guardias 24 horas. En este sentido, me gustaría saber en qué punto se encuentran ahora mismo esas negociaciones, si esa adaptación de jornada va a tener en cuenta las especificidades de cada profesión sanitaria y cómo se pueden reducir esas jornadas semanales de 37,5 o 35 horas; o las jornadas máximas de 17 horas que pusieron sobre la mesa los sindicatos. 

El Estatuto Marco es una de las normativas que ahora mismo rigen la calidad del trabajo de nuestros profesionales que está más obsoleta. Nos seguimos rigiendo por una ley del año 2003 que ya en algunos de sus artículos tenía cuestiones completamente preconstitucionales. Una de las iniciativas que yo he querido impulsar con ímpetu, no solamente como un cambio de chapa y pintura, sino con un cambio profundo de la estructura de nuestra regulación, es todo lo que tiene que ver con la definición de las jornadas: lo que supone una jornada ordinaria una de guardia, una extraordinaria... Regular, no solamente desde el punto de vista de la seguridad y la salud de los profesionales, sino también de la garantía y de la seguridad de los pacientes, a los que estamos poniendo en riesgo. Siempre lo decimos, nadie quiere ser el paciente que es atendido en la hora 23, después de llevar 23 horas trabajando ese profesional .

Yo que he hecho muchas guardias a lo largo de mi vida y que me he pasado muchas noches en el hospital, creo que tenemos un sistema que es completamente arcaico, que no regula bien, en el cual no somos capaces de desarrollar plenamente la potencialidad que tenemos como profesionales y que no somos capaces de desarrollar el cuidado de nuestros pacientes.

Los cambios profundos requieren también negociaciones y reflexiones profundas, y no solamente hablamos de la jornada, también hablamos de la profesionalización de la gestión, de la carrera profesional, de la gestión por competencias, de la reclasificación... Hay muchísimas cosas de muchísimo calado que estamos hablando en el Estatuto Marco y por eso lo estamos haciendo con especial cuidado, hablando bilateralmente con los sindicatos implicados y también con expertos, sociedades científicas, colegios profesionales, etcétera. Creo que esta es la norma que va a cambiar, en un futuro, la manera de regular nuestra manera de trabajar.

Esther Ortega, jefa de Sección de Política de Redacción Médica; Adrián Mateos, periodista de Redacción Médica; y Mónica García.

¿De qué plazos estamos hablando para que esa reforma esté lista o haya un acuerdo con las partes implicadas?

Se lleva trabajando ya mucho tiempo y hay muchas partes de la norma que están muy trabajadas, obviamente esas las hemos recogido y las vamos a desarrollar. Había determinadas innovaciones dentro de nuestro sistema sanitario que requerían de una reflexión y de un tiempo pausado para poder pensar cómo se pueden aplicar tanto jurídicamente como en la vida real. Esto pasa un poco con los fármacos. Una cosa es un ensayo clínico y otra cosa es cómo se aplica en la vida real. Para eso yo creo que necesitamos un diálogo, que es lo que estamos teniendo con consejeros, con comunidades, con sociedades científicas y, por supuesto, con los sindicatos. Y en eso estamos. Nuestra pretensión es que tengamos un texto de lo más parecido ya al texto final al terminar este año o principios del siguiente, como muchísimo.

A partir de ahí entra otra vez la vía legislativa, en la cual, obviamente, vuelve a entrar el juego legislativo de las enmiendas, etcétera. Yo sí que creo que merece la pena plantearse el Estatuto Marco desde un cambio de reconstrucción profunda de nuestro de nuestro régimen jurídico, de ordenación profesional. Porque es que el Estatuto Marco tenía o tiene elementos que son todavía más precarios que el Estatuto de los Trabajadores. Nadie entiende que los médicos y médicas seamos de las pocas profesiones que trabajamos 24 horas y seguimos trabajando. Al final acumulamos a lo largo de la semana un número de horas absolutamente incompatible con la buena praxis. Y nadie entiende, además, que haya determinados elementos jurídicos que hagan que encima debamos horas. No solamente haces horas nocturnas y horas de penosidad, sino que además le debes horas a la Administración y no cuentan como horas trabajadas. Yo te puedo asegurar que las horas de la 01:00 a las 06:00 de la mañana son horas trabajadas y muy trabajadas, entonces no tiene ningún sentido que no cuenten.

Queremos ir más allá, a un desarrollo profesional horizontal, a una profesionalización de la gestión. La propia sociedad de directivos dice que su cargo depende más de su color político que de sus conocimientos y esto es un lastre para nuestro sistema sanitario. Todas estas cosas las tenemos que ir abordando, igual que la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, igual que las funciones y muchas cosas que llevan mucho tiempo pendientes, porque son, digámoslo así, melones muy complejos de abrir y que luego te abren otra serie de problemas o dificultades. Pero hemos venido al Ministerio a hacer política de corto, de media y de largo plazo.

Mónica García ha analizado cómo se pueden reducir esas jornadas maratonianas de la sanidad.

Comentaba el tema de las competencias, que también se engloba dentro de esa reforma del Estatuto Marco junto a la clasificación de las profesiones sanitarias. Tenemos por un lado a los médicos que quieren estar en el A1plus mientras Enfermería demanda estar en el A1. Subyace también el debate de la prescripción enfermera. Hasta ahora se estaba apostando por guías de indicación y desde el Ministerio se ha apostado por la prescripción directa en determinadas situaciones. ¿Qué solución concreta está planteando desde Sanidad para esa reclasificación? ¿Será acorde con el Espacio Europeo de Educación Superior? Con el tema de la prescripción enfermera, ¿qué batalla legal esperan en este sentido dadas las denuncias de entidades médicas por la publicación de guías de indicación?


Necesitamos una clasificación que se adecúe a la realidad de nuestro sistema sanitario, que no siempre es la misma realidad que la de la Administración General del Estado. Vamos a hacer una clasificación basada en los MECES-MECUS. Estamos en periodo de negociación pero yo creo que es (la clasificación) más sensata. Luego tendrá que tener sus equivalencias, en caso de ser necesarias, con la Administración General del Estado.

Respecto a la prescripción enfermera, es interesante ver cómo abordamos que cada una de nuestras categorías profesionales sean capaces de ejercer el máximo de sus competencias; cómo aprovechamos todo el talento y todos los recursos que tenemos en un sistema que necesita muchos recursos. Y el cómo ofrecemos al paciente desde la gestión de la demanda, no desde la gestión de la oferta, al mejor profesional para que dé sus mejores conocimientos en cada una de las situaciones.

Desde que hemos llegado (al Ministerio), hemos apostado por ampliar el rol y las competencias de Enfermería siempre y cuando haya un respeto de funciones. Creo que aquí no hay ningún tipo de choque competencial. Los médicos y las enfermeras y el resto de las categorías hemos aprendido, durante estos años, a trabajar de manera multidisciplinar. Está bien que cada uno sepamos cuáles son los límites, que nos los ponen nuestras capacidades y nuestro conocimiento. Nadie quiere hacer nada para lo que no está formado y lo que sí que queremos es que todos los pacientes tengan la mejor asistencia dada por el profesional que en ese momento le toca y le va a ofrecer el mejor conocimiento. En este sentido, sí que queremos elaborar y desarrollar la prescripción enfermera, o ampliar los roles y las competencias.

Las competencias de los médicos y médicas de Atención Primaria están muy desarrolladas y tenemos que dar también un empujón a las competencias y los roles de la Enfermería en Atención Primaria. Insistimos, por ejemplo, en el Estatuto Marco, en que el trabajo es multidisciplinar, que ha cambiado, no es una jerarquía y tenemos que trabajar de la mejor manera posible para beneficiar, básicamente a quien nos debemos, que es a nuestros pacientes.

La ministra de Sanidad ha explicado su proyecto de competencias de los profesionales sanitarios.

Otra de las cuestiones que demandan los distintos profesionales del sistema sanitario es la jubilación anticipada, de la que ya gozan otras profesiones, y donde entran en juego distintos ministerios. Ayer mismo, Alda Recas, diputada en el Congreso y hasta hace poco asesora del Ministerio de Sanidad y coordinadora del Comité de Cuidados, planteó que, desde el Ministerio, se estaba valorando hacer algún estudio en busca de las evidencias por las que la sanidad debería, o no, optar a esa prejubilación.  ¿De qué forma se la plantea el Ministerio de Sanidad y cómo se está negociando con otros ministerios del Gobierno?

Al ser un tema que no es meramente competencia nuestra, sería imprudente que yo hablara de algo. Sobre todo, lo tienen que decir Función Pública y Seguridad Social, que son dos ministerios competentes. Cuando hablamos de jubilación, tenemos que ver un paquete más amplio socialmente, no solo lo que nos afecta a nosotros. Sería imprudente por mi parte manifestar cualquier cosa que no haya sido hablada, dialogada y consensuada con el resto de los ministerios.

Otra de las medidas clave es la nueva ley de listas de espera. Nos comentaron que se iba a basar en dos reales decretos antiguos como base. ¿De qué forma se va a normativizar? ¿Para cuándo se prevé que pueda haber novedades y qué plazos le gustaría fijar el Ministerio de Sanidad, por ley, teniendo en cuenta que los recogidos en el RD de 2003 no se están cumpliendo?

Efectivamente, la de las listas de espera es una norma completamente obsoleta que queremos renovar para darle, fundamentalmente, transparencia y trazabilidad. Ahora mismo tenemos una ley que permite ingeniería estadística y que cada comunidad dé un dato que no sabemos muy bien a qué se refiere. ¿35, 42 o 52 días para qué? ¿para operarte la nariz o un tumor diagnosticado? ¿Para ver a un especialista para una patología menor o para una grave? Ahora mismo tenemos una caja negra que se llama listas de espera y que ha sido utilizada bastante torticera y políticamente por algunos actores políticos para hacer una especie de ranking absurdo.

Lo que tenemos que hacer es pensar en el paciente que espera; y por eso, lo que queremos hacer es, desde un punto de vista estatal, establecer en qué momento se empiezan a recoger los datos y cómo se recogen. Ahora que estamos en un mundo digitalizado somos capaces realmente de saber cada uno de los procedimientos por los que pasa un paciente, desde que va a Atención Primaria hasta que pasa al especialista y le manda una cirugía. Esa trazabilidad es importante. Además, tenemos una ley de listas de espera que solo se aplica a nueve procedimientos, porque son los más frecuentes, pero que a mi parecer no son los que más importantes. No sé si me importa mucho saber cuánto se tarda en operar un juanete; si es incapacitante sí, pero si no, puede esperar. Lo que no puede esperar es un proceso oncológico, un diagnóstico o una consulta de un psiquiatra.

Con respecto a los plazos, es muy difícil marcarlos si no decimos primero cómo lo vamos a gestionar. Tenemos todas las herramientas para poder hacer un diagnóstico real de qué está pasando en las comunidades. No es una carrera para ver quién lo hace en menos días y publicarlo, o por ver quién lo hace más transparente. No es hacer titulares desde los gobiernos. En ese aspecto, tenemos un grupo de trabajo con las diferentes comunidades en el Consejo Interterritorial y otro grupo de expertos para ver cómo hacemos que las listas de espera sean realmente la herramienta para dar respuesta a la demanda sanitaria, no un impedimento.  

Mónica García cree en un modelo de listas de espera basado en transparencia y trazabilidad.

¿Cuándo se prevé tener documentos iniciales de esa actualización normativa?

Relativamente pronto, porque lo tenemos más o menos perfilado. Sobre todo, tenemos claro qué queremos hacer y dónde queremos ahondar: insisto, en la transparencia y la trazabilidad. Y tenemos claras también las herramientas y los datos para hacerlo. Solo nos falta, uno, que se haga la ley, por supuesto; y dos, que se cumpla. Porque aquí te dan una unos datos de listas de espera tapados, no estás viendo realmente qué está pasando.

Supongo, entonces, que están buscando ese encaje para acabar con esa opacidad y obligar a que todos los datos sean ciertos.

Cuando los datos no son ciertos, ¿a quién perjudicas?  A los pacientes. Yo me imagino a uno que lleva esperando meses a que le hagan un diagnóstico, a que le vean en la consulta, y luego salga un titular diciendo que su comunidad es la que menos listas de espera tiene. Es una falta de respeto. Vuelvo a insistir, los propios profesionales queremos saber, queremos decirle a nuestro paciente: ‘mira, tienes para este procedimiento en este hospital en esta comunidad’. Pero estamos haciendo negacionismo de la buena gestión sanitaria, aunque hay comunidades que, creo, por lo menos ponen interés en que realmente se resuelva el problema.

El tiempo apremia para dar salida a un calendario normativo apretado. En el horizonte inmediato están, por ejemplo, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y la Ley de Garantías. ¿Se llegará a tiempo para este mismo año o habrá que esperar a 2025?

A nosotros nos gustaría que, por lo menos, se tramite lo antes posible la ponencia de la Agencia Estatal de Salud Pública, que es la primera que ha llegado. Esperamos que sea antes de navidad y vea la luz cuanto antes, aunque vuelvo a decir que, aunque entreguemos el trabajo hecho al poder legislativo, este tiene sus tiempos. El proceso es lento pero seguro, y tiene detrás mucho trabajo detrás que no siempre se ve. De explicación, de enmiendas… La Agencia de Salud Pública es una demanda que llevamos esperando desde el año 2011 y que vimos que era apremiante con la pandemia, que demostró la importancia de tener una vigilancia epidémica a través de una red que actúe a nivel estatal.

El Ministerio de Sanidad espera que se tramite lo antes posible la ponencia de la Agencia Estatal de Salud Pública.

¿El Consejo de Ministros tramitará esa Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios antes de enero?

Estamos trabajando para que así sea. Es verdad que tenemos por delante muchas iniciativas, como el plan de Industria farmacéutica, pero sí me gustaría que se desarrollara esa Ley de Garantías que también supondrá un buen impulso para toda la industria farmacéutica, para la buena regulación de los medicamentos. Es una conjunción de los intereses de la industria y del público.

Al hilo de lo que dice; tanto el sector ‘pharma’ como las comunidades autónomas han exteriorizado su preocupación por la rebaja del precio del genérico frente al de la marca del medicamento ante el riesgo de que se generen desabastecimientos. ¿Cómo se va a afrontar esta cuestión?

Lo que hemos hecho ha sido añadir flexibilidad. Es cierto que a veces la fijación de precios a la baja ha causado desabastecimiento o cierto desinterés por parte de las industrias a la hora de comercializar. Pero hay fármacos a los que se les puede bajar el precio y otros a los que hay que ponerlos en el nivel de lo que realmente aportan a la salud de los ciudadanos, a ese valor añadido. Es en esa flexibilidad donde se mueve la Ley de Garantías, que no es que venga a reducir el espacio de negociación sino todo lo contrario. Hay que poner en el centro cuál es el valor añadido, qué aportan no solamente los medicamentos innovadores sino también los genéricos, los biosimilares y las nuevas indicaciones. Creo que va a quedar una Ley adecuada a la realidad de las necesidades de los pacientes y al interés general.

Sanidad dividió en tres proyectos normativos la llamada ‘Ley Darias’ para facilitar su tramitación en el Congreso. Sobre la mesa están la Ley de Universalidad, la de Cohesión y la de Gestión Pública. Son iniciativas ambiciosas que llegan, eso sí, en un escenario en el que sacar adelante proposiciones en el Congreso es especialmente complejo. ¿Pueden estas leyes ser lo suficientemente ambiciosas como para atraer a otras fuerzas políticas y evitar que vuelvan a encallar?

Somos ambiciosos. Venimos avalados por la evidencia científica y también hemos sido persistentes y pertinaces a la hora de convencer. Es verdad que hay una aritmética parlamentaria complicada, pero creo que el sistema sanitario es capaz de aglutinar a las diferentes fuerzas políticas, sobre todo en los elementos que se refieren a la protección de nuestros ciudadanos. Lo vemos también en el Consejo Interterritorial, donde, a pesar de lo que pueda parecer fuera, hay un trabajo importante entre diferentes sentires políticos. De nuestro sistema estamos orgullosos izquierdas y derechas, incluso aquellos que lo han intentado desguazar y privatizar. Es un orgullo reconocido en el resto del mundo. Y creo que, con persuasión, siendo ambiciosos, vamos a intentar que salgan todas las leyes. Por lo menos, por nuestra parte que no quede. 

"Tenemos que ser capaces de intervenir allí donde queremos innovar en sanidad"

La industria ha recogido con optimismo ese real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias destinado, entre otros ámbitos, a crear un sistema de acceso temprano a innovaciones en salud. Reclama sin embargo líneas presupuestarias determinadas para, por ejemplo, terapias avanzadas. ¿Qué planes hay en este aspecto? ¿Cómo se está estimulando el acceso temprano a la innovación?

Lo que estamos haciendo con el plan de industria farmacéutica es algo tan interesante como aunar los intereses legítimos y comerciales de las diferentes industrias con el interés general. Que el sector público, el Estado, las comunidades, las instituciones… no seamos un convidado de piedra, sino que seamos capaces también de intervenir y decidir dónde queremos que se innove. A dónde queremos llegar. Y que haya también unos saldos sostenibles para todos y todas, porque si no, de alguna manera rompemos la baraja. No podemos es dejarnos todo el esfuerzo presupuestario en pequeños avances que nos impidan llegar a uno grande. Que estos pequeños avances que vemos no nos impidan seguir investigando e invirtiendo en el gran avance que es hacer de muchos tumores una enfermedad crónica que no altere la calidad y la esperanza de vida. En ese equilibrio estamos trabajando.

Somos un país muy interesante para ello porque tenemos muchas fábricas, mucha producción de medicamentos y uno de los que más ensayos clínicos hacemos. Somos muy atractivos, competitivos, tenemos un sistema nacional de salud universal, muy potente y con muchísimo talento y conocimiento. Y unos hospitales y profesionales que son la envidia de medio mundo. Con lo cual, nuestra muestra de pacientes es perfecta para introducir esos fármacos innovadores. Todo eso hay que ponerlo en la balanza.

Siempre hay una discusión sobre cuál es el coste que tiene para la industria innovar, sobre cuál es el que va a tener para el sistema sanitario público que la innovación llegue a nuestros hospitales. Esa es la balanza que queremos regular. En la parte de evaluación de tecnologías que decías, el tablero está claro: hay evidencia científica, un medicamento puede ser eficaz, pero puede no estar clara su eficiencia. Vamos a poner el denominador también en cuánto nos cuesta y cuál es el esfuerzo que estamos haciendo todos como españoles, porque esto lo estamos pagando con los impuestos. Por eso, no queremos ser solamente un mero espectador de cómo fluye el mercado, porque este está influido por el interés general, y el interés general es que todos y cada uno de nosotros podemos ser pacientes de cualquier enfermedad. Entonces queremos la mejor innovación, pero también queremos un sistema sostenible que abarque y que llegue a todos los pacientes.

Mónica García: Lo que estamos haciendo con el plan de industria farmacéutica es algo tan interesante como aunar los intereses legítimos y comerciales de las diferentes industrias con el interés general.

Muface ha sido uno de los protagonistas en las últimas semanas. Hace unos días, el Ministerio de Sanidad publicó un informe en el que analizaba la viabilidad de asumir dentro del sistema sanitario público a todos aquellos mutualistas, en caso de que el modelo terminase. Ese informe se trasladó a Función Pública. No sé qué les ha dicho el ministro Óscar López en este sentido.

El Ministerio de Función Pública está negociando desde hace tiempo y, cuando en esa negociación hay un concurso que queda desierto, nosotros, obviamente, tenemos que abrir un plan B. Eso lo haría cualquier responsable, cualquier cirujano o cualquier profesional que ve que algo no funciona. El plan B significa: ¿qué pasaría si ese concurso queda desierto porque las aseguradoras no lo consideran rentable? Quiero dejar esto claro: son las aseguradoras las que hacen un plan de negocio y dicen: “Muface no vale”. Probablemente esto se deba al envejecimiento de la población, la cronicidad y la pluripatología que estamos viviendo en todo nuestro sistema sanitario, pero hasta ahora esa selección de riesgos no les había impactado de esta manera. Entonces, las aseguradoras han dicho: “En estas condiciones, no nos resulta rentable”.

Lo que hacemos desde el Ministerio de Sanidad es muy sencillo: elaboramos un informe y decimos: “Vale, tenemos un plan B”. Si este concurso queda desierto, ¿qué capacidad tiene el sistema público? ¿Cómo impactará en las diferentes comunidades? Porque no afecta igual a todas. ¿Cómo impactará en las franjas etarias? Desde el año 2012 ha aumentado un 75% el número de funcionarios que han elegido la sanidad pública. Actualmente, de 1,5 millones de personas mutualistas en Muface, ya el 32% ha optado por la pública. Nuestro informe analiza cómo impactaría en cada comunidad y franja etaria, y concluimos que es perfectamente asumible para la sanidad pública.

En algunas comunidades, el impacto sería mínimo, alrededor del 3%. En Ceuta y Melilla, algo mayor, un 4%. En las comunidades que más se han quejado, el impacto es del 2%. El problema de las listas de espera no tiene que ver con los mutualistas ni con los inmigrantes. El problema de las listas de espera, y su incremento, tiene que ver con una mala gestión o una infrafinanciación, si me apuras. Lo que queremos desmontar es el bulo de que, si llegan los mutualistas, el sistema se rompe. No es cierto. Si llegan los mutualistas, por supuesto que los acogemos. Nosotros no hacemos un plan de negocio; el sistema sanitario público no mira la rentabilidad de los pacientes.

Eso sí, si los mutualistas se integran, será necesaria una reintegración ordenada por patologías, cuidando bien las necesidades de cada uno de ellos, y seguramente habrá que implementar planes de choque. Pero quiero decir algo importante: soy una enamorada y profundamente orgullosa de nuestro sistema sanitario. Creo que estamos ofreciendo el mejor sistema sanitario posible, aunque tenga sus dificultades. Y quiero lo mejor para los funcionarios públicos. De hecho, a mi entorno que tiene Muface, especialmente a los que están en franjas etarias mayores o con patologías crónicas, les digo que el sistema sanitario público les ofrece una asistencia muchísimo mejor, porque ahí está la clave y el corazón de nuestro sistema: la Atención Primaria.

La Atención Primaria significa que tengas un médico, una médica, una enfermera, un equipo que te conozca, que siga tu patología, la de tu familia, la de tu comunidad y la de tu entorno. Eso no tiene precio. Somos la envidia del resto del mundo por nuestra universalidad y por nuestra Atención Primaria. Eso es lo que también ofrecemos a nuestros funcionarios públicos: el orgullo de pertenecer a un sistema que es muy eficiente y que, además, tiene herramientas para cuidar de manera mucho más eficaz a los pacientes mayores, pluripatológicos y crónicos.

Mónica García durante la entrevista con Redacción Médica.

Hablando de empleados públicos, Europa se ha pronunciado en distintas ocasiones, y esta semana también lo han hecho tribunales en Madrid y Canarias, sobre el tema de la interinidad excesiva de los funcionarios públicos, entre ellos los profesionales de la sanidad. Tal y como está la ley ahora mismo, no se les puede hacer fijos sin pasar por concurso-oposición. ¿Qué otras vías se están barajando para solucionar esta temporalidad excesiva en la sanidad española y de qué forma podrían optar a una plaza fija sin que sea el típico concurso-oposición?

Aquí hay dos cosas. Primero, Europa nos ha tirado de las orejas por algo que era absolutamente inasumible: el nivel de temporalidad y precariedad en el sistema, especialmente en sanidad. Tenemos a los profesionales de élite mejor formados y los estamos tratando mal. Europa nos ha dicho básicamente que esto no puede seguir así, y que quien perpetúe esta situación debe ser sancionado. Esto incluye a quienes mantienen de forma temporal a trabajadores que ocupan puestos estructurales y llevan años demostrando que son necesarios para el sistema.

A lo largo de los años, hemos visto verdaderas aberraciones: personas con contratos encadenados durante 30 o 40 años, incluso más contratos que meses o años estudiados para acceder a su profesión. Esto lo queremos corregir. Una parte del cambio viene de Europa, y tenemos que trasladarlo al Estatuto Marco: cómo afrontamos la temporalidad y cómo hacemos fijos a gente que es estructural y necesaria. Además, estamos hablando mucho con Función Pública porque va a haber un cambio a nivel del funcionariado; tenemos que ver cómo las mismas normas se aplican a estatutarios y a la Administración General del Estado (AGE) para que no haya disonancias.

Espero que pronto podamos decir que la temporalidad es cosa que nosotros vivimos y que no vuelva a pasar, porque esta situación ha sido una trampa que las instituciones se han hecho a sí mismas. Han pensado que tener a alguien diez años con contratos eventuales era una mejor solución que estabilizar su talento, y no es así. Europa también nos dice que debemos retener el talento. Por ejemplo, en Atención Primaria, nos indican que primero debemos retener a quienes ya están formados antes de plantearnos crear nuevas plazas. Hay comunidades que no son capaces de retener ni al 60% de los MIR que terminan; es muy difícil que sigamos haciendo una máquina de formar a gente que tarda diez años para que luego terminen y digan: “Yo así no ejerzo mi profesión”.

Mónica García: Europa nos ha tirado de las orejas por algo que era absolutamente inasumible: el nivel de temporalidad y precariedad en el sistema público, especialmente en sanidad.

Sobre la Atención Primaria, un nivel asistencial que es foco de debate, no solo en las Cortes Generales, sino también en la calle. Lo que más preocupa a la gente son los problemas para acceder a esta asistencia. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué sigue fallando y qué pretende corregir el Plan de Acción de Atención Primaria que se abordará próximamente en el Consejo Interterritorial?

Sí, se abordará en el siguiente Consejo Interterritorial. Lo primero es situar a la Atención Primaria en el centro, como ya se hizo en 2019 con la estrategia de este nivel, que derivó en diferentes planes autonómicos. Hemos evaluado esos planes y queremos reforzarla, pero no hay una varita mágica que solucione todos los problemas. Necesitamos una mejora poliédrica en muchos aspectos:

Primero, debe ser atractiva para los profesionales. Segundo, debe ser eficaz y eficiente para los pacientes. Antes de la pandemia, era inusual encontrar centros de salud que dieran cita para más de una semana. Hoy, lamentablemente, es casi la norma. Necesitamos que los profesionales puedan dedicar tiempo de calidad a los pacientes, y para ello es imprescindible eliminar toda la burocracia innecesaria. Tener a profesionales de primer nivel, formados durante años, realizando tareas burocráticas es una pérdida de talento que no hay cómo sostenerla.

Además, tenemos que reconstruir la relación médico-paciente, esa relación de confianza que es el pilar del sistema. Si un paciente debe esperar dos o tres semanas para tratar un problema agudo, cuando finalmente acude a su médico, es posible que ya se haya curado por sí solo o que el problema se haya cronificado. A esto se suma que si tú como profesional a ese paciente solo le vas a poder dedicar dos o tres minutos, se rompe todo el sistema.

Por tanto, primero debemos desburocratizar. Después, dar más competencias y roles a otras categorías profesionales para aliviar las demandas de los pacientes. También es esencial reforzar los equipos de apoyo de los centros de Atención Primaria, incluyendo áreas como salud mental, fisioterapia y trabajo social.

Mónica García, ministra de Sanidad, durante la entrevista con Redacción Médica.

Nosotros ponemos además mucho énfasis en la longitudinalidad: que el médico o enfermera de Atención Primaria siga al paciente durante el mayor tiempo posible. Que podamos volver a decir “mi médico de toda la vida”, es fundamental. Se ha demostrado que la continuidad asistencial reduce ingresos hospitalarios, disminuye la mortalidad y reduce el consumo de fármacos. Si hoy existiera una pastilla que lograra esos efectos, pagaríamos una fortuna por ella. Y esa fórmula magistral se llama longitudinalidad; y significa que tu médico o tu enfermera te va a ver durante todo el proceso de tu vida.

Para lograr esto, necesitamos ofrecer a los médicos que terminan su residencia las mejores condiciones laborales posibles. Si les damos agendas de 60 pacientes diarios, convirtiendo sus consultas en una especie de call center, terminamos con profesionales frustrados y pacientes mal atendidos. Debemos poner mucho énfasis en la medicina Familiar y Comunitaria; algo que hoy no se está logrando porque los profesionales están saturados con lo urgente e inmediato.

El abordaje tiene que ser multidisciplinar y poliédrico. Estoy convencida de que veremos una mejora sustancial, pero hasta entonces debemos ir implementando mejoras parciales y avanzando paso a paso.

Una de las fórmulas que se ha planteado para desburocratizar y agilizar el proceso es la autojustificación de bajas por patologías menores. ¿En qué punto se encuentra esta propuesta?

Va bien. Creo que nos avala el sentido común, la evidencia científica, los profesionales y la lógica. La desburocratización es una demanda histórica de los médicos de Atención Primaria. Aunque no depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad, estamos trabajando en cómo se podría implementar.

Esta medida aliviaría mucho el sistema sanitario y pondría en valor el tiempo que te dedica un médico o una enfermera. En algo tan sencillo como que te pones malo, se lo cuentas a tu jefe y luego a tu médico de cabecera. Bueno pues cuéntaselo a tu jefe y que luego haya una parte burocrática para que no tengas que perder el tiempo ni hacer perder el tiempo al profesional para avalar una cosa que tú ya has justificado previamente.

Un instante de la entrevista a Mónica García.

En los últimos meses ha habido momentos convulsos en Sumar, primero con el anuncio de Yolanda Díaz de dejar el liderazgo de la formación y luego con la salida de Íñigo Errejón por una serie de acusaciones de agresión a varias mujeres. ¿Está en peligro Sumar y su proyecto sanitario?

Yo aquí puedo hablar como líder de una formación política que es integrante de Sumar, que es Más Madrid, y que no solo no estamos en peligro, sino que tenemos muy claro para qué estamos en política. En la Asamblea de Madrid nos hemos convertido en el único faro de las políticas progresistas y en la oposición real a las malas políticas de la señora Ayuso.

Además, soy una orgullosa ministra de Sanidad, estoy profundamente comprometida con reformar y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud. Creo que estamos en buenas manos, no solo por mí, sino por el gran equipo que hay en el Ministerio y en las consejerías de Sanidad. Después de la pandemia, hemos aprendido a trabajar juntos para mejorar la vida y la salud de las personas.

Comentaba que está orgullosa de ser ministra de Sanidad. Usted fue médica en el Hospital 12 de Octubre y compaginó su labor asistencial con la política. Ahora está más centrada en este segundo desempeño. ¿Cómo lleva gobernar para quienes siguen siendo sus compañeros de profesión? ¿Echa de menos la parte asistencial?

Echo de menos mi hospital, a mis compañeros y la parte asistencial. Pero creo que esa experiencia me marca en el día a día de la toma de decisiones. El haber estado ahí y aprendido que se puede trabajar de otra manera.

Siempre hago relación entre las decisiones políticas y las decisiones médicas. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, cuando nos reunimos los equipos directivos, lo llamamos “sesión clínica”. Incluso en el Consejo Interterritorial, les digo a los consejeros: “Hagamos de esto lo más parecido a una sesión clínica”. Podemos discutir, no estar de acuerdo en los diagnósticos o tratamientos, pero al final llegamos a la mejor solución posible para mejorar la salud de las personas.

Nunca olvido que detrás de cada decisión hay compañeros que se están dejando la piel en los hospitales y centros de salud. Que hay gente muy comprometida y vocacional trabajando tanto dentro de los centros sanitarios como de las consejerías y del ministerio.

Aspecto del plató de Redacción Médica durante la entervista a Mónica García.