Cobrar el 100 por 100 de la pensión cuando se hayan cotizado como mínimo 38 años en caso de prejubilación. Esta es una de las enmiendas presentadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a los grupos parlamentarios frente a la nueva reforma de pensiones que plantea el Gobierno, en la que se fijan coeficientes reductores más altos para los que decidan 'colgar la bata' dos años antes.
El organismo pide así
eliminar las penalizaciones que establece la norma planteada por el Ministerio de Seguridad Social para aquellos médicos que quieran
jubilarse con dos años de antelación y que, según sus cálculos, supondría una
pérdida adquisitiva aproximada de 8.000 euros, es decir, 568 euros mensuales en 14 pagas. En caso de no llegar al límite de cotización, el sindicato propone descontar un 3 por ciento por cada año que reste hasta los 38.
A partir de los
40 años cotizados, el acceso debe ser total en caso de jubilación voluntaria, con compensaciones en la pensión para aquellas personas que, pudiéndose jubilar de manera voluntaria con el
100 por cien de la pensión, decidan prorrogar su vida laboral.
Csif insiste igualmente en su petición de permitir al colectivo
jubilarse a los 60 con 30 años cotizados, dado el aumento en los coeficientes reductores que propone la nueva ley para aquellos que tengan 35 años y menos de 38 años y 6 meses cotizados. En estos casos, el retiro anticipado 2 años antes traerá aparejado un aumento del 16 al 21 por ciento en dichas penalizaciones, pasando a percibir una media de 2.138,91 euros mensuales. Esto, al año, supondría un recorte de
7.959,28 euros, detalla el sindicato.
Para aquellos que hayan cotizado entre
38 y 41 años, algo inusual en una profesión como la médica, la pérdida estimada rondaría los 7.202,02 euros, reduciéndose hasta 5.207 euros en el caso de los facultativos que alcanzaran los 44 años de carrera.
5% de compensación por jubilación prorrogada
Es por ello que la formación manifiesta su rechazo al proyecto de reforma de las pensiones al entender que supone "un nuevo recorte a los derechos de las personas trabajadoras a acceder a la jubilación voluntaria, a partir de los 35 años de cotización" y
penaliza "a las personas trabajadoras que han cotizado muchos años y al final de su carrera tienen un sueldo elevado". CSIF entiende que "no hay derecho que después de una trayectoria profesional larga y una base de cotización alta se puede penalizar a un trabajador por el hecho de querer adelantar en dos años su retiro".
Pide por tanto, equiparar la cuantía de las pensiones de clases pasivas, ajustada por los reguladores que se publican anualmente en los Presupuestos General del Estado, a las del Régimen General donde se
computan los últimos 25 años y no toda la vida laboral del trabajador. Esto supone , srgún Csif, "una doble penalización": por un lado, no se cotiza sobre el conjunto de retribuciones que se perciben sino por la regulación anual de los Presupuestos y por otro, al computarse toda la vida laboral se perjudica las carreras profesionales que culminan en una categoría superior.
Esta circunstancia puede suponer una merma en la pensión de entre el 15 y el 35 por ciento, en función del grupo profesional, en relación con la cuantía que se percibe en el Régimen General. En este sentido, el sindicato propone a los grupos parlamentarios establecer un incentivo de un 5 por ciento anual acumulable para clases pasivas que decidan voluntariamente prorrogar su vida laboral más allá de la jubilación voluntaria cuando se percibe el 100 por ciento de los haberes.
Según la memoria económica que apoya la propuesta de CSIF, si el 50 por ciento de las jubilaciones voluntarias efectuadas en 2020 hubiesen prorrogado su vida laboral, supondría un ahorro económico de 50 millones de euros para la hucha de las pensiones.
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