La decisión del Gobierno de sacar a audiencia pública el anteproyecto de ley que modificará el
Estatuto Marco del personal público de servicios de la salud ha desatado un fuerte malestar entre sindicatos como
Comisiones Obreras (CCOO), que ha advertido de que el nuevo texto no ha sido consensuado y que
seguirá facilitando la contratación de personal temporal, una de las líneas rojas que los representantes de los trabajadores habían llevado hasta la mesa de negociación.
El responsable del área de Empleo de la Federación de Sanidad de CCOO,
Jesús Jordán, ha lamentado las excepciones que ha incluido el Ministerio de Sanidad para mantener en su puesto a los interinos. “
Le dan la coartada a las comunidades autónomas para tener eventuales”, ha explicado en declaraciones a
Redacción Médica.
La publicación ha llegado por sorpresa, a pesar de que los principales sindicatos habían presentado
una propuesta conjunta ya a mediados de febrero en otros términos. El principal objetivo era retirar del texto el concepto de
eventual para poder acabar con la “precariedad” entre el personal sanitario. Sin embargo, es una de las palabras que ya aparece en
la reforma del articulado del Estatuto Marco.
El responsable de Comisiones Obreras ha advertido sobre las consecuencias de algunas partes concretas del texto, como el artículo
9.3B en el que se habla sobre la posibilidad de tirar de personal temporal
“cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios”. Un criterio muy amplio que no es secundado por el sindicato.
Para Jordán, este anexo abrirá la puerta a que los sanitarios puedan encadenar contratos temporales por diferentes motivos como la demanda marcada por la
campaña anual de la gripe o por las
listas de espera, sin que implique que sobrepasen el plazo máximo de 3 años fijado por la ley para que su puesto salga a una Oferta Pública de Empleo.
“Se van a tener que estar investigando al dedillo los contratos”, ha enfatizado.
CCOO atribuye el nuevo Estatuto a las CCAA
Jordán ha atribuido esta decisión del Ministerio de Sanidad directamente a la presión recibida por parte de los responsables de las
comunidades autónomas que son los que, a su parecer, han “fijado esas pautas” para poder continuar con el actual modelo de contratación en sus servicios.
El responsable de Empleo Público del sindicato ha lamentado además que el Gobierno no les haya dado la posibilidad de seguir negociando el texto en
una segunda reunión colectiva, a pesar de que la solicitaron de forma expresa. Desde entonces, no han recibido respuesta alguna por parte de los portavoces del Ejecutivo. “
La voluntad negociadora ni la ha habido ni ha existido”.
Ante esta situación, Comisiones Obreras ha optado por debatir de forma interna cuáles deben ser los próximos pasos a seguir y tratar de volver a sumar fuerzas tanto con la
Unión General de Trabajadores (UGT) como con la
Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), con los que ya se pusieron de acuerdo para
presentar una única propuesta. “Nos reuniremos y veremos qué medidas se pueden tomar”, ha zanjado Roldán.
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