El pasado mes de marzo, la Junta de Andalucía aprobó
un paquete de medidas para la prevención y atención frente a las
agresiones a personal sanitario. Con este gesto advenedizo, el Gobierno presidido por
Juanma Moreno buscaba ofrecer a los profesionales el respaldo de la
Junta de Andalucía frente a esta problemática.
En este sentido, para el presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga),
Juan José Sánchez Luque, considera necesario ir un paso más y reclama que, en los casos de agresiones graves y/o reiterados,
los profesionales sanitarios puedan solicitar una orden de alejamiento del paciente a su centro de salud u hospital de referencia sin la necesidad de recurrir a la vía penal mediante una demanda previa. De este modo,
el usuario atacante pierde su derecho a la libre elección -en el caso de residir en una comunidad que lo contemple-.
La idea es dotar a los profesionales de
herramientas punitivas contra este tipo de usuarios de forma más ágil y efectiva que acudiendo a juicio. “Nosotros esto lo apoyariamos -poder presentar orden de alejamiento sin condena judicial- porque
estamos llegando a un momento en donde lo único que vemos es que aumentan las agresiones porque parece ser que hay una mayor concienciación profesional para denunciar”, declara a
Redacción Médica.
Una medida que "fastidia mucho"
Sin embargo,
¿trasladar a un paciente agresivo no es pasar la patata caliente de un centro a otro? Sobre esta cuestión, Luque considera que esta es una medida que
“evidentemente fastidia mucho” al usuario porque “lo quiere es tener la puerta de la casa”. Además, en su destino, explica,
no sería recibido por ningún personal sanitario, sino por un inspector, algo que tampoco le parece “una barbaridad”.
De hecho, insiste en la idea de la figura de un inspector que no sea empleado sanitario. “Cuando hablo con médicos, me preguntan: ¿qué vamos a hacer? Si al final
el paciente te pega tres gritos y al cuarto tienes que coger y darle lo que te está pidiendo porque no te encuentras respaldado. Es que te encuentras que a lo mejor le cambian de médico a ese paciente y lo ponen con otro y con el otro
ocurre exactamente igual”, apunta. Por eso, insiste, es necesario que entre en la ecuación de la solución esta figura.
Asimismo, el presidente del Commálaga apunta que la posibilidad de dictar órdenes de alejamiento más ágilmente “no entraña excesivas dificultades", teniendo claro, eso sí, “que lo que es
la atención sanitaria debe quedar salvaguardada”. “Trasladar la Atención Primaria, inclusive a nivel hospitalario, hacia zonas más alejadas, evidentemente,
el agresor lo va a vivir como una sanción”, afirma.
Ley autonómica contra las agresiones
En otro orden de cosas, hace unos días el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS),
Miguel Moreno Verdugo, propuso la creación de una l
ey autonómica contra las agresiones, una medida pionera en España. Sánchez reconoce que desde la Administración están “muy preocupados” por este tema.
No obstante, lamenta que “
las leyes tardan años, y yo creo que establecer lo que estamos planteando, por ejemplo un decreto que pueda derivar en futura ley, pueda estar bien. Se puede tirar dos años y
nosotros planteamos medidas concretas, donde haya más caras que leyes frente al usuario”.
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