El Ministerio de Sanidad ha querido desmentir este lunes con datos los “bulos” y “prejuicios” que hablan de un colapso en el Sistema Nacional de Salud (SNS) directamente relacionado con la atención universal incluyendo a la población migrante cuya situación no está regularizada en España.
“El principal relato que se ha querido instalar en torno a la migración y la sanidad no se sostiene”, ha asegurado Mónica García, que ha presentado un informe ad hoc elaborado por el departamento para defender el
Real Decreto de universalidad impulsado por el propio ministerio y la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
El documento refleja, entre otras cosas, que
las personas nacidas en España hacen un uso mayor del sistema sanitario que los migrantes “en prácticamente todos los niveles asistenciales”. En concreto,
la ciudadanía autóctona hace un 18 y un 51 por ciento más visitas a Atención Primaria, tiene un 32 y un 69 por ciento más consumo de medicamentos y padece entre un 24 y un 38 por ciento más enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.
La importancia de los determinantes sociales de la salud
Es más, aunque la población extranjera llega con “mejor estado de salud que la autóctona”, hándicaps como las barreras administrativas, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda (los llamados determinantes sociales de la salud) hacen que
su acceso al SNS sea “más limitado, más intermitente y más tardío”. A esos factores se suman cuestiones idiomáticas, culturales o de discriminación previa. “Las personas migrantes acuden menos a los centros de Atención Primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una
mayor exposición a los ingresos hospitalarios”, según la ministra.
En el informe se subraya, además, que “las desigualdades en salud” no afectan a todo el mundo por igual, sino que “se intensifican cuando se acumulan diferentes factores de vulnerabilidad”, algo que
se observa “especialmente” en el caso de las mujeres migrantes. “En ellas confluyen todas las desigualdades, todos los sesgos asociados al género, al origen, a las condiciones económicas y a las condiciones laborales, generando todavía mayores dificultades en el acceso y peores resultados en salud”, ha remarcado García.
“Este informe nos señala que la sanidad universal es también una decisión sobre qué tipo de sociedad queremos ser, una sociedad donde la salud no dependa del lugar de nacimiento, ni del nivel de renta, ni de la situación administrativa de una persona, y una sociedad que entiende que la mejor manera de proteger la salud de todos es tener una sanidad universal que se haga cargo de la salud colectiva.
Nuestra sanidad pública atiende personas, no atiende pasaportes”, ha insistido.
La universalidad equivale a mayor eficacia y eficiencia del SNS
La ministra ha defendido que, si los sistemas universales funcionan “mejor” es porque favorecen “la continuidad asistencial y “el diagnóstico precoz”, evitando que “problemas” que pueden resolverse en la Atención Primaria se conviertan en “un episodio agudo que necesite de la urgencia o de un ingreso hospitalario”. “Precisamente por eso la universalidad no es solamente una cuestión de justicia social, no solamente una cuestión de solidaridad y de humanidad, es que es también
una cuestión de eficacia y de eficiencia sanitaria”, ha agregado.
Para García,
el “colapso” del SNS “se debe a una baja inversión, a los recortes y a las privatizaciones”. El “siguiente” reto una vez enfrentada esta “amenaza”, ha dicho, será “hacernos cargo de la demografía de nuestro país, con mayor envejecimiento, con mayores enfermedades crónicas y con mayor número de pacientes pluripatológicos”.
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