El registro de sanitarios objetores al aborto 'copia' al de la eutanasia

El Ministerio de Igualdad quiere que cada hospital público de España cuente con médicos que practiquen abortos, tal y como adelantó Redacción Médica el pasado verano. Pero, ¿cuántos médicos no objetores son necesarios en cada hospital para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo? , ¿se tendrán en cuenta variantes como densidad de población o número de profesionales? 

Ante estas preguntas, desde el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, recuerdan a este medio que el objetivo de la reforma de la Ley del Aborto, "es que en cada hospital haya profesionales sanitarios que no objeten, para que así ambos derechos (el de las mujeres a abortar y el de los sanitarios a objetar) se vean garantizados". Además, anuncian que la creación de un registro de profesionales objetores "será en los términos que se plantean en la Ley de Eutanasia"

Respecto a la organización concreta en la que desembocará la nueva normativa, desde el organismo explican que "el proceso se está gestionando y aún no hay una propuesta definitiva". En todo caso, añaden, "la organización de turnos corresponderá a los centros sanitarios, que tendrán que tener en cuenta lo mencionado, que todos los derechos se vean garantizados".

Asimismo, desde el organismo explican que serán las comunidades autónomas las que deberán dotar a estas unidades "del personal suficiente, que pueda garantizar todas las prestaciones sanitarias de la cartera del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre las que se incluye la IVE (interrupción voluntaria del embarazo)".

"La organización de turnos corresponderá a los centros sanitarios"

En este sentido, desde el Instituto de las Mujeres concretan que la creación de un registro de profesionales objetores"está orientada a facilitar que las autoridades sanitarias competentes, que son las comunidades autónomas, puedan tener toda la información necesaria para organizar las unidades de Ginecología y Obstetricia de los hospitales".

Médicos abortistas en cada hospital español

"Lo que nosotras creemos es que la objeción de conciencia no puede convertirse en desobediencia civil en bloque, sino que debe ejercerse de manera individual por cada profesional sanitario, al tratarse de un derecho personal", explicaba en agosto el Ministerio liderado por Irene Montero a Redacción Médica. 

Desde el Ministerio que dirige Irene Montero hacen hincapié en que "lo importante es que la regulación sea garantista para aquellos profesionales que quieran acogerse a su derecho y, a la vez, que esto no suponga una merma en los derechos de las mujeres a una salud sexual y reproductiva plena que incluye el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". "En cada hospital tiene que haber profesionales sanitarios que no objeten, para que así ambos derechos se vean garantizados", aluden.

Desde el organismo subrayan que "el Gobierno está comprometido con el blindaje del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo desde el Sistema Nacional de Salud, es decir, ofreciendo desde ahí las mejores garantías para la salud y la privacidad de las mujeres que quieren ejercer este derecho". Para ello, señalan que "en el aborto, los métodos farmacológico y quirúrgico deben convivir por necesidad a la luz de estos criterios".

"Uno de los grandes obstáculos en el acceso a este derecho es la imposibilidad de muchas mujeres en algunos lugares de nuestro país de abortar en hospitales públicos. Esto es inadmisible y esta reforma persigue eliminar ese obstáculo de una vez por todas", sentencian. 

La objeción de conciencia en abortos, un derecho individual

Por su parte, el pasado mes de julio, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) respondió a la reforma propuesta por el Ministerio de Igualdad manifiestando que "dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta y que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo cuenten con el apoyo apropiado".

No obstante, y coincidiendo en este punto con las explicaciones de Igualdad a este medio, los médicos destacaban que "la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias".