Tres vías legales para lograr un Estatuto Médico sin negociación sindical

Los sindicatos médicos escenificaron este jueves su unión en pos de un Estatuto específico para la profesión. CESM y SMA, por un lado, y Amyts, SME, Omega y Metges, por otro, aparcaron sus diferencias para aunar sus voces contra la reforma del Estatuto Marco pretendida por el Ministerio de Sanidad, que se ha negado en varias ocasiones a impulsar una norma concreta para los facultativos y que defiende la necesidad de contar con un código común para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como el Estatuto Marco vigente obligan al Gobierno a negociar con los sindicatos cualquier reforma legislativa que afecte a las condiciones laborales. En la práctica, es conditio sine qua non para llevar la propuesta al Consejo de Ministros. Otra cosa es que se logre alcanzar un acuerdo o no con una, con varias o con todas las organizaciones sindicales.

Pero la negativa del Ejecutivo al Estatuto médico no agota las opciones de promover desde cero una norma de ese calado. Su regulación implica, necesariamente, o aprobar una nueva ley o sellar una reforma legal de alcance estatal. Y en ambos casos, son las Cortes las que tendrían la última palabra. Más allá de las dificultades que entrañaría el debate parlamentario posterior, son tres las opciones legales ajenas a la voluntad del Gobierno que permiten afrontar una empresa de tal naturaleza, y al no partir de la iniciativa del Ejecutivo, no están sujetas a la negociación sindical.

La Iniciativa Legislativa Popular

Según el artículo 87.1 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, pero en los otros dos epígrafes del mismo artículo se añaden sendas vías alternativas al respecto. Una de ellas, establecida en el 87.3, es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Aunque la Carta Magna exige que una propuesta de esta índole cuente con el apoyo de, al menos, 500.000 firmas acreditadas, obliga a que el resto de requisitos queden regulados en una ley específica.

Esa ley orgánica está vigente desde 1984, si bien ha sido objeto de dos reformas, una en 2006 y otra en 2015. De acuerdo a su artículo primero, una ILP puede ser impulsada por “los ciudadanos españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en el Censo Electoral”. El primer paso para ello es presentar la propuesta ante la Mesa del Congreso.

Una vez admitida, se remite a la Junta Electoral Central para que garantice que no haya irregularidades en el proceso de recogida de firmas. Cabe la opción de recabarlas de forma electrónica. El plazo para obtener los apoyos es de nueve meses, aunque puede prorrogarse durante tres meses por causas de fuerza mayor.

Si se comprueba que el proceso ha sido legal, la Mesa autoriza la tramitación parlamentaria de la ILP, que “se efectuará conforme a lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras”. Según el artículo 127 del reglamento del Congreso, los pasos a seguir son los mismos que con cualquier otra proposición de ley.

No obstante, antes de que se debata en el pleno de la Cámara Baja su toma en consideración, un representante de la comisión promotora de la ILP tiene que comparecer en la Comisión correspondiente del Congreso. En el caso del Estatuto médico, sería la Comisión de Sanidad. En julio, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) anunció que promovería una propuesta de estas características.

Un Estatuto médico fruto una proposición de ley de partido

La segunda opción para impulsar una ley que regule de forma expresa las condiciones laborales de los médicos es que un grupo parlamentario del Congreso registre una proposición de ley. Ese es, por ejemplo, el proceso que se siguió para tramitar la Ley ELA. PP, Junts y PSOE registraron sendas proposiciones de ley, aunque acabaron pactando un texto único, que fue el que se aprobó en el Congreso en octubre de 2024, tras las modificaciones acordadas durante la negociación parlamentaria.

Por el momento, el único partido que se ha mostrado abiertamente a favor de un potencial Estatuto médico es Vox, aunque sin concretar oficialmente si estaría dispuesto a registrar una proposición de ley al respecto.

La opción autonómica para el Estatuto facultativo

La última vía para tratar de hacer realidad el Estatuto facultativo es que un parlamento autonómico pida al Gobierno debatir una norma específica. Es la tercera posibilidad que recoge la Constitución Española, cuyo artículo 87.2 reza: “Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa”.

Con la tramitación de las proposiciones de ley registradas por las comunidades autónomas ocurre lo mismo que con las ILP: una vez aceptadas por la Mesa, se sigue el mismo proceso que con el resto de proposiciones legislativas. Eso sí, en su artículo 127, el reglamento del Congreso especifica que, en el caso de las proposiciones autonómicas, la defensa en la Cámara Baja le corresponde a la delegación regional.

La última vez que el Congreso acogió el debate de una proposición de ley de origen autonómico fue a primeros de diciembre. La Cámara aprobó la toma en consideración de la propuesta del Parlamento de Cantabria para modificar el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El objetivo de la iniciativa es unificar los subgrupos profesionales A1 y A2 en un único grupo A, lo cual englobaría en la misma categoría a médicos, enfermeras y fisioterapeutas.

Las dificultades parlamentarias para llegar a acuerdos

Conviene aclarar, por tanto, que la aprobación y la entrada en vigor de un código laboral exclusivo para médicos no serían inmediatas en ninguno de estos escenarios posibles. Ni siquiera en el caso de que el Gobierno impulsara la norma motu proprio. Para muestra, un botón: el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en la mesa de diálogo llevan tres años negociando la reforma del Estatuto Marco.

Y esa es sólo la primera fase del proceso. Tras ello, se inaugurará la tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado. Y la compleja aritmética parlamentaria, con grandes dificultades para llegar a acuerdos entre los grupos políticos, no invita a pensar en horizontes cortoplacistas en términos de optimismo.