Consenso en el Interterritorial para financiar tratamientos complejos
También se ha logrado un acuerdo para renovar el manual de buenas prácticas en Eutanasia, aunque sin unanimidad
Instantes antes de dar comienzo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
10 jul 2026. 14.50H
Fumata blanca en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado la aprobación de un protocolo común para coordinar el acceso a tratamientos farmacológicos de alta complejidad. Es decir, aquellos que superan los 80.000 euros por paciente y año. El acuerdo regula la coordinación entre hospitales y administraciones de origen y destino y se aplicará inicialmente a 66 tratamientos incluidos en la cartera común del Sistema Nacional de Salud. "Queremos que estos tratamientos se administren con las mismas condiciones en todo el territorio, con menos burocracia y con una única prioridad: que el paciente reciba la mejor atención posible viva donde viva", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al encuentro.
El listado de tratamientos tendrá carácter dinámico y podrá actualizarse con la incorporación de nuevos medicamentos. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos será la encargada de proponer las futuras inclusiones en función de si se trata de terapias avanzadas o de medicamentos con un alto impacto económico por paciente. El protocolo establece además un circuito común de coordinación entre el hospital de origen, el centro de referencia y las comunidades autónomas implicadas: cuando un hospital identifique a un paciente candidato, deberá comunicarlo al centro de origen y a su administración autonómica, que validarán la derivación y comprobarán que la indicación cumple los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud antes de autorizar el tratamiento.
El acuerdo fija también el reparto de responsabilidades económicas y asistenciales. Con carácter general, la comunidad autónoma de origen asumirá la adquisición y financiación del medicamento, incluso cuando la administración se realice en otra comunidad. Siempre que sea posible, la prescripción, dispensación y administración se llevarán a cabo en el territorio de residencia del paciente para reducir desplazamientos y favorecer la continuidad asistencial, con modelos de seguimiento compartido cuando sea necesario. En los tratamientos crónicos, el protocolo recomienda una revisión anual por parte del hospital de referencia y plantea, a largo plazo, la creación de una plataforma tecnológica común del SNS para gestionar estas solicitudes de forma coordinada.
Por otro lado, este último encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha saldado también con la aprobación de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. El asunto había quedado pendiente en la reunión del CISNS del pasado 9 de abril, después de que la Comunidad de Madrid solicitara aplazar su aprobación para “tener más tiempo de poder enriquecer el documento”. Casi tres meses después, se ha alcanzado finalmente un acuerdo para dar luz verde a la nueva versión del manual, aunque lo ha hecho sin la aprobación de la Comunidad de Madrid, según ha detallado la propia ministra de Sanidad en rueda de prensa.
La segunda edición consolida este documento como referencia técnica común tras más de cuatro años de aplicación de la Ley Orgánica 3/2021. Entre sus principales novedades destaca la incorporación formal de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia dentro del proceso. Además, el documento refuerza la importancia de la humanización del entorno asistencial e incorpora una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, encargadas de facilitar información a la ciudadanía, ofrecer soporte operativo a los profesionales y mejorar la coordinación con los servicios de salud.
El manual también unifica los criterios relativos a los tiempos del proceso asistencial. Una vez reconocido el derecho a la prestación, la persona solicitante podrá pedir un aplazamiento de hasta seis meses. Asimismo, incluye un apartado específico sobre la donación de órganos, adaptado a los protocolos vigentes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
El voto en contra al Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia lo ha dado la Comunidad de Madrid, argumentando problemas "jurídicos, clínicos y éticos". Así lo ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha aclarado que la región no está en contra de la Ley de Eutanasia, pero el manual "no incluye" pedidos de las sociedades científicas y los colegios profesionales.
Con esto se ha referido a problemas jurídicos porque "incorpora supuestos que no se incluyen en la ley"; clínicos, porque las sociedades científicas y los colegios profesionales pidieron "que se incluyeran herramientas objetivas de evaluación e interconsultas con Salud Mental en casos complejos cuando hay sufrimiento o ideas suicidas, que no se han tenido en cuenta; y éticos, porque "no solo vale con informar a las personas que optan a la prestación de eutanasia de que tienen recursos para paliar su sufrimiento". "Es nuestra obligación que se garantice que tengan un acceso al 100 por cien de ellos y este gobierno no lo permite porque no está dotando a las comunidades autónomas ni a los pacientes", ha enfatizado.
En declaraciones posteriores a la reunión del Consejo Interterritorial, Matute ha insistido en que la región está a favor de "hacer manuales", pero que estos se deben hacer "bien" y "sobre todo", deben estar "respaldados por la voz" de las sociedades científicas, los colegios profesionales y proteger la "libertad, la dignidad y la humanidad para con los pacientes".
Consultada al respecto por Redacción Médica, la ministra García ha desmentido la existencia de problemas jurídicos y ha recordado que la Ley de Eutanasia lleva cuatro años en funcionamiento. "Lo único que hace este Manual de Buenas Prácticas es aprender de la experiencia para garantizar de mejor manera que los ciudadanos y ciudadanas que quieran acogerse a la ley lo hagan con todas las seguridades jurídicas", ha enfatizado.
El listado de tratamientos tendrá carácter dinámico y podrá actualizarse con la incorporación de nuevos medicamentos. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos será la encargada de proponer las futuras inclusiones en función de si se trata de terapias avanzadas o de medicamentos con un alto impacto económico por paciente. El protocolo establece además un circuito común de coordinación entre el hospital de origen, el centro de referencia y las comunidades autónomas implicadas: cuando un hospital identifique a un paciente candidato, deberá comunicarlo al centro de origen y a su administración autonómica, que validarán la derivación y comprobarán que la indicación cumple los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud antes de autorizar el tratamiento.
El acuerdo fija también el reparto de responsabilidades económicas y asistenciales. Con carácter general, la comunidad autónoma de origen asumirá la adquisición y financiación del medicamento, incluso cuando la administración se realice en otra comunidad. Siempre que sea posible, la prescripción, dispensación y administración se llevarán a cabo en el territorio de residencia del paciente para reducir desplazamientos y favorecer la continuidad asistencial, con modelos de seguimiento compartido cuando sea necesario. En los tratamientos crónicos, el protocolo recomienda una revisión anual por parte del hospital de referencia y plantea, a largo plazo, la creación de una plataforma tecnológica común del SNS para gestionar estas solicitudes de forma coordinada.
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Mónica García, ministra de Sanidad. |
El Interterriorial aprueba el nuevo manual de eutanasia
Por otro lado, este último encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha saldado también con la aprobación de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. El asunto había quedado pendiente en la reunión del CISNS del pasado 9 de abril, después de que la Comunidad de Madrid solicitara aplazar su aprobación para “tener más tiempo de poder enriquecer el documento”. Casi tres meses después, se ha alcanzado finalmente un acuerdo para dar luz verde a la nueva versión del manual, aunque lo ha hecho sin la aprobación de la Comunidad de Madrid, según ha detallado la propia ministra de Sanidad en rueda de prensa.
La segunda edición consolida este documento como referencia técnica común tras más de cuatro años de aplicación de la Ley Orgánica 3/2021. Entre sus principales novedades destaca la incorporación formal de la enfermera del equipo asistencial como figura de referencia dentro del proceso. Además, el documento refuerza la importancia de la humanización del entorno asistencial e incorpora una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, encargadas de facilitar información a la ciudadanía, ofrecer soporte operativo a los profesionales y mejorar la coordinación con los servicios de salud.
El manual también unifica los criterios relativos a los tiempos del proceso asistencial. Una vez reconocido el derecho a la prestación, la persona solicitante podrá pedir un aplazamiento de hasta seis meses. Asimismo, incluye un apartado específico sobre la donación de órganos, adaptado a los protocolos vigentes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
Posición en contra al manual de eutanasia
El voto en contra al Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia lo ha dado la Comunidad de Madrid, argumentando problemas "jurídicos, clínicos y éticos". Así lo ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha aclarado que la región no está en contra de la Ley de Eutanasia, pero el manual "no incluye" pedidos de las sociedades científicas y los colegios profesionales.
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Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. |
Con esto se ha referido a problemas jurídicos porque "incorpora supuestos que no se incluyen en la ley"; clínicos, porque las sociedades científicas y los colegios profesionales pidieron "que se incluyeran herramientas objetivas de evaluación e interconsultas con Salud Mental en casos complejos cuando hay sufrimiento o ideas suicidas, que no se han tenido en cuenta; y éticos, porque "no solo vale con informar a las personas que optan a la prestación de eutanasia de que tienen recursos para paliar su sufrimiento". "Es nuestra obligación que se garantice que tengan un acceso al 100 por cien de ellos y este gobierno no lo permite porque no está dotando a las comunidades autónomas ni a los pacientes", ha enfatizado.
En declaraciones posteriores a la reunión del Consejo Interterritorial, Matute ha insistido en que la región está a favor de "hacer manuales", pero que estos se deben hacer "bien" y "sobre todo", deben estar "respaldados por la voz" de las sociedades científicas, los colegios profesionales y proteger la "libertad, la dignidad y la humanidad para con los pacientes".
Consultada al respecto por Redacción Médica, la ministra García ha desmentido la existencia de problemas jurídicos y ha recordado que la Ley de Eutanasia lleva cuatro años en funcionamiento. "Lo único que hace este Manual de Buenas Prácticas es aprender de la experiencia para garantizar de mejor manera que los ciudadanos y ciudadanas que quieran acogerse a la ley lo hagan con todas las seguridades jurídicas", ha enfatizado.
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