Dos filtros avalarán la independencia del evaluador de fármacos de Sanidad

El Ministerio de Sanidad sigue trabajando en mecanismos que agilicen el proceso de aprobación de nuevos fármacos y su financiación a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, recientemente publicó una batería de propuestas articuladas en un proceso que se divide en tres fases y que suma a expertos independientes para acelerar la mencionada tarea.

La labor de estos expertos es una de las cuestiones clave. Como se desliza en el mencionado documento, “la valoración de la calidad de los estudios de evaluación económica (EEE) y el análisis de impacto presupuestario (AIP) deberá ser coordinada por los técnicos de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia”. Es ahí donde aparecen estos asesores, en concreto: “Contarán con el apoyo de una red de revisores externos, nacionales o internacionales, que habrán de ser expertos reconocidos e independientes (en la medida de lo posible), sin conflicto de interés en relación con el medicamento en particular y seleccionados en función de su experiencia y conocimiento”, explica el texto.

La cuestión es: ¿qué significa en este ámbito, “en la medida de lo posible”?, ¿dónde marcará el Gobierno los límites de esa necesaria independencia? Según fuentes del Ministerio de Sanidad, este proceso garantizará su independencia mediante dos procesos que actuarán como filtro para evitar posicionamientos interesados en las decisiones sobre las innovaciones farmacéuticas. “Con respecto a la política de conflictos de interés de cualquier participante externo en los procedimientos de evaluación, estará sometida a una declaración de conflictos de interés y a una participación plural que permita gestionar cualquier tipo de estos conflictos”, explican las mencionadas fuentes ministeriales.

Respecto a su función, el texto detalla que “el papel de estos expertos externos será similar al que juegan los referees o evaluadores externos en la evaluación de artículos en las mejores revistas científicas”. Así, “los revisores externos tendrán carácter anónimo para el solicitante, si bien se hará pública su lista anualmente, con el correspondiente reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad”. Todo ello para una labor que será remunerada económicamente.

Expertos de Sanidad con acceso a toda la documentación

Asimismo, su labor será destacada pues “los expertos podrán solicitar no solo el informe, sino también toda la documentación e información que consideren necesarias para valorar el mismo: estrategia de búsqueda en caso de revisión sistemática, detalles del modelo, incluida la programación de los modelos matemáticos y su presentación en programas o aplicaciones informáticas de amplia utilización, referencias a fuentes de costes o de resultados de salud…”

El proyecto propuesto por el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS (CAPF) se basa en tres fases: la primera propone la presentación obligatoria de un estudio de evaluación económica y de análisis de impacto presupuestario por parte del solicitante de precio. La segunda corresponde a la valoración de ambos coordinada por la Dirección General.  La tercera está enfocada a la aplicación de estos en la toma de decisiones de posicionamiento, precio y financiación.