García destaca a la Primaria como primer "radar" de la violencia machista

De todos los “radares” de los que dispone España para la detección de la violencia de género, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto el foco sobre una Atención Primaria que constituye el primer contacto de las víctimas con un sistema “que las puede ayudar”. La mandataria, que este jueves participa en las jornadas ‘¡Yo sí te creo!’ junto a la titular de Igualdad, Ana Redondo; y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en España, Hans Kluge; ha hecho hincapié en que los sistemas de salud tienen “una deuda con las mujeres” por todas las ocasiones “en las que han puesto en riesgo su salud”, y ha cargado contra las corrientes “negacionistas” que se expanden también por Europa. 

Durante su comparecencia en este acto que tiene lugar este jueves en la sede del Ministerio de Sanidad y en el que se presentará un informe internacional sobre atención sanitaria a víctimas de violencia de género, García ha advertido de que en España, pese a los avances cosechados, “quedan muchos deberes y trabajo por delante” en la lucha contra la lacra del machismo. También a nivel institucional.

“Las violencias machistas son estructurales, y para que ninguna quede impune o invisible hay que poner todos los radares”, ha continuado la dirigente progresista, que se ha referido en primer lugar a los institucionales, los clínicos, los comunitarios y los educativos. No obstante, ha apuntado que el primer ‘detector’ de la violencia machista es en muchos casos el sistema de salud. Y, en concreto, la Atención Primaria.

Plan de Atención Primaria contra la violencia de género

En este sentido, García ha destacado que la Primaria es el punto de entrada al sistema sanitario y por ende el punto de contacto de las posibles víctimas de violencia machista con un sistema que “las puede ayudar”. La ministra ha puesto por ello en valor los avances que se han logrado para reforzar este nivel asistencial, en especial la aprobación del plan de Atención Primaria y Comunitaria que de hecho recoge la puesta en marcha de programas para detectar violencia de género.

Al respecto, Mónica García ha puesto de relieve la necesidad de profundizar en cuestiones como la atención temprana a las víctimas, los cribados sistemáticos, la formación especializada de los profesionales sanitarios y la coordinación con los recursos judiciales y forenses.

Tanto García como Hans Kluge han puesto también el foco sobre las corrientes negacionistas de la violencia de género que se expanden por Europa. “Desde muchos rincones llegan discursos que señalan a las mujeres y que ponen en riesgo su salud”, ha apuntado la ministra, quien ha afirmado que las administraciones no se pueden mostrar “indiferentes” en la defensa de los derechos de las mujeres.

España, a la cabeza en el abordaje de la violencia

Pese a los avances registrados en el abordaje de la violencia contra las mujeres, la OMS advierte de que estos progresos siguen siendo insuficientes. Existe aún una falta evidente en la aplicación de medidas. Según los datos revelados por el informe Care, courage, change: health sector leadership in ending violence against women and girls, la respuesta sanitaria frente a la violencia contra mujeres y niñas continúa mostrando importantes lagunas a nivel global. El documento revela que un 32 por ciento de los países obliga al personal sanitario a reportar los casos de violencia incluso sin el consentimiento de la víctima adulta, una práctica que contradice las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que insisten en preservar la autonomía, la confidencialidad y los derechos de las mujeres.

Las carencias se extienden también a la atención médica inmediata: solo 17 países, también un 32 por ciento, garantizan el acceso tanto a la anticoncepción de emergencia como a la profilaxis postexposición al VIH, consideradas herramientas esenciales tras una agresión sexual. A ello se suma que únicamente el 38 por ciento ha incorporado la provisión de profilaxis frente a infecciones de transmisión sexual y la evaluación en salud mental, dos pilares para un abordaje integral del daño físico y emocional. La falta de estos recursos perpetúa desigualdades y limita la capacidad de recuperación de las víctimas. El informe señala que solo el 43 por ciento de los países cuenta con mecanismos claros de derivación hacia servicios especializados de salud mental, una ausencia que dificulta el acceso a apoyo psicológico oportuno y puede agravar el trauma. Más alarmante aún es que únicamente siete países contemplen el acceso al aborto seguro como parte de la atención sanitaria a las supervivientes de violencia sexual, omisión que vulnera derechos fundamentales y compromete la salud física y reproductiva de las afectadas.

Por su parte, España es uno de los países con mayores avances, al disponer de protocolos de detección precoz en Atención Primaria, mecanismos de derivación a salud mental y espacios seguros en centros sanitarios. El informe destaca también la formación obligatoria del personal y la consolidación de marcos normativos que reconocen la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, lo que ha permitido fortalecer la capacidad del sistema para ofrecer una atención más sensible, coordinada y centrada en la recuperación integral de las víctimas.