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El Ministerio dibuja un manual de 'no hacer' contra la corrupción sanitaria

El Ministerio asegura que seguirá aplicando la legislación sobre contratos públicos "con máximo rigor"

Fachada del Ministerio de Sanidad.

18 dic 2024. 05.15H
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El Ministerio de Sanidad ha anunciado la elaboración de un manual de prácticas de “no hacer” en la contratación sanitaria como parte de su estrategia para combatir la corrupción y el fraude en el sistema público. Este manual será una de las principales iniciativas del Observatorio contra la corrupción y el fraude sanitario, una herramienta que busca detectar posibles casos de mala gestión en el sector.

Este anuncio llega como respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular sobre las posibles irregularidades en la compra de equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia de la COVID-19. Según detalla el Ejecutivo, el Observatorio trabajará para identificar y evitar las prácticas que puedan comprometer la legalidad y eficacia de las contrataciones públicas.


Lucha de Sanidad contra la corrupción


La respuesta señala, además, que el Ministerio ha participado activamente en las comisiones de investigación del Congreso y el Senado sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19. Según el Gobierno, estas comisiones han sido un espacio clave para esclarecer las posibles irregularidades en las compras de equipos de protección individual (EPI) llevadas a cabo en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

Por otro lado, se recuerda que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevó a cabo una auditoría sobre estos contratos, cuyas conclusiones ya se encuentran disponibles públicamente y fueron presentadas en agosto ante la Comisión del Senado correspondiente.

Con el fin de garantizar la lucha contra la corrupción, el Ministerio de Sanidad asegura que seguirá aplicando la legislación sobre contratos del sector público con el máximo rigor, adoptando las medidas que sean necesarias para garantizar la legalidad en todos los procedimientos.


Creación de un Observatorio contra el fraude sanitario


El Ministerio de Sanidad dio el primer paso para la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria en abril, con la publicación de la orden ministerial pertinente. Según un comunicado del departamento, este órgano estaría operativo en un plazo de tres meses y tendría entre sus funciones principales el seguimiento y la propuesta de iniciativas para combatir delitos relacionados con la corrupción en el ámbito sanitario.

La creación de este Observatorio materializaba el anuncio que ya hizo la ministra de Sanidad, Mónica García, en marzo, durante una comparecencia en el Senado. En aquella ocasión, García destacó la necesidad de un organismo que diseñe una estrategia integral para luchar contra el fraude y que fomente mecanismos de prevención, sistemas de alertas y colaboración con otras entidades.


Primer Plan Estratégico para combatir el fraude sanitario


Este Observatorio dio un paso clave el pasado mes de septiembre al aprobar su primer Plan Estratégico contra la Corrupción Sanitaria, que desglosa las actuaciones que deberán llevar a cabo cada centro o unidad administrativa responsable, estableciendo un cronograma de acciones para toda la legislatura.

El documento pone especial énfasis en la prevención y en la creación de un sistema de alertas para detectar irregularidades en las contrataciones públicas. Asimismo, se refuerza la colaboración con entidades y organismos, tanto públicos como privados, encargados de supervisar y vigilar estas prácticas, tal y como había anunciado previamente la ministra en el mes de marzo.

Junto a esto, el Ministerio de Sanidad anunciaba el pasado mes de noviembre la disponibilidad de la página web del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, una plataforma diseñada para abordar de manera integral la mejora de la gestión pública sanitaria y prevenir prácticas irregulares. Se trata de una web que incluye herramientas clave como buzones de denuncia, sistemas de alertas, mecanismos para gestionar conflictos de intereses y el seguimiento detallado de los contratos públicos.

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