España se convirtió el pasado jueves en el sexto país del mundo que aprueba una
ley para regular la eutanasia. El debate, sin embargo, no se limitará al ámbito parlamentario. Vox ha ratificado que llevará la norma al Tribunal Constitucional, y distintas ramas del sector sanitario han manifestado también sus dudas en torno a su aplicación. Sobre todo, en lo que respecta a la creación de un
registro de objetores de conciencia.
La medida viene recogida en el capítulo IV de la ley, que establece que los profesionales pueden ejercer su “derecho individual” a “no “no atender aquellas demandas de actuación sanitaria que resultan incompatibles con sus propias convicciones”. “El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización,
la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”, añade el texto.
Se trata de un aspecto que inquieta tanto al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) como a la Organización Médica Colegial (OMC). En declaraciones a
Redacción Médica,
Tomás Cobo, presidente de esta última entidad, desliza que dicho registro puede poner en cuestión la seguridad de los profesionales médicos de España, pues “atenta contra la Ley de Protección de Datos y contra el principio esencial que determina que la objeción
no es indefinida ni absoluta”.
“Es decir, que cada caso y cada paciente responden a unas circunstancias únicas y particulares que tendrán que ser valoradas de manera oficial”, reivindica Cobo, quien también reconoce cierto recelo en torno a quiénes formarán parte de la
Comisión de Garantía y Evaluación, así como qué personas decidirán su nombramiento.
No trasciende del Cgcof un mensaje tan contundente, aunque también en la organización que preside Jesús Aguilar abordan con cautela la nueva ley. Fuentes del Consejo afirman que están analizando el texto “para
conocer cómo puede afectar al ejercicio de la profesión farmacéutica”, especialmente en lo relacionado con esa regulación de la objeción de conciencia.
"Respeto" a la ley pese a la falta de consenso
Tanto el Cgcof como la OMC ponen de relieve su “respeto” hacia la voluntad del Congreso de los Diputados:
“Tenemos que cumplir la ley”, insiste Cobo, que matiza que “la eutanasia no es un acto médico”. Por su parte, desde el Consejo de Farmacéuticos subrayan que
“hubiese sido deseable un mayor consenso” a nivel político de una norma tal “importante y trascendente” como es la de la eutanasia.
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