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Los médicos pagarán más a Hacienda en 2026 sin sumar un euro a la pensión
Los facultativos abonan desde este año un recargo progresivo de hasta el 1,46% por sus guardias
Médicos observando sus nóminas. Imagen generada con Google Gemini.
08 jun 2026. 15.00H
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POR JESÚS ARROYO
Los médicos abonan desde este 2026 un recargo progresivo de hasta el 1,46% por sus guardias que jamás repercutirá en su pensión. Así lo subraya un informe elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (SIMEG), donde documenta cómo la nueva "cuota de solidaridad" merma las nóminas de los facultativos al superar la base máxima de cotización. El sistema exige este pago obligatorio por la atención continuada, pero bloquea cualquier derecho a futuro o mejora en la jubilación ordinaria del profesional.
La normativa laboral estructura este gravamen solidario en tres tramos ascendentes que recortan de forma directa la retribución neta del médico. Las nóminas que superen la base máxima hasta un 10% asumen un tipo del 1,15%. Cuando el exceso se sitúa entre el 10% y el 50%, la cuota sube al 1,25%, mientras que los ingresos que rebasen ese margen soportan el máximo del 1,46%. Matas recuerda que este esfuerzo clínico ya sufre fuertes retenciones de IRPF que oscilan entre el 37% y el 45% dependiendo de la comunidad autónoma.
Esta cotización extra agudiza la disparidad entre los fondos que el profesional aporta a la Seguridad Social durante su carrera y el retorno real que percibe al jubilarse. El análisis certifica que el tope legal de las pensiones en España limita el cobro a 47.034,40 euros brutos anuales. Al contrastar este techo con las bases reales de los médicos, la diferencia supera los 14.180 euros al año. Esta dinámica matemática provoca que el especialista pierda más del 35% de su sueldo en activo al pasar a la condición de pensionista, un porcentaje que supera el 50% para aquellos facultativos que realizan guardias.
El documento del SIMEG cierra la radiografía evidenciando que el tiempo invertido en las guardias financia las arcas del Estado a través de cuotas de solidaridad, pero no computa como tiempo trabajado a efectos de la pensión pública del facultativo.
El informe sobre la jubilación elaborado por Vicente Matas detalla cómo afecta este mecanismo gubernamental a las nóminas del sector sanitario. Para el año 2026, el límite máximo de cotización en el régimen general se sitúa en 5.101,20 euros mensuales. La inmensa mayoría de los especialistas sobrepasa esta cantidad de manera rutinaria debido a las guardias. A partir de ese umbral de ingresos, el sistema impone una retención adicional dividida entre el empleador y el empleado, lo que en la práctica supone pagar más para no generar ningún derecho, sentencia el autor del estudio.
Escala impositiva
La normativa laboral estructura este gravamen solidario en tres tramos ascendentes que recortan de forma directa la retribución neta del médico. Las nóminas que superen la base máxima hasta un 10% asumen un tipo del 1,15%. Cuando el exceso se sitúa entre el 10% y el 50%, la cuota sube al 1,25%, mientras que los ingresos que rebasen ese margen soportan el máximo del 1,46%. Matas recuerda que este esfuerzo clínico ya sufre fuertes retenciones de IRPF que oscilan entre el 37% y el 45% dependiendo de la comunidad autónoma.
Brecha económica
Esta cotización extra agudiza la disparidad entre los fondos que el profesional aporta a la Seguridad Social durante su carrera y el retorno real que percibe al jubilarse. El análisis certifica que el tope legal de las pensiones en España limita el cobro a 47.034,40 euros brutos anuales. Al contrastar este techo con las bases reales de los médicos, la diferencia supera los 14.180 euros al año. Esta dinámica matemática provoca que el especialista pierda más del 35% de su sueldo en activo al pasar a la condición de pensionista, un porcentaje que supera el 50% para aquellos facultativos que realizan guardias.
El documento del SIMEG cierra la radiografía evidenciando que el tiempo invertido en las guardias financia las arcas del Estado a través de cuotas de solidaridad, pero no computa como tiempo trabajado a efectos de la pensión pública del facultativo.
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