Auditorías e indicadores clínicos para no debilitar el SNS con la privada

El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes un informe sobre el impacto de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que, en esencia, pone de manifiesto el peso imperante de la sanidad pública en el funcionamiento del sistema, ya sea de forma directa, ya a través de diversos modelos de gestión en colaboración con el sector privado. "Si la mayor parte de la gente confía en la sanidad pública y la mayor parte del sistema se financia con recursos públicos, la conclusión es que necesitamos una ley que proteja lo público y lo gestione con criterios públicos, para que nadie sea capaz de anteponer criterios económicos a la salud", ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre otros aspectos, en el informe -el primero de esta índole que se elabora desde el ministerio- se concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un "recurso excepcional" a convertirse en una "práctica estructural", lo cual, según el ministerio, "implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general".

Para la titular del departamento, este documento ha de ser la "hoja de ruta" en pos del refuerzo de la sanidad pública a través de diversas recomendaciones como mejorar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos, exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos y, por último, promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.

"La solución" final, ha añadido la ministra, pasa por derogar la ley de 1997 que permite impulsar modelos de gestión indirecta de la sanidad pública y por aprobar la Ley de Gestión Pública del SNS. Es una de las grandes normativas "estrella" de la sanidad pública del ministerio de Mónica García. La intención es presentar el anteproyecto en el Consejo de Ministros a primeros de 2026.

Crece el de la gestión privada en la red pública

El número de hospitales privados integrados en el SNS ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 por ciento. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya suponen el 30,7 por ciento del total de hospitales del SNS.

Además, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 por ciento en 2011 al 17,8 por ciento en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8 por ciento al 10,7 por ciento. Este fenómeno se concentra especialmente en comunidades como Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial.

Según el documento, el único ámbito en el que la dotación y la actividad asistencial aumenta en los hospitales privados que no pertenecen al SNS es en lo relacionado con la realización de pruebas diagnósticas.

Uso de fondos públicos en centros sanitarios privados

En 2023, el 34,6 por ciento de las estancias hospitalarias y el 17,6 por ciento de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS fueron financiadas con fondos públicos. Asimismo, alrededor del 21 por ciento de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del SNS.

En el documento se subraya que este modelo de colaboración "no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud", y advierte sobre los "riesgos" que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.

Así se distribuye la cobertura de los diagnósticos más frecuentes

El informe también analiza en qué ámbito se abordan principalmente los casos de los diagnósticos más frecuentes registrados en el sistema sanitario. En 2023, a nivel del conjunto del sistema sanitario, entre el 70 y el 80 por ciento de los contactos que se registraron de los diagnósticos más prevalentes, como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales del SNS.

Al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del SNS es, en la mayoría de los casos, superior al 95 por ciento.

Sanidad identifica cinco riesgos estructurales

Entre los principales riesgos que el informe asocia a este modelo mixto destacan:

• Fragmentación de la red asistencial.
• Brechas salariales y de condiciones laborales del personal.
• Pérdida de capacidad pública de planificación.
• Riesgos de sobrecoste y escasa trazabilidad en facturación.
• Atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos.

Tendencia al alza de los seguros privados

El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. En 2024, el 32,6 por ciento de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2 por ciento en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4 por ciento), Ceuta (270,8 por ciento), Cantabria (247,8 por ciento) y la Comunidad Valenciana (234,8 por ciento).

A pesar de este incremento, los resultados muestran que hay una proporción mayor de personas que prefieren acudir a los servicios sanitarios públicos, especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la Atención Primaria (69,9 por ciento) o con una mayor complejidad o gravedad, como la atención urgente (72,6 por ciento) y los ingresos hospitalarios (76,1 por ciento). Estos datos se corresponden con un mayor porcentaje de personas que acudieron a centros sanitarios públicos frente a privados en el último año en el ámbito de la atención primaria (91,5 por ciento frente a 32 por ciento), los ingresos hospitalarios (75,9 por ciento frente a 28,6 por ciento) y la atención urgente (86,4 por ciento frente a 26 por ciento)

El documento identifica la pandemia de Covid-19 como un punto de inflexión en esta tendencia. A partir de 2020, se aceleró la contratación de pólizas privadas como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas.

"Este fenómeno, unido al crecimiento de la provisión privada dentro del SNS, configura un escenario en el que el sistema sanitario público comparte cada vez más funciones asistenciales y recursos con operadores privados. Ante esta realidad, el Ministerio de Sanidad subraya la necesidad de reforzar la planificación pública, garantizar la equidad territorial y asegurar que toda financiación pública —directa o indirecta— se destine exclusivamente al interés general y a los principios que rigen el SNS", según advierte Sanidad.

Tres pilares para reforzar la sanidad pública

En el informe se concluye que, aunque el sistema público sigue siendo "el principal garante del derecho a la salud", la tendencia actual "debilita los principios fundacionales del SNS". Por ello, desde el departamento dirigido por García se recomienda:

• Reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos.
• Exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos.
• Promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.