El
Ministerio de Sanidad va a continuar con la elaboración del
Nodo SNSFarma pero no firmará la orden ministerial hasta que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su sentencia. Según ha podido saber
Redacción Médica, el Gobierno ha recabado
varios informes de la Abogacía del Estado y “considera que solo incumpliría la advertencia del Tribunal Supremo
si se publicara la Orden antes de su sentencia”.
El Proyecto de Orden por las que se establecen las condiciones de la
integración del Nodo SNSFarma en el repositorio nacional, se llevó el pasado 15 de junio al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Allí, según la información a la que ha podido acceder este periódico,
el Ministerio admitió que España no presenta un problema de medicamentos falsificados “pero es necesario cumplir con las obligaciones que derivan del Reglamento europeo”.
Según se explicó en la citada reunión entre ministerio y comunidades autónomas, “por ello, se aprobó el Real Decreto 717/2019 del 5 de diciembre, del que el Consejo Interterritorial fue informado en su día, en el que se establecía
un nodo específico, denominado SNSFarma, como instrumento de integración tecnológica e intercambio de información con el repositorio nacional (gestionado por una entidad privada, SEVeM, participada por las patronales y los colegios profesionales del sector)”. “El Nodo obtendría su información de los establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos,
y permitiría la trazabilidad de los medicamentos de extremo a extremo de la cadena de suministro”, se matizó.
Sin embargo, y siempre según lo explicado por fuentes ministeriales en el citado Consejo Interterritorial, “el Real Decreto antes citado
preveía un convenio como instrumento jurídico para articular esta integración, pero tras un año de trabajos el convenio
no ha llegado a buen puerto, por lo que es necesario llevar a cabo la integración
mediante orden ministerial, tal y como preveía el propio Real Decreto”, justificaron.
Presunta infracción del Reglamento europeo
Es a partir de ahí cuando dichas fuentes ministeriales recordaron que “el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha presentado ante Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto,
por presunta infracción del Reglamento europeo”. “El Tribunal Supremo ha planteado a su vez diversas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, instando a las partes, mediante el auto que rechazaba la suspensión cautelar solicitada por el recurrente, a
abstenerse de cualquier actuación que pueda condicionar el cumplimento de la futura sentencia”, añadían.
Así, “el Ministerio, basándose en informes recabados la Abogacía del Estado,
considera que sólo se incumpliría la advertencia del Tribunal Supremo si se publicara la Orden antes de su sentencia, por lo que se puede continuar con la tramitación de la orden ministerial, en cumplimiento del Real Decreto y del Reglamento comunitario”, concluían las citadas fuentes ministeriales, que añadían que no por ello “renunciaban a alcanzar un acuerdo”.
Una posición que generó dudas entre los distintos consejeros y consejeras de Sanidad reunidos con el ministerio. Situación a la que desde el ente que dirige Carolina Darias se precisó que “es necesario” cumplir con el Reglamento europeo para evitar “recibir una sanción” y que la opción de hacerlo vía orden ministerial se debe a que
“en última instancia debe prevalecer el interés general”.
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