Los médicos avanzan para que insultarles se considere accidente laboral

Los insultos y las amenazas se han convertido en la tónica del día a día en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, se notifica una agresión física a facultativos por cada 5,6 sin lesiones a nivel corporal. Su elevado volumen ha hecho que el Colegio de Médicos de Sevilla (Ricoms) demande que este tipo de incidentes sean considerados accidentes laborales, con el objetivo de equipararlos a los casos que resultan en heridas y magulladuras en el profesional sanitario. 

Una propuesta que podría elevarse a nivel nacional, después de que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) haya decidido analizarla. Fuentes del organismo han indicado a Redacción Médica que el Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos y Médicas -dependiente de la entidad colegial- tratará este asunto en próximas reuniones. Además, pretende trasladar la iniciativa del Ricoms a organizaciones europeas del ámbito sanitario para conocer su valoración. 

En la actualidad, la legislación española señala que un accidente de trabajo es "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". De esta forma, la Ley General de la Seguridad Social solo incluye en esta definición aquellas agresiones que impliquen una lesión corporal, aunque también a las enfermedades que puedan surgir en los trabajadores tras la acción de "agentes patológicos internos o externos". En este último supuesto se podría incluir un incidente de tipo verbal, pero dependerá de la valoración del caso por el juez. 

Reconocimiento de la violencia psicológica por insultos

El Ricoms ha elaborado dicha propuesta con motivo de la relación existente entre la violencia verbal y la incidencia de esta en la salud mental de los facultativos. "Cualquier agresión verbal durante la atención médica causa un daño psicológico y afecta al ejercicio de la profesión", han indicado desde el organismo colegial sevillano. De esta forma, la entidad ha reclamado a nivel autonómico que se modifique el Plan de Agresiones del Sistema Andaluz de Salud (SAS) para lograr el reconocimiento de insultos y amenazas, a la vez que hace un llamamiento a la Consejería de Salud para escuchar "esta histórica reivindicación y reconozca que las agresiones verbales son accidentes laborales cuando provocan daños y secuelas".

Asimismo, la organización que representa a los facultativos de la provincia de Sevilla ha puntualizado que las bajas resultantes de agresiones verbales no se encuentran al mismo nivel en términos administrativos que aquellas derivadas de casos físicos. Y es que al no ser reconocidas como accidentes de trabajo, cualquier médico que solicite la baja por insultos recibirá una por 'contingencias comunes' y no por 'contingencias profesionales'.

Esto lleva a un detrimento económico, ya que en las definidas como comunes el sanitario cobra el 75 por ciento de la base reguladora desde la primer jornada en la que no acude a su puesto, mientras que en las de tipo laboral empieza a ingresar este porcentaje a partir del día 21. Antes de llegar a este punto, el empleado percibe el 60 por ciento de la base reguladora entre el cuatro y vigésimo día y entre el inicio de la baja y el tercero no obtiene ninguna remuneración. 

Las médicas son las principales víctimas de las agresiones verbales

El último informe del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos y Médicas reveló que el 51 por ciento de los casos de violencia van acompañados de insultos y amenazas, lo que se traduce en 392 de los 769 notificados a los colegios profesionales en 2023. Las principales receptoras fueron las mujeres de la profesión facultativa, al ser víctima en el 65 por ciento de los incidentes. Por unidades, la mayoría se producen en Atención Primaria, frente a hospitales y servicios de Urgencias.

No obstante, las cifras podrían ser mayores, ya que las víctimas no siempre denuncian los insultos y amenazas que reciben durante su jornada laboral. Por ello, el Cgcom incide en que las víctimas recurran a las autoridades judiciales ante cualquier suceso violento en el que se vean envueltos, dadas las secuelas psicológicas que generan. "Estos incidentes causan ansiedad y desamparo en los profesionales, además de crear un ambiente de trabajo inseguro", han apuntado desde el Ricoms.