El Plan de Salud Mental no sale adelante por la falta de apoyos autonómicos

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 no se ha aprobado en la reunión de este viernes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante "problemas de fondo y de forma", según han confirmado varias de las comunidades lideradas por el Partido Popular a Redacción Médica, luego que las sociedades científicas consideraran que hay "fallos" que deben trabajarse. A estas autonomías se ha sumado el voto de País Vasco.

Desde la Comunidad de Madrid han sido los primeros en detallar que las sociedades científicas retiraron su apoyo al proyecto, lo que fue respaldado por las autonomías por "mayoría absoluta". "Hemos retrasado la aprobación hasta que los profesionales que son los que van a llevar a cabo este plan junto con nosotros, aporten las mejoras" relacionadas al tratamiento de los pacientes, ha indicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

Por su parte, para el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el plan "no ha sabido" recoger las demandas de los profesionales. "Nos hemos encontrado con la oposición firme y absolutamente en contra de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, el Consejo de Psicólogos de España y la Asociación de Salud Mental Infantojuvenil", ha detallado, al considerar que "no se ha tenido en cuenta" sus apreciaciones en el documento sometido a debate.

En ese sentido, ha cuestionado planteamientos relacionados al número de profesionales en Psicología y Psiquiatría, ya que los indicadores presentados por el ministerio "no suponían un incremento" para las comunidades autónomas y, en segundo lugar, la desprescripción que "estigmatiza absolutamente a los pacientes que tienen un tratamiento médico de larga duración", tal como ha explicado.

Pese a los desacuerdos, Vázquez ha resaltado que no se tendrá que empezar de cero ya que existen "muchos puntos en los que estamos de acuerdo". En el caso de aquellos en los que hasta el momento no hay consenso, se ha pedido llegar a acuerdos con las sociedades. Esto ha sido defendido por la consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández, quien ha indicado que el planteamiento que se ha hecho desde el ministerio "daba lugar a muchas dudas sobre el rigor científico".

"Hemos solicitado a la ministra que vuelva a tener en consideración estas aportaciones que pueden hacer las comunidades autónomas y las sociedades científicas, revisarlo y buscar un consenso", ha dicho. Mientras que desde Extremadura, la consejera Sara García Espada ha considerado que "no se trata deimponer, sino de resolver y consensuar". "No podemos aprobar un plan que, antes incluso de su puesta en marcha, ya cuenta con el rechazo frontal de los profesionales encargados de desarrollarlo en el día a día", ha añadido.

Las comunidades exigen financiación

Desde Aragón han explicado que uno de los principales motivos para no apoyar la propuesta es la falta de datos de una memoria económica. "Se ha mencionado de palabra de 38 millones de euros, pero sin hablar de cómo se distribuirá", ha enfatizado Manuel Corbera, director general de Salud Mental de la región, al considerar que se trata de "una cantidad claramente insuficiente".

En este aspecto ha coincidido la consejera Fátima Matute, quien también ha subrayado que no se debe olvidar la "financiación específica en este plan". "Necesitamos dinero para gestionarlo y llevarlo a cabo porque, si no, va a ser papel mojado", ha puntualizado.

El ministerio se compromete a mantener el diálogo

Respecto a la negativa popular de aprobar el Plan de Acción de Salud Mental, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido contundente: “Es incomprensible que, en contra del criterio de sus propios técnicos, hayan votado en contra”. Aun así, ha indicado en la rueda de prensa posterior al CISNS que desde Sanidad se seguirá dialogando: “No tenemos inconveniente en volver a mandar el documento a que se trabaje con los comités técnicos y que se vuelva a llevar a otro Interterritorial”. Un texto que, según ha puntualizado, “es el más ambicioso que ha tenido nuestro país y responde a desafíos actuales y de futuro”.

El documento, tal y como ha explicado, moviliza a múltiples actores, desde profesionales sanitarios e instituciones a la propia sociedad, con el objetivo de reducir el sufrimiento psíquico y garantizar “una vida que no duela". “Han rechazado un aumento de profesionales de salud mental, una reducción del consumo excesivo de psicofármacos, la creación de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia, mejorar el acceso a la psicoterapia y hacer un plan específico de atención a la salud mental de los profesionales sanitarios”, ha sentenciado.