El
Consejo de Ministros ha aprobado el
Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo de tabaco y productos relacionados y minimizar la exposición ambiental a sus emisiones. Su elaboración ha sido fruto de un
trabajo coordinado, con la participación técnica de todas las comunidades autónomas, con el mayor de los consensos sociales y con el
respaldo de las sociedades científicas. El Plan nace con la idea de evitar que los jóvenes empiecen a fumar, para ayudar a los fumadores que quieran abandonar el hábito y para cuidar el aire que todos y todas respiramos.
La
prevalencia del consumo de tabaco en España se ha ido reduciendo gradualmente en las últimas décadas, siendo, según la Encuesta Europea de Salud 2020, del 22,1 por ciento. Esta disminución de la prevalencia sufre descensos más acusados en años donde se implantan medidas enfocadas a la
prevención del tabaquismo, como son modificaciones del marco legislativo que impliquen una
ampliación de los espacios sin humo, la presión fiscal o restricciones en publicidad y promoción del tabaco. También se observan bajadas en la prevalencia en momentos donde se establecen programas concretos para la cesación del consumo.
Los últimos datos disponibles del Ministerio apuntan a que el tabaco es el causante de cerca de
50.000 muertes al año. Además, su consumo está asociado con a la aparición de 35 enfermedades como la
EPOC, el
cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares o la
diabetes.
Objetivos del Plan Antitabaco
El plan va a suponer, entre otras cosas:
equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos y los productos relacionados del tabaco (con y sin nicotina) a la
regulación del tabaco tradicional; aumentar los espacios libres de humo para proteger el derecho a respirar, ya que cuanto más espacio libre de humo, menos espacio a las enfermedades asociadas al tabaquismo.
Junto a esto, regulará la
prohibición de los dispositivos de un solo uso relacionados con el tabaco e impulsará la
investigación sobre el tabaquismo y su impacto en la salud, reforzando la evidencia sobre el efecto de los nuevos dispositivos de liberación de nicotina.
Además, también se centrará en proponer la incorporación a las
prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud, de aquellos medicamentos que, atendiendo a la
evidencia científica y eficiencia económica, son adecuados para el
tratamiento de la adicción al tabaco; y en colaborar con las entidades locales para impulsar el desarrollo de
ordenanzas municipales de prohibición de arrojar colillas en vías públicas y espacios naturales.
Gran parte de las medidas se materializarán a través de la
modificación legislativa que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en la presente legislatura y que afectará a la Ley 28/2005 y al Real Decreto 579/2017,
normativas básicas en materia de tabaquismo. La estimación del Gobierno de España es que para
finales de año buena parte de ellas hayan llegado a buen puerto.
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