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Oftalmología reclama mención explícita a su diagnóstico en el Plan VEO
La asociación profesional considera que la cláusula modficada no satisface sus demandas en cuanto al acceso al programa
Alfredo Ferrer, cirujano oftalmólogo y vicepresidente de APOE.
26 may 2026. 16.55H
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POR XAVIER MAGRANER
El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva modificación del convenio del Plan VEO con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas con novedades como el refuerzo de los mecanismos para evitar duplicidades en las ayudas y una redefinición de algunos requisitos de acceso al programa destinado a menores de 16 años para la adquisición de gafas y lentillas. Un cambio que, según fuentes del departamento, respondería a las peticiones trasladadas por la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) para reforzar el criterio clínico a la hora de acreditar los problemas visuales que dan acceso a las ayudas.
Sin embargo, Alfredo Ferrer, cirujano oftalmólogo y vicepresidente de APOE, explica a Redacción Médica que dicha revisión "no recoge las modificaciones propuestas" por la entidad, o al menos, no en su totalidad. Si bien, la principal actualización del acuerdo corresponde a la cláusula relativa a los requisitos de acceso al programa -evitando la validación implícita del diagnóstico o de la ausencia de este, por parte de la familia, sin mediar un criterio médico profesional-, la petición de los oftalmólogos, admitida a trámite por la Audiencia Nacional a principios de marzo, trata de garantizar que cualquier paciente infantil en el que se sospeche un defecto refractivo o un problema visual sea "primeramente explorado y diagnosticado por un médico oftalmólogo, antes de que la gafa sea adquirida en el establecimiento óptico”.
Una variación sutil que, sin embargo, consideran necesaria para reforzar el papel de este perfil médico en la detección. En este sentido, desde APOE consideran que este nuevo texto sigue "sin garantizar de forma explícita la necesidad de una valoración previa por parte del oftalmólogo antes de acceder a la ayuda visual". Los especialistas insisten en que el debate también afecta al modelo asistencial y al papel clínico del médico oftalmólogo en el diagnóstico de los problemas visuales infantiles.
De hecho, Ferrer considera que esta postura “está en sintonía con el marco legal vigente”, que diferencia entre el acto médico -diagnóstico e indicación terapéutica-, competencia exclusiva del médico especialista, y la dispensación y venta de gafas o lentes de contacto, atribuida a los establecimientos de óptica. Diferenciación que ya ha dado lugar a más de una disputa entre ambos colectivos profesionales.
En este sentido, los oftalmólogos sostienen que la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias busca evitar dos situaciones: por un lado, “actos de intrusismo profesional con eventuales errores diagnósticos”, tanto falsos positivos como falsos negativos, y, por otro, posibles conflictos de interés derivados de que la misma persona indique y dispense la ayuda visual.
La cláusula, ahora reescrita,afecta a la declaración responsable que deben firmar los padres o tutores legales, asegurando el criterio médico profesional. El texto anterior también establecía que el menor no debía tener diagnosticada una patología causante del problema visual cuya corrección estuviera incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras que, ahora, señala únicamente que el beneficiario no puede estar recibiendo ya esa prestación financiada por el SNS.
Sin embargo, Alfredo Ferrer, cirujano oftalmólogo y vicepresidente de APOE, explica a Redacción Médica que dicha revisión "no recoge las modificaciones propuestas" por la entidad, o al menos, no en su totalidad. Si bien, la principal actualización del acuerdo corresponde a la cláusula relativa a los requisitos de acceso al programa -evitando la validación implícita del diagnóstico o de la ausencia de este, por parte de la familia, sin mediar un criterio médico profesional-, la petición de los oftalmólogos, admitida a trámite por la Audiencia Nacional a principios de marzo, trata de garantizar que cualquier paciente infantil en el que se sospeche un defecto refractivo o un problema visual sea "primeramente explorado y diagnosticado por un médico oftalmólogo, antes de que la gafa sea adquirida en el establecimiento óptico”.
Una variación sutil que, sin embargo, consideran necesaria para reforzar el papel de este perfil médico en la detección. En este sentido, desde APOE consideran que este nuevo texto sigue "sin garantizar de forma explícita la necesidad de una valoración previa por parte del oftalmólogo antes de acceder a la ayuda visual". Los especialistas insisten en que el debate también afecta al modelo asistencial y al papel clínico del médico oftalmólogo en el diagnóstico de los problemas visuales infantiles.
De hecho, Ferrer considera que esta postura “está en sintonía con el marco legal vigente”, que diferencia entre el acto médico -diagnóstico e indicación terapéutica-, competencia exclusiva del médico especialista, y la dispensación y venta de gafas o lentes de contacto, atribuida a los establecimientos de óptica. Diferenciación que ya ha dado lugar a más de una disputa entre ambos colectivos profesionales.
"Intrusismo profesional"
En este sentido, los oftalmólogos sostienen que la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias busca evitar dos situaciones: por un lado, “actos de intrusismo profesional con eventuales errores diagnósticos”, tanto falsos positivos como falsos negativos, y, por otro, posibles conflictos de interés derivados de que la misma persona indique y dispense la ayuda visual.
La cláusula, ahora reescrita,afecta a la declaración responsable que deben firmar los padres o tutores legales, asegurando el criterio médico profesional. El texto anterior también establecía que el menor no debía tener diagnosticada una patología causante del problema visual cuya corrección estuviera incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras que, ahora, señala únicamente que el beneficiario no puede estar recibiendo ya esa prestación financiada por el SNS.
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