El registro estatal de sanitarios centralizará inhabilitaciones y sanciones

El Ministerio de Sanidad ha dado un nuevo impulso al Registro de Profesionales Sanitarios, destinado a facilitar la planificación de las necesidades de estos trabajadores y a coordinar las políticas de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), que, tal y como avanzó Redacción Médica, el Gobierno pretende tener listo antes de fin de año. 

En concreto, el área que dirige Carolina Darias ha informado sobre el tratamiento que dará a los datos de carácter personal de este registro estatal, que entre otras disposiciones establece, respecto a los colegios profesionales y las consejerías de sanidad, que se intercambiará información sobre ejercicio profesional sobre las “inhabilitaciones y sanciones con las administraciones públicas con competencias sancionadoras y con el colegio profesional que en su caso corresponda”.

Sistema de Información del Mercado Interior 

De igual manera, también se intercambiará información con el resto de los países de la Unión Europea a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) en relación con el derecho al ejercicio y en relación a las sanciones e inhabilitaciones de los profesionales sanitarios.

Sanidad apunta que no se realizarán cesiones de este tipo de información de los responsables y autorizados que pueden acceder a la plataforma para la carga de datos. 

Los profesionales recibirán información de su incorporación al REPS a través del correo electrónico que faciliten las entidades en las que trabajan o bien al correo que los profesionales faciliten, en caso de alta voluntaria.
Sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, pueden ejercitarse contactando con el Ministerio.

El registro incorpora datos de todos los profesionales sanitarios autorizados para trabajar en España y dispone de una serie de datos públicos que permiten garantizar a los ciudadanos que los profesionales sanitarios que les atienden tienen la titulación adecuada y pueden ejercer su profesión.

El objetivo de Sanidad era recopilar para este mismo año la información necesaria para completarlo pese a las reticencias de algunas comunidades autónomas, que, según avanzó este periódico, se negaban a facilitar este tipo de datos.