Los ecos de la manifestación convocada este sábado por
CSIF en Madrid para
exigir la continuidad de Muface llegaron a las altas esferas políticas, incluida la del
Ministerio de Sanidad. En medio del debate en torno a posibles cambios en el modelo, el secretario de Estado del ramo,
Javier Padilla, aseguró que puede "entender" que, en determinados círculos, se apueste por extender
Muface a toda la población, a pesar de que él no lo comparta "en absoluto". Eso sí, lo que el alto cargo del ministerio considera "imposible de justificar" es que sólo los funcionarios puedan tener acceso al modelo.
"Puedo entender que haya quien piense que el modelo Muface debería extenderse a toda la población (no lo comparto en absoluto, pero eso es otra cosa). Me parece imposible justificar que ha de ser un modelo sólo para
empleados públicos. O es tu modelo sanitario o no", escribió Padilla en su cuenta de X.
Hay que recordar, no obstante, que las competencias sobre Muface no recaen en el departamento ministerial sanitario, sino en el de Función Pública. Aun así, el equipo de
Mónica García ya publicó un informe en el que establecía una
hoja de ruta para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) acoja a los mutualistas en el caso de que la segunda licitación anunciada por el titular de Función Pública,
Óscar López, también quedara desierta, como la primera.
Hoja de ruta de nueve meses para incorporar a los mutualistas al SNS
En ese escenario, la
Ley de Contratos del Sector Público permite la prórroga del concierto actual durante los nueve primeros meses de 2025, un periodo a lo largo del cual, según Sanidad, el SNS "debería tener capacidad" para asumir la "incorporación paulatina estratificada" de los mutualistas, que irían pasando a la sanidad pública en orden de letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios.
El plan, eso sí, contempla algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, abre la puerta a trabajar ese proceso "singularizando su aplicación a nivel de comunidades autónomas" en base a diversos factores. Entre otras cosas, se indica que los pacientes inmersos en
procesos terapéuticos que precisen continuidad han de ser “los últimos en ser traspasados al
sistema sanitario público”.
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