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El SNS fichará profesionales no sanitarios para prevenir el alcoholismo

La historia clínica reflejará este consumo en menores, pero también en embarazadas

La ministra de Sanidad del Gobierno, Mónica García; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

06 ago 2024. 10.30H
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El Ministerio de Sanidad ha elevado a audiencia e información pública el Anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. Desde este martes y hasta el próximo 6 de septiembre se pueden hacer aportaciones al texto. El abordaje se realizará mediante "la incorporación en las plantillas de los centros de salud y de Urgencias de profesionales no relacionados con el ámbito de la sanidad".

El Sistema Nacional de Salud (SNS) fichará profesionales como "educadores o de trabajo social", que pudieran realizar una intervención inmediata de atención o derivación a recursos comunitarios de las personas menores de edad y sus familias o representantes legales que acudan a la consulta médica por intoxicaciones agudas, según consta en el documento.

Este anteproyecto de ley, que fue presentado el pasado 30 de julio al Consejo de Ministros, busca crear un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad. La normativa se centra en los menores de edad, ya que el Ministerio de Sanidad, comandado por Mónica García y Javier Padilla, considera que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral.

Además, la historia clínica reflejará los registros relativos al consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y en las mujeres en gestación, o las que han planificado la gestación o que dan lactancia materna.

Consumo de alcohol en menores


El objetivo de este anteproyecto de ley es prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable. La normativa cuenta con aportaciones de diez Ministerios, busca reducir la toma a cero, retrasar la edad de inicio y proteger las consecuencias de la ingesta de bebidas etílicas entre los menores.

Para ello, el texto recoge medidas de sensibilización y un sistema de sanciones que alcanza multas de 600.000 euros. Profesionales no sanitarios, como educadores y trabajadores sociales, y profesionales del ámbito de la salud tendrán un papel relevante en la concienciación y el tratamiento.

El alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 y 18 años. En 2023, el 75,9 por ciento dice haberlo consumido alguna vez en su vida, el 73,6 por ciento, en el último año, y el 56,6 por ciento, en el último mes.

El anteproyecto de ley establece obligaciones para las administraciones públicas en materia de educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial, ámbito laboral y familiar. Así, el texto impulsa la prohibición del consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes; centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad; en otros centros de menores o destinados a su uso; y en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para personas menores de edad.

Además de someterse al trámite de audiencia e información pública, el texto debe recabar los informes del resto de ministerios, así como de otras instituciones y organismos en la Administración con competencias en los ámbitos que se regulan en el anteproyecto de ley. Además, se dará trámite de audiencia a entidades cuyos fines asociativos, derechos o intereses pudieran verse afectados por la normativa.

Una vez finalizados dichos trámites, el texto volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria.
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