La fiscalización de la formación médica, un paso más cerca de materializarse. Desde la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) se ha mostrado su apoyo al proyecto del
Ministerio de Hacienda de declarar imputables los recursos destinados desde la industria y las sociedades científicas a la formación de profesionales sanitarios. Sin embargo, aún hay detalles que buscarán perfilarse para garantizar que la iniciativa tenga el mejor resultado.
Fuentes de la junta directiva de Facme han asegurado que han solicitado una reunión al
Ministerio de Sanidad para valorar el proceso de fiscalización de la formación médica y acercar posturas. El encuentro, sin embargo, está en pausa a la espera de confirmar que el actual
secretario general del ministerio, Javier Castrodeza, seguirá en su cargo o, por el contario, conocer quién será su sucesor para sentarse a negociar. Aunque la petición ya está realizada, dudan que la reunión se lleve a cabo en 2016.
El encuentro con Sanidad es el primer paso con Facme. “Con las conclusiones que sean recogidas en la reunión podremos contar con un panorama más claro del proyecto y de la postura del Ministerio, por lo que tendríamos más información e instrumentos para ir a sentarnos con el
Ministerio de Hacienda”, afirman fuentes de la Federación. En este sentido, adelantan que no han enviado la petición de encuentro,
considerando que dicho orden será fundamental para la elaboración de un plan adecuado.
Aunque está a la defensa de la transparencia, desde Facme también se piden que hayan medidas que faciliten el acceso a los profesionales sanitarios a la formación continuada y, por ende, que
la fiscalización no represente una traba para la adopción constante de nuevas competencias.
Posturas fundamentales
Desde la Federación destacan su apoyo a la transparencia de la industria a publicar los pagos al sector, pero creen que es necesario
separar de manera clara ante la sociedad qué se destina a investigación, qué a promoción y qué a formación. Asimismo, consideran que la invitación directa de la industria a los médicos para asistir a congresos y reuniones científicas, catalogada como formación continuada, debería desvincularse gradualmente de la industria y transferirla a las sociedades para dar mayor grado de independencia, tanto al médico como al tipo de formación.
Carballo, apunta que uno de los principales retos será “transmitir a la administración pública la sensibilidad de estos procesos, siendo necesario una buena definición de cuáles actividades deberán tener una notificación fiscal obligatoria y cuáles no”. Consciente de la importancia de contar con todas las voces participantes, la Federación ha escuchado a los representantes de todas sus sociedades miembros, así como de la
Organización Médica Colegial (OMC), Farmaindustria y Fenin.
“La formación continua de los profesionales sanitarios no se realiza por capricho o con finalidad lucrativa, sino que es una de sus obligaciones establecidas por la ley. De esto depende que se mantenga activo y conozca las últimas novedades que permitan ofrecer un tratamiento moderno e idóneo a los pacientes”, ha precisado
Fernando Carballo, presidente entrante de Facme. En esta línea, ha recordado que una presión fiscal podría “ser una fuente de desmotivación durante los procesos de formación, lo que perjudicaría a la sociedad”.
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La decisión definitiva de las autoridades fiscales tendrá que esperar a 2017, aunque ya hay hoja de ruta para la fiscalización de la formación sanitaria
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Sin noticias de la Agencia Tributaria
Con todo, las
autoridades fiscales, a pesar de haber dado a conocer sus intenciones, siguen sin mover ficha de manera oficial. Fuentes del
Ministerio de Hacienda indican que la
Agencia Tributaria no ha tomado todavía una decisión al respecto de la fiscalización de las transferencias de valor de las compañías farmacéuticas a los profesionales sanitarios para su formación. A pesar de que ya se han oficializado los cambios y el departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene nueva cúpula,
la decisión definitiva respecto a esta cuestión tendrá que esperar a 2017.
Con todo, la Agencia ya tiene preparada la
hora de ruta que conllevaría la fiscalización de la formación continuada de los profesionales sanitarios. Tal y como ya ha contado Redacción Médica, se llevará a cabo un análisis "
caso por caso. Hay mucha casuística y no vemos otra fórmula para hacerlo”, indican fuentes fiscales, al tiempo que precisan que este análisis individualizado será necesario debido a las
diferentes y variadas naturalezas que pueden tener las transferencias de valor en materia de formación médica, como pueden ser, por ejemplo, la inscripción a un congreso, un billete de avión o los gastos asociados a un viaje (como los desayunos, los almuerzos y las cenas).
Así mismo, precisan que los profesionales
podrían tener que tributar por las transferencias registradas desde 2012.
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