Entre las medidas que baraja el Gobierno en materia de pensiones se encuentra el ‘destope’ progresivo de las
bases de cotización, que aumentarían en torno a un
35 por ciento durante las próximas dos décadas. El plan genera dudas no solo en el colectivo médico, que ya ha exteriorizado su desencanto dado el incremento menos significativo de las pensiones máximas, sino también entre voces autorizadas del ámbito de la Economía. Entre ellas, la de
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, que apunta a que la propuesta no solo es “cuestionable” por potenciar “un impuesto oculto y muy distorsionante”, sino que puede trastocar la equidad y la eficiencia del propio sistema.
Fue el propio
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, quien avanzó el pasado septiembre sus intenciones de
‘destopar’ la base máxima de las cotizaciones y las pensiones “de forma gradual y muy suave”. “Para que no haya un efecto significativo sobre el coste laboral de las empresas se puede hacer en 30 años”, destacó el dirigente socialista, que añadió que esta medida “tiene la virtualidad de que rellena los ingresos en las décadas de los 30 y los 40” pero, a largo plazo, es
“neutral” porque “recaudas antes y después pagas pensiones más grandes”. El ministro incidió en que la prestación media en España es “relativamente baja”, pues figura en torno a los
40.000 euros anuales. Además, ha señalado que el PIB que España destina a este fin (aproximadamente el 12 por ciento) es inferior a la media europea.
Desde el ámbito económico discuten esta visión optimista del Gobierno. “El ‘destope’ supondría una fuerte aunque gradual subida de los impuestos sobre los
costes salariales de los trabajadores en un determinado de rentas que verían sensiblemente aumentadas sus cotizaciones sociales
sin que eso se traduzca en una mayor pensión”, indica en un reciente informe el dirigente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En este sentido, subraya que, por mucho que los afectados tengan rentas elevadas, “concentrar el grueso del esfuerzo fiscal adicional sobre ellos no parece lo más equitativo”.
"Las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales (los que darían derecho a la prestación máxima) son, en la práctica, un
impuesto puro (una exacción monetaria sin contrapartida alguna) que tiene, además, una estructura
poco equitativa y muy distorsionante por aplicar tipos de gravamen muy elevados sobre una base limitada y arbitraria", destaca.
En este escenario, De la Fuente considera que convendría
“eliminar este peculiar impuesto de Seguridad Social” suprimiendo las cotizaciones por encima de tales umbrales “y reemplazarlo por algo mejor”.
"Concentrar el grueso del esfuerzo fiscal adicional sobre las rentas altas no parece lo más equitativo".
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A todo ello hay que añadir los posibles desincentivos generados por una medida que situaría los tipos marginales de gravamen efectivo (sobre los costes salariales totales) claramente por encima del 50 por ciento para salarios brutos de entre
45 y 70.000 euros (entre 60 y 95.000 euros en términos de coste empresa), un intervalo de rentas que corresponde a trabajadores altamente cualificados que juegan un papel importante para el crecimiento de la productividad. “Por eso convendría
buscar formas alternativas de complementar los ingresos del sistema de pensiones”, concluye De la Fuente.
Añade el economista que el ‘destope’ de las contribuciones tendría un impacto recaudatorio “muy modesto” que rondaría las dos décimas del punto del PIB por año una vez se complete. Y, por tanto, “contribuiría de forma muy limitada a la sostenibilidad del sistema”.
“La brecha entre pensiones y cotizaciones se amplía”
También los médicos son escépticos ante los planes del Ejecutivo. El coordinador del Centro de Estudios de la organización sindical,
Vicente Matas, ya avanzó a
Redacción Médica que si las cotizaciones y las pensiones suben de manera proporcional los facultativos terminarán perdiendo poder adquisitivo, pues la brecha entre lo que cotizan y lo que perciben como jubilación se ampliará. Según sus estimaciones, actualmente un facultativo paga entre 300 y 400 euros de más a la Seguridad Social cada mes debido al tope máximo. Pero
la horquilla “se va a alejar todavía más” si se aplica la fórmula del 30 por ciento. “
La pérdida será superior”, ha apostillado.
“Si los porcentajes que incrementan tanto las bases de cotización como la pensión máxima son idénticos, la diferencia entre lo que se reconoce que ha contribuido el médico y lo que finalmente recibirá de pensión se va a incrementar”, concluyó.
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