Este 16 de abril finaliza el plazo para el envío de aportaciones a la consulta pública abierta por el Ministerio de Sanidad para actualizar la
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). En este contexto, la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha defendido la necesidad de reformar la Ley 44/2003 para adaptarla a las nuevas necesidades del sistema sanitario, en respuesta a su “carácter multidisciplinar, tecnológico y en constante evolución”. Casi un mes después del anuncio de Sanidad, el sindicato ha hecho públicas las alegaciones presentadas.
¿Cuáles son las alegaciones de CSIF a la LOPS?
La organización plantea una revisión integral de la LOPS con el objetivo de reconocer de forma efectiva a todos los colectivos implicados en la atención sanitaria, ordenar sus funciones, mejorar su desarrollo profesional y adaptar la formación y la clasificación a la realidad asistencial del
Sistema Nacional de Salud (SNS).
En este sentido, sus propuestas incluyen el reconocimiento de “todos los colectivos que participan en la atención sanitaria”, como técnicos superiores, técnicos medios sanitarios, con la
incorporación de los técnicos de emergencias sanitarias, celadores y trabajadores sociales. Asimismo, defiende que estos profesionales se integren en condiciones de igualdad en la carrera profesional, la evaluación de competencias y la formación continuada. Por ello, reclama su acceso al desarrollo profesional, un nuevo modelo de formación y cualificación y su inclusión en el
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS).
Por otro lado, CSIF solicita definir funciones y competencias, actualizar la formación sanitaria especializada con nuevas áreas de capacitación específica, reforzar el reconocimiento de la profesión médica y revisar la cualificación enfermera. También aboga por incorporar y reconocer ámbitos emergentes vinculados a la Biomedicina, la Biotecnología o la
Ingeniería Biomédica.
Además, demanda la regulación de los psicólogos sin especialidad y un modelo de desarrollo profesional basado en la seguridad del paciente, con planificación sustentada en indicadores objetivos como ratios, carga asistencial y estándares de calidad. Por último, pone el foco en la
actualización de la clasificación profesional de todas las categorías.
¿Qué opinión tienen el resto de sindicatos y asociaciones?
Tras el anuncio del Ministerio de Sanidad sobre el inicio de la reforma de la norma, este periódico contactó con
asociaciones y sindicatos profesionales para recabar su valoración y anticipar sus posicionamientos. En ese contexto, la
Organización Médica Colegial (OMC), subrayó la necesidad de delimitar con precisión las responsabilidades y revisar la formación y las especialidades. Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos apostó por un modelo de clasificación basado en los créditos universitarios (Meces),
el nivel de especialización y la carga asistencial.
Desde el ámbito enfermero, el
Consejo General de Enfermería (CGE) celebró la iniciativa y reclamó eliminar la distinción entre licenciados y diplomados, así como el
reconocimiento de la capacidad diagnóstica. En la misma línea, el Sindicato de Enfermería (Satse) denunció la permanencia en el subgrupo A2 y exigió su reclasificación al A1. En cuanto a los técnicos de FP, El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (Setss) defendieron su reconocimiento como profesiones sanitarias reguladas y su
equiparación con los estándares europeos.
Por otro lado, el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (COP) consideró la reforma una oportunidad para regular la psicología en su conjunto, mientras que el Consejo de Dentistas anunció que analizará el texto para presentar alegaciones. Finalmente, CCOO valoró positivamente el proceso por su impacto en la reclasificación profesional, mientras que UGT advirtió de que los avances normativos deberán traducirse en
mejoras salariales y funcionales efectivas.
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